La Caja de Jubilaciones de Cañada de Gómez quedó en el centro de una causa por defraudación en perjuicio de la administración pública. Tres empleados municipales fueron imputados por una maniobra que habría permitido transferir más de 76 millones de pesos a cuentas personales.
La investigación se conoció después de una auditoría interna realizada en junio, cuando el municipio detectó movimientos inusuales en el circuito de pagos. El fiscal Santiago Tosco imputó a F.F., M.A.F. y H.C. como coautores de la maniobra.
Según la imputación, F.F. se desempeñaba como encargada de la Caja y habría tenido el papel central en la operatoria. Entre noviembre de 2025 y junio de 2026, habría aprovechado su posición jerárquica y el control final sobre la carga de datos para incorporar transferencias irregulares desde una cuenta institucional del Banco Credicoop hacia su cuenta personal.
La fiscalía sostiene que la mujer habría consignado falsamente pagos a jubilados fallecidos, beneficiarios inexistentes y terceros ajenos al sistema previsional. El monto que se le atribuye supera los 25 millones de pesos.
La causa también alcanza a M.A.F., a quien se le atribuye haber intervenido en la liquidación de haberes entre enero y junio de este año para desviar más de 24 millones de pesos hacia una cuenta propia. H.C., en tanto, habría recibido transferencias por más de 27 millones sin respaldo ni justificación en el padrón de beneficiarios.
En conjunto, las acreditaciones detectadas en las cuentas de los tres imputados superan los 76 millones de pesos. La Fiscalía sostiene que los movimientos provocaron un perjuicio económico tanto a las arcas municipales como a la Caja de Jubilaciones.
El municipio apartó de sus funciones y sin goce de sueldo a los agentes involucrados e inició actuaciones administrativas. La denuncia penal fue presentada formalmente el 2 de julio por el secretario de Gobierno, Luciano Travaglino.
El intendente Matías Chale adelantó que su gestión buscará recuperar la totalidad del dinero sustraído. “La intención es recuperar hasta el último centavo”, aseguró en contacto con Radiópolis, y señaló que algunos tienen patrimonio con el cual responder.
Chale explicó que la principal acusada fue nombrada por decreto como encargada de la entidad previsional en agosto de 2023 por la anterior gestión. Con la presunta colaboración de su marido y de otra auxiliar, habrían transferido fondos públicos hacia cuentas personales entre noviembre de 2023 y junio último.
Ahí aparece una diferencia entre las versiones: la imputación del fiscal ubica la maniobra de F.F. entre noviembre de 2025 y junio de 2026, mientras que el intendente remite a un período que arrancaría en noviembre de 2023. Las fuentes no aclaran esa diferencia.
Según el intendente, la operatoria aprovechó una falencia técnica del sistema bancario que permitía modificar los datos de los lotes de transferencias institucionales. “Se podía tener un nombre de un jubilado o pensionado, vivo o fallecido y cambiar el número de cuenta al cual iba destinado el sueldo o la pensión”, precisó.
Chale también describió una maniobra que involucraba directamente a adultos mayores: la entidad les transfería sumas superiores a las que correspondían por ley. Después, la encargada les informaba que se trataba de un error y les pedía la devolución del excedente en efectivo.
El intendente sostuvo que los jubilados se percataban del error y, en buena fe, regresaban el excedente siempre en billete. “Tenían recibos firmados de que le habían devuelto dinero en efectivo en mano”, observó.
Ante la magnitud del desfalco, las autoridades municipales bloquearon todas las claves de acceso, abrieron un sumario interno y realizaron la denuncia formal ante la Justicia. El fiscal Santiago Tosco quedó a cargo de la investigación.
El caso expone una grieta de control en una caja previsional municipal: cuando el acceso a los datos y a las transferencias queda concentrado en pocas manos, el riesgo de desvío se vuelve una cuenta pendiente. La pregunta que queda en el aire es si la Justicia podrá recuperar el dinero y si el municipio logrará cerrar la brecha que permitió el fraude.
Con informacion de: La Capital, Rosario3, Rosario3.
Comentarios (9)
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Me da bronca que toquen la plata de los jubilados. Eso es lo que no se puede tocar.
Ojalá que la Justicia no se quede en la imputación. Ya hemos visto causas que se enfrían.
¿Y cómo no se dieron cuenta antes? Si era una falencia técnica, alguien más tenía que estar mirando.
Tal vez porque la encargada tenía el control final. Cuando uno concentra todo, nadie controla.
Exacto, y encima les pagaban para que controlen. No alcanza con apartarlos, hay que ver si hay más responsables.
Lo de devolver en efectivo con recibo me parece una maniobra muy burda, pero también muestra cuánto confiaban los jubilados.
Espero que se recupere todo. Al menos se detectó y se denunció rápido.
Rápido no, porque según el intendente arrancó en 2023 y la auditoría fue en junio. Eso da para pensar.
Puede ser que la fiscalía haya imputado solo desde 2025. Hay que esperar la causa, no armar teoría.