En una ciudad donde conseguir asesoramiento legal sin plata sigue siendo un privilegio, la Universidad del Gran Rosario acaba de dar un paso que vale la pena contar. Desde esta semana, personas con discapacidad y sus familias tienen acceso a un servicio jurídico gratuito que, en la práctica, puede cambiarles la vida.
Se trata del Servicio de Apoyo Jurídico en Discapacidad, un dispositivo de orientación y asesoramiento que la UGR lanzó a través de dos estructuras propias: el Espacio de Discapacidad e Inclusión Social y el Centro Universitario Rosario Inclusiva (Curi). El objetivo es concreto: que quienes más lo necesitan puedan entender y ejercer sus derechos sin que el costo de un abogado sea el primer obstáculo.
¿Cuántas familias rosarinas se quedaron sin respuesta porque no sabían a quién llamar cuando una obra social les negó una prestación, cuando un empleador no les garantizó accesibilidad, o cuando el sistema educativo cerró puertas que la ley obliga a mantener abiertas? La pregunta no es retórica: es el diagnóstico que, en parte, justifica esta iniciativa.
El servicio apunta a cubrir una brecha real. En Argentina, la legislación en materia de discapacidad es amplia —la Ley 24.901 de prestaciones básicas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con rango constitucional desde 2014— pero el acceso efectivo a esos derechos suele naufragar en la burocracia, la desinformación y la falta de recursos para litigar. Tener un espacio universitario que traduzca esa normativa en orientación práctica y accesible no es un detalle menor.
La UGR, con sede en Rosario, viene desarrollando desde hace años una agenda de inclusión que excede lo académico. El Curi es una de las expresiones más visibles de ese compromiso: un centro que trabaja en la articulación entre la universidad y las necesidades concretas de la comunidad con discapacidad en la región. Este nuevo servicio jurídico se suma a esa trayectoria como una herramienta de impacto directo.
El asesoramiento es gratuito y está orientado tanto a las personas con discapacidad como a sus familias, reconociendo que en muchos casos son los entornos de cuidado los que cargan con la gestión de trámites, reclamos y procesos legales sin ningún tipo de acompañamiento profesional.
Iniciativas como esta recuerdan que la inclusión no se agota en las rampas ni en los carteles en braille. Incluir de verdad implica garantizar que alguien pueda pararse frente al sistema y saber qué decir. La UGR eligió ser ese alguien. Ahora falta que quienes lo necesitan se enteren y lo usen.
Comentarios (12)
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Por fin algo concreto. Tengo un hijo con discapacidad y la cantidad de veces que me rechazaron prestaciones sin saber a quién recurrir es incontable. Ojalá esto llegue a las familias que más lo necesitan.
Muy buena iniciativa, pero ¿cómo se entera la gente? Porque si solo lo difunden en redes y en la web de la universidad, los que más lo necesitan no se van a enterar nunca.
Exactamente eso. La información tiene que llegar a los barrios, a los centros de salud, a las escuelas especiales. Si queda solo en el circuito universitario, el impacto va a ser mínimo.
Yo trabajo en una escuela de educación especial en el oeste y esto es exactamente lo que las familias necesitan. Hay padres que no saben ni que tienen derecho a exigir transporte escolar gratuito. Voy a difundirlo.
Bien por la UGR. Aunque me pregunto si tienen suficientes abogados para atender la demanda que puede llegar. Rosario tiene miles de familias en esta situación.
¿Y el Estado dónde está? Esto lo debería estar haciendo el municipio o la provincia, no una universidad privada. Que quede claro: bien por la UGR, pero mal por los que deberían haberlo hecho antes.
Totalmente de acuerdo. El Estado lleva años mirando para otro lado con el tema discapacidad. Las familias se las arreglan solas o con la ayuda de organizaciones civiles. Es una vergüenza.
Che, no todo tiene que ser crítica. Que una universidad privada haga esto es un gesto importante igual. No esperemos que solo el Estado resuelva todo.
No es crítica a la UGR, Diego, es crítica al Estado. Aprende a leer.
Mi mamá tiene discapacidad motriz y el año pasado la obra social le negó la silla de ruedas que necesitaba. Terminamos pagando de nuestro bolsillo porque no sabíamos cómo reclamar. Ojalá hubiéramos tenido esto antes.
Muy bien la UGR. Ahora falta que otras universidades de Rosario hagan lo mismo. La UNR también podría tener algo así, ¿no?
Iniciativa valiosa, sin dudas. Pero hay que ver cómo funciona en la práctica. El asesoramiento jurídico sin capacidad de litigar tiene un límite. Esperemos que sea el primer paso y no el único.