El fondo buitre Burford Capital volvió a la carga contra la Argentina. Esta vez no en los tribunales de Nueva York, donde en marzo último la Corte de Apelaciones anuló el fallo de primera instancia que reclamaba 18.000 millones de dólares, sino ante el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial, históricamente adverso al país. Y lo hizo con dos argumentos que tienen sello oficial: uno es un abogado que el propio gobierno de Javier Milei promovió, el otro son palabras del presidente en televisión.
La historia de Burford arranca con la expropiación parcial de YPF en 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. El fondo compró los derechos de litigio a las sociedades españolas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, del Grupo Eskenazi, que habían adquirido acciones de Repsol cuando la petrolera de bandera estaba privatizada. Tras la quiebra de esas firmas, Burford heredó el reclamo y lo convirtió en una de las demandas más millonarias de la historia contra el Estado argentino.
El primer gol en contra lo metió el propio Ejecutivo. En septiembre de 2024, el gobierno postuló al abogado Agustín García Sanz como árbitro del CIADI, una facultad que tiene Argentina como Estado miembro del tribunal. El problema: García Sanz pertenece al estudio Three Crowns, con sede principal en Londres y París y oficinas en Madrid, Washington y Singapur. El mismo estudio que este martes se presentó como patrocinante de Burford en la demanda contra el país. Hasta julio pasado, García Sanz figuraba en los registros del Banco Mundial como árbitro designado por Argentina. Su renuncia al cargo no fue publicada oficialmente, aunque se da por supuesta para habilitar el cambio de trinchera.
La cadena de responsables dentro del gobierno es larga. Al momento de la postulación, el ministro de Justicia era Mariano Cuneo Libarona, secundado por Sebastián Amerio, quien luego fue nombrado Procurador del Tesoro cuando la cartera pasó a manos de Juan Bautista Mahiques. Dos años atrás, el responsable del asesoramiento jurídico del Ejecutivo era Rodolfo Barra, acompañado por Andrés de la Cruz, ex abogado de los Eskenazi, la misma familia cuyos derechos de litigio Burford adquirió. Un enredo de conflictos de interés que, en el mejor de los casos, habla de impericia; en el peor, de algo peor.
El segundo gol lo pateó el propio presidente. Según los documentos de la demanda ante el CIADI, a los que accedió el periodista Alejandro Bercovich, los abogados de Burford incorporaron como argumento central una declaración televisiva de Milei del 27 de marzo de 2026. Tras conocerse el fallo del Segundo Circuito de Nueva York, el presidente dijo en cadena nacional: «Expropiar está mal porque robar está mal» y describió la renacionalización de YPF como una «aventura suicida» que «puso a toda la Argentina en riesgo». Los litigantes de Burford usaron esas palabras para argumentar que el propio gobierno argentino reconoció la ilegalidad de las medidas de 2012.
El texto de la presentación es contundente: «Incluso el presente Gobierno de la Argentina ha desautorizado a sí mismo las medidas de 2012, y su actual presidente las ha admitido como ilegales e injustificadas», señala el escrito. Una frase presidencial dicha para la tribuna libertaria terminó siendo munición jurídica para el fondo buitre en el tribunal internacional más temido por el país.
El CIADI no es un foro amigable para Argentina. El país tiene un historial de condenas en ese ámbito, y la combinación de un árbitro que pasó del lado argentino al lado demandante, más declaraciones presidenciales que validan el reclamo, configura un escenario de alta vulnerabilidad para el Estado. Los documentos de la demanda aún no son públicos en su totalidad, pero lo que trascendió alcanza para dimensionar el daño.
Lo paradójico es que el gobierno que más agita la bandera de la desregulación y la apertura al mundo privado terminó generando, por torpeza o descuido, las condiciones para que un fondo buitre tenga argumentos renovados para ir contra las arcas del Estado. El kirchnerismo expropió mal. Pero la mala praxis jurídica del presente no es un mérito: es otro costo que pagará el contribuyente argentino.
Con información de: El Ciudadano Web.
Comentarios (15)
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Esto es una vergüenza total. El gobierno pone a un abogado como árbitro y después ese mismo tipo aparece del lado del fondo buitre demandando al país. ¿Cómo no vieron esto venir? ¿O lo vieron y no les importó?
Che, seamos justos. El que metió la pata con la expropiación fue el kirchnerismo en 2012. Que ahora Milei haya dicho lo que todos sabíamos no lo convierte en el culpable de la demanda.
Valeria, nadie dice que Milei inventó el problema. Pero poner a un abogado del estudio que después demanda al país ES responsabilidad de este gobierno. No mezclemos.
Kirchner expropió mal, Milei habla mal. Los dos le regalan plata a los buitres. La historia argentina es un chiste.
Burford es un fondo buitre de manual. Compra derechos de litigio de empresas quebradas y especula con las condenas. El problema es que Argentina siempre les da argumentos nuevos, no importa quién gobierne.
Lo de García Sanz es gravísimo y no lo está cubriendo casi nadie en los medios oficialistas. Un árbitro designado por Argentina termina del lado del fondo buitre. Eso tiene nombre y se llama conflicto de interés.
Y la expropiación de Cristina fue legal? Por favor. Milei dijo la verdad: robar está mal. Si eso ahora lo usan en contra, el problema original sigue siendo el kirchnerismo.
Che 'Libertad_Sí', decir la verdad en televisión sin medir las consecuencias jurídicas internacionales no es un mérito presidencial, es una torpeza. Un jefe de Estado tiene asesores legales para eso.
Prefiero un presidente que diga la verdad aunque sea incómodo a uno que mienta para proteger una expropiación ilegal. El problema lo creó Kirchner, no Milei.
18.000 millones de dólares era el reclamo original. Aunque el CIADI condene por menos, estamos hablando de una cifra que paga el contribuyente. Eso es lo que debería importarle a la gente, no el debate kirchnerismo vs libertad.
Bercovich fue el que consiguió los documentos. Eso habla bien del periodismo independiente y muy mal de la transparencia del gobierno, que no publicó nada de esto.
Lo que me parece increíble es la cadena: Barra, De la Cruz (ex abogado de los Eskenazi), Amerio, Cuneo Libarona... todos en el gobierno, todos con alguna conexión con este tema. Impericia o algo peor, como dice la nota.
Argentina es el único país del mundo que le da argumentos a sus propios demandantes. Somos únicos.
Hay que separar dos cosas: el fondo de la cuestión (la expropiación de 2012 fue mal hecha, eso es un hecho) y la gestión actual (que cometió errores jurídicos graves). Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo.
y encima el tipo se fue a vivir a madrid en 2024, el mismo año que lo pusieron de árbitro. nadie preguntó nada? en serio?