Lo que parecía una investigación en ciernes empieza a mostrar sus dientes. Manuel Adorni, el exvocero presidencial que durante meses fue la cara más visible del gobierno de Javier Milei, ya no puede salir del país sin pedirle permiso a un juez. La medida, dispuesta por el juez federal Ariel Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, es la primera restricción procesal concreta desde que se abrió la causa por presunto enriquecimiento ilícito que también alcanza a su esposa, Bettina Angeletti.
En rigor, no es una prohibición de salida sino algo más sutil: Adorni deberá informar al tribunal ante cualquier viaje al exterior. Su abogado defensor, Matías Ledesma, se adelantó a comunicar que el exfuncionario no tenía planes de viajar. El gesto no fue inocente: en los días previos habían circulado versiones sobre una posible mudanza a Uruguay, lo que encendió las alarmas en el expediente.
El fiscal Pollicita fue claro en un punto: por ahora no hay elementos para pedir la detención ni considera que exista riesgo concreto de fuga. Pero eso no significa que la causa esté tranquila. Todo lo contrario.
Uno de los capítulos más explosivos del expediente es el audio en el que se escucha a Adorni ofrecerle al contratista Matías Tabar "todo el soporte que necesites" antes de que este declarara como testigo. Pollicita no lo calificó como un intento de entorpecimiento, pero reconoció que complicó aún más la situación del exfuncionario. Cuando Tabar se presentó ante la Justicia el 4 de mayo, reveló que Adorni había pagado 245.000 dólares en efectivo por las refacciones de una casa en el barrio cerrado Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.
Ese inmueble es uno de los ejes de la investigación. La propiedad fue omitida en la declaración jurada de 2024 y escriturada por 120.000 dólares. De ese monto, 20.000 fueron aportados en efectivo por Adorni y su esposa, mientras que los 100.000 restantes vinieron de un préstamo privado de Graciela Molina, jubilada de la Policía Federal, y su hija Victoria Cancio. Adorni ya les devolvió 30.000 dólares y tiene plazo hasta noviembre para cancelar los 70.000 restantes más un interés del 11%.
Pero la lista no termina ahí. Esta semana declaró ante la Justicia Gisela Kocsis, exempleada de Adorni que figura en el celular de Tabar como responsable de compras de blanquería. Kocsis confirmó que pagó más de ocho millones de pesos en efectivo y reveló que también gestionó la adquisición de un lavavajillas y un lavarropas Whirlpool por 3.100.000 pesos para Indio Cua, cargados a su tarjeta y luego reembolsados en efectivo por su exjefe.
A eso se suman las refacciones y muebles del departamento de la calle Miró, en Caballito, que superaron los 255.000 dólares. Y el dato quizás más contundente: un informe sobre sus tarjetas de crédito determinó que en dos años y cuatro meses Adorni gastó 139 millones de pesos, un promedio de entre 4 y 6 millones mensuales. La pregunta que recorre el expediente es siempre la misma: ¿con qué plata?
La causa se inició precisamente porque los gastos, viajes y compras de propiedades del exjefe de Gabinete y su esposa superan con creces lo que ambos declararon como ingresos. La diputada Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón habían pedido que se le prohibiera directamente la salida del país. El fiscal no llegó tan lejos, pero la restricción que se impuso manda una señal clara: Adorni está en la mira y la Justicia no lo pierde de vista.
El hombre que durante meses salió a explicarle al país las decisiones del gobierno ahora tiene que explicarse a sí mismo ante un juez. Y los números, por ahora, no le cierran.
Comentarios (15)
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Y encima el tipo salía todos los días a dar conferencias de prensa explicando la 'transparencia' del gobierno. Impresionante la cara dura.
Hasta que no haya condena firme no es culpable de nada. En Argentina se usa la Justicia para perseguir opositores hace décadas, no veo por qué esto sería diferente.
Valeria, ¿245 mil dólares en efectivo para refacciones te parece normal? ¿Con qué sueldo? Pará un poco.
No dije que sea normal, dije que hay que esperar la condena. Son cosas distintas. Pero bueno, en las redes ya lo condenaron.
Lo de la empleada que pagaba con su tarjeta y después le devolvían en efectivo es lo más turbio de todo. Eso no es un error, es un sistema.
139 millones de pesos en tarjeta en dos años. Yo laburo hace 30 años y no llegué a eso en toda mi vida. ¿Y me hablan de la casta?
Jajaja la casta somos todos menos ellos, siempre fue así y siempre va a ser así. Igual lo van a dejar ir.
Me llama la atención que Lijo sea el juez de esta causa siendo que Milei lo nominó para la Corte. Ahí hay un conflicto de intereses enorme que nadie está mirando.
Dalbón metido en esto ya me genera desconfianza automática. Ese tipo aparece en todas las causas mediáticas a buscar cámara.
Más allá de la política, lo que más me impacta es la empleada que ponía la tarjeta para comprarle el lavarropas al jefe. ¿Eso no es explotación laboral también?
La casa omitida en la declaración jurada es lo que no tiene vuelta atrás. Eso no es un olvido, eso es una decisión.
Y mientras tanto nosotros pagando cada vez más impuestos para que estos tipos vivan en countries y refaccionen casas con efectivo. Basta.
Hay que ver qué dice la Justicia al final. Kirchner, Macri, Milei... siempre hay alguno investigado. El problema es el sistema, no el color político.
el que no roba es pobre jajaja triste pero real en este pais
Lo de Uruguay me parece el dato más revelador. Si no tenés nada que esconder, ¿por qué circulan versiones de que te querés ir del país justo cuando avanza la causa?