El Gobierno nacional decidió apelar el fallo del juez federal Martín Cormick que ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata con la ley de financiamiento universitario.
La decisión ya está tomada y la Procuración del Tesoro trabaja en la estrategia judicial que presentará en los próximos días. Según fuentes oficiales citadas por Noticias Argentinas y Infobae, además del recurso se analizan otras alternativas legales vinculadas con el impacto presupuestario de la medida.
Desde el Ejecutivo sostienen que el Congreso debe determinar de dónde surgirán los recursos necesarios para afrontar las erogaciones previstas por la ley. En otras palabras, el Gobierno sostiene que el Congreso debe definir las fuentes de financiamiento para afrontar esas erogaciones.
La resolución de Cormick hizo lugar a los amparos colectivos promovidos por el Consejo Interuniversitario Nacional y otros actores del sistema universitario. El magistrado declaró inconstitucional una parte del Decreto 759/2025 y ordenó al Ejecutivo el cumplimiento inmediato de la legislación mediante el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias correspondientes.
Ese decreto había promulgado formalmente la ley, pero condicionó su aplicación a que el Congreso identificara las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas necesarias al Presupuesto nacional. Para el juez, esa disposición no superaba un test mínimo de razonabilidad y cuestionó que permitiera suspender la aplicación de una norma sobre la cual el Congreso había insistido con las mayorías requeridas después del veto presidencial.
La legislación contempla partidas para el funcionamiento de las universidades nacionales y la recomposición salarial de docentes y no docentes, además de recursos para becas, investigación y hospitales universitarios. De acuerdo con una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, su impacto fiscal equivale al 0,23% del Producto Bruto Interno.
Mientras avanza la estrategia para recurrir la sentencia, el Gobierno también analiza cómo afrontar los fondos previstos por la normativa en caso de que quede firme la obligación de aplicarla.
Por su parte, sectores universitarios y gremiales celebraron la resolución judicial y ratificaron la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo 15 de octubre. La convocatoria se mantiene mientras el Gobierno prepara el recurso.
La apelación no es un trámite menor: el Ejecutivo busca frenar, al menos por ahora, una orden judicial que lo obliga a dictar normas reglamentarias y ejecutorias para poner en marcha la ley. En el fondo, la pelea es por el cumplimiento de la ley y por las fuentes de financiamiento que debe identificar el Congreso.
Con información de: Rosario3, Noticias Argentinas e Infobae.
Comentarios (9)
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Bien el fallo, pero ahora a ver si el Gobierno no la pasa por arriba. Se nota la falta de becas y salarios.
El 0,23% del PBI parece poco, pero en pesos es una cifra enorme. Ojalá se discuta en el Congreso con números claros.
Siempre igual: el Gobierno promulga y después pone condiciones. La universidad no puede ser rehén del presupuesto.
Exacto, y el fallo de Cormick ya le dijo que no puede suspender la ley así nomás. A ver qué hace ahora.
La marcha del 15 de octubre va a ser clave. Si no hay cumplimiento, la calle va a seguir presionando.
Ojalá no termine en foto. En las universidades hace falta inversión real, no solo anuncios.
Me preocupa que el Ejecutivo busque alternativas legales para no pagar. La educación no puede quedar en pausa.
También hay que ver de dónde sale el dinero. El Congreso tiene que definir fuentes, no solo mandar a gastar.
Y el Congreso también tiene responsabilidad. Si no pone partidas, la ley no vuela sola.