La concesionaria Rosario Motorsport, en San Martín al 2600, terminó en el centro de una causa por estafas millonarias que involucra a sus socios.
El fiscal Iván Enríquez imputó a Juan Gabriel Alegre y Eduardo Escarcelo como presuntos coautores de al menos 67 estafas en la venta de autos.
La jueza María de los Ángeles Granato dictó prisión preventiva por 60 días para los dos hombres y dejó en libertad a Noelia E., con reglas de conducta.
Según el MPA, los acusados usaron engaños, ardides o abuso de confianza para recibir dinero y vehículos con la promesa de entregar autos 0 kilómetro.
En términos simples, la fiscalía sostiene que los socios cobraron en pesos, dólares y autos usados, pero nunca entregaron las unidades prometidas a los clientes.
El fiscal estimó el posible desfalco en 500 mil dólares, 700 millones de pesos y una cantidad aún indeterminada de vehículos.
La investigación arrancó por denuncias de clientes que aseguran haber sido perjudicados en operaciones de compra y venta y consignación de autos.
Algunos damnificados entregaron sus vehículos como parte de pago; otros dejaron autos en consignación y descubrieron que habían sido vendidos sin autorización.
La PDI detuvo a Juan Gabriel Alegre en avenida Pellegrini al 800; Eduardo Escarcelo se presentó al día siguiente y también quedó demorado.
La tercera imputada, Noelia E., compareció después de ser declarada rebelde y explicó que no se había fugado, aunque la fiscalía la acusa por el mismo esquema.
La defensa, a cargo de Carlos Varela y Juan Lewis, sostiene que no hubo dolo ni intención de perjudicar y pedirá cambiar la carátula de la causa.
El caso también tiene derivaciones en el fuero civil y comercial, donde la firma intentó acceder a un concurso, según la información publicada.
La cifra de víctimas podría superar las 100 personas, según abogados de los denunciantes, aunque la fiscalía habla de al menos 67 casos.
En septiembre, compradores afectados estimaron el perjuicio en 3 millones de dólares, un número muy superior al cálculo inicial del fiscal.
El fiscal busca establecer responsabilidades individuales y reconstruir el recorrido del dinero y de los vehículos involucrados en las operaciones.
La concesionaria, conocida por tener entre sus clientes a jugadores de fútbol, operaba bajo la sociedad Rosario Motorsport SAS y ofrecía operaciones de compra, venta y consignación.
La fiscalía describe un esquema en el que se usaban precios atractivos, facilidades de pago y un trato personal para dar la sensación de que la operación iba a cerrarse.
En junio, la empresa comenzó a presentar problemas con las entregas y surgió la idea de una posible cesación de pagos; en agosto se multiplicaron las denuncias penales.
La imputación sostiene que los acusados sabían que el dinero o los autos no iban a ser entregados, y aun así siguieron recibiendo bienes de los clientes.
La fiscalía también busca determinar cómo se movieron los vehículos y fondos, y qué rol tuvieron otras personas en las operaciones denunciadas.
El caso expone una grieta entre la imagen comercial de una concesionaria y la realidad de clientes que quedaron sin dinero y sin autos.
Con informacion de: Conclusion, El Ciudadano.
Comentarios (10)
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Con 67 casos y 700 millones de pesos, no parece un error administrativo. Ojalá la justicia no se duerma.
No me parece que sea solo un error. Si cobraban en dólares y no entregaban, el dolo está a la vista.
Concuerdo, pero ojo: la defensa va a decir que fue mala gestión. Por eso hay que ver los papeles, no solo el relato.
Lo de la consignación sin autorización me parece lo más grave: te dejan el auto y lo venden como si fuera suyo.
Que haya tenido clientes futbolistas no cambia nada, pero sí explica la vitrina. La bronca es por los que quedaron sin auto y sin plata.
Espero que se reconstruya bien el recorrido del dinero, porque ahí está la clave para que no quede en una causa más.
Me preocupa el concurso. Si la firma entra a un proceso civil, los damnificados pueden perder más tiempo.
Que Noelia quede libre con reglas de conducta me genera dudas, aunque no sé todos los detalles de su participación.
No estoy de acuerdo: si no hay riesgo de fuga o entorpecimiento, la medida puede ser proporcional. Hay que ver lo que diga la jueza.
No alcanza con 60 días si hay 100 víctimas potenciales. Hay que seguir la causa de cerca.