El Senado de Santa Fe dio este jueves un paso concreto frente a lo que se viene: aprobó en media sanción el proyecto del Poder Ejecutivo provincial para declarar la emergencia-hidrica-provincial-por-e.html" class="auto-link">emergencia hídrica en toda la provincia, con vigencia hasta abril de 2027 y posibilidad de prorrogarse por seis meses más si el fenómeno de El Niño sigue haciendo de las suyas.
La iniciativa, que ahora deberá cruzar la Cámara de Diputados para convertirse en ley, no es un gesto simbólico ni una declaración de buenas intenciones. Es, en términos concretos, lo que los técnicos llaman un "paraguas jurídico": una herramienta que le permite al Estado provincial moverse con velocidad y sin la burocracia habitual cuando el agua empieza a ganar terreno.
¿Qué significa eso en la práctica? Que la Provincia podrá hacer compras de emergencia con procedimientos especiales y acotados, sin los tiempos que normalmente demanda una licitación pública. Que podrá afectar terrenos y sectores específicos para responder a las crecidas. Y que los organismos bajo su órbita quedan habilitados para proyectar, contratar y ejecutar obras hidráulicas de forma directa: desde movimiento de suelos y terraplenes hasta limpieza de canales, apertura de rutas, endicamientos y clausura de caminos rurales.
El artículo 2 del proyecto es claro al respecto: "Facúltase al Poder Ejecutivo a adoptar las medidas que estime convenientes para disponer la prevención y la atención inmediata habitacional, alimentaria, de vestido y sanitaria de las personas afectadas". No es letra chica: es el corazón de la norma, pensada para que cuando llegue la emergencia real, el Estado no quede paralizado esperando autorizaciones.
El contexto no es menor. Santa Fe tiene una historia larga y dolorosa con las inundaciones. La memoria colectiva de la provincia guarda las imágenes de 2003, cuando el desborde del Salado dejó más de 130.000 evacuados solo en la capital. Desde entonces, cada temporada de lluvias intensas reactiva la misma pregunta: ¿estamos preparados? La respuesta, históricamente, ha sido incómoda.
El fenómeno de El Niño —que implica un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico con impacto directo en las precipitaciones del Litoral argentino— viene siendo monitoreado con preocupación por los organismos meteorológicos. Las proyecciones para los próximos meses anticipan lluvias por encima de lo normal en toda la región, lo que eleva el riesgo de crecidas en los ríos Paraná, Salado y Carcarañá, los tres grandes vectores de inundación en territorio santafesino.
La declaración de emergencia también habilita al Gobierno a asistir a personas evacuadas con mayor agilidad: alimentos, ropa, refugio. Son las necesidades más básicas, las que no pueden esperar a que un expediente recorra los pasillos de la administración pública.
Ahora la pelota está en Diputados. Si la Cámara baja acompaña —y no hay señales de que vaya a haber resistencia significativa—, la ley entrará en vigencia en los próximos días. El tiempo no sobra: el verano austral, con sus tormentas y sus ríos cargados, no avisa con mucha anticipación.
Lo que queda claro es que el Ejecutivo de Maximiliano Pullaro eligió moverse antes de que el agua llegue al cuello. Si esa previsión alcanza para proteger a los santafesinos que viven en zonas vulnerables, lo dirá la realidad. Por ahora, el Senado hizo su parte.
Con información de: La Capital, Rosario3.
Comentarios (13)
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Ojalá no sea solo papel. En 2003 también había planes y protocolos y terminamos con medio Santa Fe bajo el agua. Que se note en los hechos, no en los discursos.
Al menos se mueven antes y no cuando ya hay gente arriba de los techos. Algo es algo.
Sí, pero 'moverse antes' en política muchas veces significa aprobar una ley y después no hacer nada. Esperemos que esta vez sea diferente.
Lo que me preocupa es la parte de 'afectar terrenos'. Eso puede usarse para cualquier cosa. Hay que leer bien la letra chica antes de aplaudir.
Rodrigo tiene razón, eso de 'afectar terrenos' suena vago. Quiero saber qué garantías tienen los propietarios de zonas rurales.
Como profesional del área hidráulica les digo que este tipo de herramientas legales son fundamentales. El problema histórico no es la voluntad política sino los tiempos administrativos. Si con esto pueden comprar una bomba en 48 horas en vez de 6 meses, ya vale la pena.
Pullaro haciendo las cosas bien por una vez. No soy de su partido pero esto hay que reconocerlo.
Y mientras tanto los canales de mi pueblo llevan años sin limpiarse. Que la emergencia sirva para eso también, no solo para las ciudades grandes.
Siempre lo mismo: aprueban la ley cuando ya se viene el temporal. ¿Por qué no lo hicieron en marzo cuando todos los pronósticos ya hablaban de El Niño fuerte?
Porque los fenómenos climáticos se confirman con el tiempo, no se pueden declarar emergencias sobre proyecciones. Hay un proceso técnico y legal que seguir.
Mi familia vive en zona de riesgo en Reconquista. Esto nos da un poco más de tranquilidad, aunque sea. Que Dios quiera que no haga falta usarlo.
Che, ¿y Diputados cuándo lo trata? Porque si se demoran dos meses ya estamos en temporada de lluvias.
Buen punto. La media sanción es el primer paso pero si Diputados se duerme no sirve de nada. Que se apuren.