La Justicia no le dio respiro al exfiscal Mariano Ríos Artacho: seguirá en prisión preventiva como supuesto jefe de una organización que desviaba fondos judiciales.
La medida fue avalada por la camarista penal Carolina Hernández, tras la apelación presentada por el exfuncionario y cuatro acusados como colaboradores. Las restricciones cautelares pesan sobre ellos desde septiembre, cuando fueron imputados en el caso.
El dato que pesa en el expediente es contundente: según lo constatado hasta el momento, la maniobra llegó a sustraer unos 425 millones de pesos de fondos depositados bajo custodia institucional. No se trata de una operación puntual: la investigación describe una maniobra que se extendió varios años.
Las defensas intentaron desactivar el encuadre de asociación ilícita, pero la magistrada lo sostuvo y respaldó el curso de la investigación. La decisión mantiene las detenciones hasta el 2 de diciembre, fecha que ahora se vuelve clave para el futuro procesal de los acusados.
¿Qué queda en el aire? La pregunta inevitable es si la causa alcanza solo a los imputados o si la sustracción de fondos judiciales tuvo otros operadores, cómplices o beneficiarios. Por ahora, el expediente confirma una estructura que funcionó durante años y que dejó un agujero millonario en cuentas bajo custodia institucional.
El caso expone una grieta incómoda: cuando el dinero que ingresa al sistema judicial termina siendo desviado, se erosiona la confianza en una institución que debería ser la última línea de defensa. No es un problema menor: son fondos que estaban bajo resguardo y que, según la investigación, fueron sustraídos durante años.
La apelación de los acusados buscó modificar las restricciones, pero la respuesta fue firme: prisión preventiva hasta el 2 de diciembre y respaldo al encuadre de asociación ilícita. Ahora, la mirada estará puesta en si la investigación profundiza el mapa de la maniobra o si la causa se cierra con los nombres que ya figuran en el expediente.
Mientras tanto, el caso involucra a un exfiscal y a una red que, según la investigación, movió millones en cuentas que debían estar blindadas. La pregunta que queda flotando es simple: ¿quién más supo, quién más tocó esos fondos y cuánto tiempo más se demorará la respuesta?
Tampoco es menor la cantidad de acusados que apelaron: el exfuncionario y cuatro acusados como colaboradores. Eso sugiere una estructura con roles diferenciados, aunque el expediente no define con precisión cada participación. Lo que sí está claro es que la maniobra no se presentó como un acto aislado, sino como una operación sostenida en el tiempo.
El monto de unos 425 millones de pesos, según lo constatado hasta el momento, obliga a preguntarse por el mecanismo exacto de la sustracción. ¿Cómo se movieron esos fondos? ¿Desde qué cuentas judiciales? ¿Durante cuánto tiempo la maniobra pasó desapercibida? Son interrogantes que la investigación deberá responder para cerrar el mapa completo de la causa.
La fecha del 2 de diciembre se convierte en un punto de inflexión. No es el final de la causa, pero sí una fecha que puede marcar si la prisión preventiva se prolonga, se modifica o se reevalúa. Para los acusados, cada día de detención preventiva suma presión; para la investigación, cada día también suma la necesidad de avanzar en el expediente.
El caso Ríos Artacho ya no es solo una disputa legal. Es una señal de alerta sobre la integridad de las cuentas judiciales y sobre la capacidad del sistema para proteger los fondos bajo su custodia. Si la causa avanza, puede convertirse en un precedente incómodo.
Comentarios (11)
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425 millones no es poca cosa. Si era jefe, la investigación tiene que llegar a todos los que tocaron esas cuentas.
Ojalá no se quede solo en el exfiscal. En estos casos siempre aparecen cómplices después.
Prisión preventiva hasta diciembre y a seguir esperando. La Justicia a veces tarda demasiado.
No es la Justicia, son los recursos. Pero sí, hay que seguir de cerca el 2 de diciembre.
Bueno, al menos no lo soltaron. Eso ya dice algo.
Que se mantenga la asociación ilícita es importante. No puede ser un caso de errores administrativos.
Me da bronca que el dinero judicial se use para eso. ¿Quién controlaba esas cuentas?
Esa es la pregunta clave. Si era custodia institucional, el control tenía que ser más fuerte.
Bien que se haya avalado la investigación. Ahora a ver si no se enfría.
Siempre dicen que van a investigar y después aparece un sobreseimiento. Ojalá no.
No sé si es Rosario o Santa Fe, pero el caso suena a todo el sistema judicial.