Lo que pasó este jueves en la zona noroeste de Rosario no fue una obra común: operarios contratados por la provincia tiraron abajo dos aguantaderos que, según la investigación, servían como búnkeres de droga en un asentamiento.
Las construcciones estaban en French al 2000, entre Formosa y las vías del Mitre y el Belgrano, en terrenos que décadas atrás pertenecían al Ferrocarril y que terminaron intrusados.
Allí se presentaron los operarios y, a puro mazazo, demolieron los aguantaderos de ladrillo hueco. La medida fue solicitada por la Fiscalía de Microtráfico y avalada por la Justicia.
En el lugar, la fiscal Marina Vigo precisó que la causa se inició a partir del homicidio de Rodrigo “Coco” Sosa, ejecutado en diciembre de 2024 en su casa de San Gerónimo y pasaje 703, en el barrio Toba, o El Piso.
“La investigación abarca tres homicidios y una tentativa de homicidio, además de otros hechos de violencia altamente lesiva vinculados a usurpaciones y amenazas calificadas, con el objetivo de quedarse con viviendas para comercializar estupefacientes al menudeo”, explicó.
En septiembre, las fiscales Mercedes Banchio y Marina Vigo llevaron a 18 personas a audiencia imputativa por cargos de asociación ilícita, un tipo penal que, en este caso, englobó homicidios, venta de drogas, amenazas y extorsiones.
El recluso federal Francisco Riquelme, preso desde 2020, dice la investigación, aprovechó los servicios del penalista Martín Fabio Castillo, quien, “excediendo y abusando” de su labor profesional, utilizaba su rol de abogado para canalizar comunicaciones al exterior mediante triangulación de llamadas.
Esto es: Riquelme, por derecho, podía comunicarse con el penalista, pero este, a su vez, sumaba otro teléfono a la conversación y así permitía que sus órdenes al exterior llegaran mediante triangulación de llamadas.
El hijo de Fran, Ezequiel “Cabezón” Riquelme, quien apenas cumplió la mayoría de edad, parece haber tomado las riendas del negocio de su padre, según la atribución fiscal.
Los seguimientos de la Policía de Investigaciones y, luego, de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales ubicaron a Ezequiel como heredero de los negocios ilícitos de su padre, con un notorio alto perfil.
Entre sus apariciones, la investigación señala paravalanchas de la tribuna canalla junto con miembros de la barra brava y un alquiler temporario en los Condominios del Alto, donde fue localizado un mes atrás.
A la “nueva banda” de Fran le atribuyen el negocio de siempre: el gerenciamiento de búnkeres y la venta en la vía pública de drogas a manos de soldaditos que muchas veces solo “trabajan” por la dosis diaria.
Entre los imputados más cercanos a Fran se encuentran su pareja, Irina Boassi, ya condenada en otra investigación, y Kiara Riquelme, mujeres de confianza del cabecilla ligadas a la contabilidad y el control de los puntos de venta, según la atribución fiscal.
Los investigadores constataron puntos de venta en pasaje 734 al 1200, en el barrio Toba Municipal, lindero a la playa Sorrento; French al 2000, acaso el búnker más emblemático de la organización; Lucio V. López al 2100; Felipe Moré al 600 bis; Rafaela al 6000 y Gerchunoff al 600 bis.
Desde noviembre de 2024 hasta junio de 2026, sin contar los allanamientos solicitados por fiscales, en este sector del noroeste –caracterizado por la presencia de asentamientos erigidos en exterrenos ferroviarios– se contabilizaron 17 aprehensiones en flagrancia de soldaditos con, generalmente, pequeñas dosis para la venta.
Comentarios (10)
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Bien que se tiren abajo los búnkeres, pero hay que seguir con los allanamientos y no dejar que se rearmen en la esquina.
Me preocupa que el hijo haya tomado el negocio con 18 años; eso muestra que la banda se hereda.
Siempre lo mismo: demoler dos aguantaderos y después aparece otro. Falta presencia policial permanente en French al 2000.
No es solo presencia, es inteligencia. La PDI y Ciope ya lo ubicaron en Condominios del Alto, hay que seguir con los seguimientos.
Pero si el abogado triangulaba, la inteligencia no alcanza. Hay que sancionar al penalista que usaba el teléfono para mandar órdenes.
Los 17 aprehensiones entre 2024 y 2026 muestran que el problema no es solo un búnker, es un circuito de venta al menudeo.
En Toba Municipal y lindero a la playa Sorrento, eso es inaceptable. Los vecinos viven con miedo.
Coincido, pero también hay que ver si se van a reocupar las viviendas para vender droga. La fiscalía lo dijo: usurpaciones y amenazas.
Que se demuelan los búnkeres es un paso, pero si no se persigue a Irina Boassi y Kiara Riquelme, el control de la contabilidad sigue igual.