La sentencia cayó en Tribunales de Cañada de Gómez y dejó una condena de 10 años de cumplimiento efectivo para una mujer de 52 años, identificada como V.M.
El dato no es menor: la Justicia la halló penalmente responsable de corrupción de menores agravada por el vínculo en grado consumado.
El fallo llegó tras un debate oral y público que comenzó a principios de septiembre. La causa se ventiló en un juicio unipersonal encabezado por el juez Lanfranco Pari.
La acusación estuvo a cargo de la fiscal Abi Luz Cabrera, de la Fiscalía Regional 2. En los alegatos de cierre, el Ministerio Público pidió 12 años de reclusión.
El magistrado evaluó las pruebas del expediente y bajó la pena a una década. Esa decisión judicial terminó de cerrar una etapa del proceso, aunque dejó abierta otra: la búsqueda del individuo que, según la investigación, ingresó a la vivienda.
Según la investigación, V.M. facilitó el ingreso de un individuo a su vivienda. El objetivo, de acuerdo con el expediente, era que ese individuo cometiera abusos contra su propia hija, una niña de 7 años con síndrome de Down.
La condena recayó de manera directa sobre la madre. Pero el expediente no se cierra ahí: la identidad del sujeto que ingresó a la vivienda no pudo ser esclarecida y la causa sigue su curso.
Las fuerzas de seguridad y los investigadores continúan con las diligencias pertinentes para lograr su aprehensión y determinar su grado de responsabilidad.
¿Qué pesó en la pena? La fiscalía pidió 12 años, pero el juez Lanfranco Pari dictó 10 años tras revisar las evidencias incorporadas en el expediente. Esa diferencia no es un detalle: muestra que la sentencia se construyó sobre lo que quedó probado en el debate.
La gravedad del caso no se agota en la cifra de la condena. Una madre, según el expediente, habilitó el ingreso de un individuo a su vivienda para que abusara de su hija. Eso no es un hecho aislado: es una ruptura del vínculo que aparece en la imputación.
También pesa lo que falta: el nombre del individuo. Mientras no se lo identifique, la investigación sigue abierta. La condena a V.M. no borra ese vacío; lo deja en el centro de la causa.
¿Y la niña? La sentencia no puede ser leída sin pensar en la víctima: una niña de 7 años con síndrome de Down. Su historia no se resume en una condena; exige que la causa avance hasta esclarecer a todas las personas responsables.
La Justicia ya dictó una pena. Ahora, la pregunta que queda es si las fuerzas de seguridad y los investigadores lograrán la aprehensión del otro sujeto y definir su grado de responsabilidad. Hasta entonces, el expediente sigue vivo.
Lo que pasó en Cañada de Gómez deja una sentencia y una búsqueda pendiente. La condena de 10 años para V.M. es un punto de llegada para una parte de la causa, pero no el final de la investigación.
Comentarios (11)
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Al menos hay una condena de 10 años de cumplimiento efectivo. La sentencia no borra el daño, pero la Justicia dio una respuesta.
No estoy de acuerdo en que 10 años sea poco, pero tampoco hay que olvidar que la fiscalía pidió 12 y el juez evaluó las pruebas del debate.
Lo que dice Marcos tiene sentido: la pena no es un número mágico, depende de lo que quedó probado en el juicio unipersonal.
Lo que me preocupa es que la identidad del otro sujeto no pudo ser esclarecida. La causa no puede cerrarse solo con la condena de la madre.
Que la madre haya facilitado el ingreso a la vivienda es lo más grave. No hay explicación posible para un hecho así.
Me duele pensar en la niña. Con 7 años y síndrome de Down, no tiene cómo defenderse. Ojalá atrapen al individuo que ingresó a la casa.
¿Alguien sabe si la fiscalía va a seguir con las diligencias? En la nota dice que continúan, pero no da más detalles.
La fuente dice que las fuerzas de seguridad y los investigadores siguen con las diligencias para lograr la aprehensión y determinar su grado de responsabilidad.
Cañada de Gómez no puede quedar con una investigación a medias. Si no encuentran al individuo, la causa queda con un vacío enorme.
Respuesta a Diego: exacto, el expediente sigue su curso. Ojalá no se enfríe la búsqueda del otro responsable.
Que la Justicia haya dictado 10 años de cumplimiento efectivo es un paso. Ahora falta que la investigación avance con el otro sujeto.