La Ley de Emergencia en Discapacidad volvió a la mesa con un problema de fondo: sin partidas claras, sin plazos y sin previsibilidad, los derechos se quedan en el papel.
El diputado nacional Oscar Herrera Ahuad fue directo al señalar que el dictamen de mayoría todavía no garantiza plenamente los derechos del sector. “No son exigencias, son derechos de las personas con discapacidad”, sostuvo.
Su lectura es simple: una ley sin presupuesto no es una ley, es una promesa. Por eso presentó cinco propuestas de fondo y anticipó que trabaja en otras reformas junto con distintos bloques legislativos.
El legislador remarcó que las iniciativas surgieron del diálogo con organismos, colectivos y diputados de diferentes espacios políticos.
La primera línea de fuego apunta al financiamiento. Propuso modificar el artículo 7 para asegurar la inclusión de las partidas correspondientes en el presupuesto nacional, con el objetivo de discutir los recursos con previsibilidad.
La segunda mira al poder de definir reglas. Planteó modificar el artículo 5 para evitar que el Poder Ejecutivo tenga discrecionalidad en los requisitos, que pasarían a ser establecidos por el Congreso.
La tercera protege la salud. Sobre el artículo 10, propuso garantizar la continuidad de la cobertura de salud y contemplar los programas vigentes, así como aquellos que puedan reemplazarlos en el futuro.
La cuarta ordena las deudas. La propuesta establece que sean reconocidas en un plazo de 30 días y transferidas dentro de los 60 días, una vez revisada la documentación correspondiente.
La quinta toca un punto que duele: las pensiones. El legislador advirtió que cerca de 200 mil pensiones todavía no se habían restablecido en 2026 y pidió evitar interrupciones prolongadas en las prestaciones.
Su idea es que, cuando una persona supere ingresos equivalentes a dos salarios mínimos, vitales y móviles, la asignación se suspenda y se restituya de manera inmediata si pierde el empleo, sin volver a iniciar todos los trámites.
También buscó claridad en la compatibilidad entre la AUH por discapacidad y la pensión: al cumplir 18 años, la persona debe optar por una de las prestaciones cuando ambas respondan a la misma situación.
El tono de la negociación no es el de una pelea de trinchera. “Hay muy buena voluntad por parte de todos los bloques, hay muy buen diálogo, con mucho respeto, pero también lo que veo es que hay un norte de querer resolver el problema”, afirmó.
La pregunta que queda en el aire es si la buena voluntad alcanza para convertir la ley en un instrumento real. Para Herrera Ahuad, el objetivo es lograr una normativa con mayor previsibilidad para las personas con discapacidad en todo el país.
Comentarios (10)
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Lo de los 30 y 60 días para las deudas es lo mínimo. Si no hay plazo, la ley se queda en la promesa.
Con plazos se puede fiscalizar. El problema es que antes también se prometían plazos y después aparecían los trámites.
Exacto. Sin presupuesto no hay ley, hay intención. Por eso el artículo 7 es clave.
Espero que la continuidad de la cobertura de salud no se quede en el papel. Muchos familiares ya vivieron el corte.
¿Y los 200 mil que todavía no se restablecieron? Eso no es un detalle, es una deuda pendiente.
Coincido. Si en 2026 todavía no se restablecieron, el sistema necesita una revisión urgente.
Lo de la AUH y la pensión a los 18 años ayuda a ordenar, pero hay que explicar bien cómo se elige.
Explicar es clave. La gente no entiende las diferencias y termina perdiendo derechos.
Me parece bien que haya diálogo entre bloques. La discapacidad no puede ser moneda de cambio.
El punto de los requisitos definidos por el Congreso es importante. Menos discrecionalidad, más certeza para las familias.