El juez federal Martín Cormick ordenó aplicar astreintes al Gobierno nacional por incumplir la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. La medida llega horas antes de la quinta marcha en defensa de la educación pública.
El magistrado decidió cargar las multas sobre Diego Santilli, Jefe de Gabinete de Ministros, porque lo considera responsable de la administración. En la primera etapa, el monto será de $100.000 por día, aunque Cormick advirtió que podría modificar los importes y los funcionarios alcanzados.
La resolución se conoció después de que, el martes de la semana pasada, Cormick declarara inconstitucional el decreto firmado por Javier Milei para no cumplir la LFEU. La LFEU fue aprobada por el Congreso y su vigencia fue ratificada por ambas Cámaras tras el veto del Presidente.
El viernes pasado, el juez concedió la apelación presentada por la Casa Rosada contra su fallo. Sin embargo, advirtió que continuaría con la ejecución de la medida cautelar que ordena cumplir con los pagos de salarios docentes y no docentes, así como de becas.
La medida cautelar fue dictada en diciembre pasado y fue convalidada por la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo. En junio, quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara los planteos del Poder Ejecutivo.
El martes, el Consejo Interuniversitario Nacional se presentó ante Cormick para pedir que se aplicaran astreintes frente al incumplimiento. Esa posibilidad ya había sido puesta sobre la mesa por el juez el 22 de septiembre, cuando intimó al Gobierno a cumplir la LFEU.
En el fallo, Cormick sostuvo que correspondía disponer astreintes diarias al funcionario titular de la Jefatura de Gabinete, en virtud de las competencias del artículo 100, inciso 1, de la Constitución Nacional y del artículo 5º de la Ley 27.798. El juez lo intima a Santilli por su rol de responsable de la administración.
El fallo también recuerda un precedente similar: el juez Alejo Ramos Padilla ordenó a Manuel Adorni asegurar el financiamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos. En ambos casos, la Justicia apunta a los funcionarios que tienen competencia directa sobre la ejecución de la obligación.
La decisión judicial busca presionar para que se cumpla con el financiamiento universitario mientras se resuelve la apelación. El juez había advertido que la ejecución de la medida cautelar no se detiene, por lo que el Estado deberá afrontar el costo diario por el incumplimiento. La multa se aplica al funcionario responsable de la administración.
Comentarios (10)
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Por fin la Justicia le pone un costo al incumplimiento. $100.000 por día es poco, pero al menos Santilli no puede seguir escondiéndose.
No me parece poco. Si el Estado no paga, la multa tampoco va a llegar a las universidades.
Al menos obliga a que el tema no se quede en la nada. Si no hay presión, no hay pago.
Justo. La multa debería ir a las universidades, no al bolsillo del Estado.
Mientras se habla de multa, los docentes siguen sin cobrar. La astreinta no llega a los sueldos.
Otra vez la Justicia tiene que resolver lo que el Congreso ya aprobó. El veto y el decreto fueron un despropósito.
Espero que la Corte no vuelva a frenar todo. Ya quedó firme en junio.
¿Alguien sabe si la apelación suspende la multa? El texto dice que Cormick advirtió que continúa la ejecución.
Según la nota, no. Concedió la apelación, pero sigue la medida cautelar.
Multa de 100 mil por día? Con la inflación, es un monito. Debería ser mucho más.