La Corte Suprema protagonizó un hecho inaudito al fallar en contra de una decisión propia con solo diez días de diferencia. En ese lapso, la ley de tierras, que regula y limita la compra de tierras productivas, limítrofes y con recursos naturales valiosos, pasó de estar vigente a estar derogada, y de nuevo a estar vigente.
El tribunal, que por lo general no tiene plazos para fallar, expuso la anormalidad de una Corte de apenas tres miembros al dictar fallos en sintonía con las necesidades del poder, en este caso del gobierno. El mismo Ejecutivo que desde el primer día quiso derogar la ley de tierras ahora pidió a la Corte que cambie el fallo que supuestamente lo beneficiaba y deje vigente la norma que hasta hace unos meses no quería.
La génesis del problema está en el primer fallo del 29 de septiembre, cuando se metió a resolver un asunto que el gobierno y el Congreso habían cerrado, provisoriamente, pero cerrado al fin. Sobre todo el gobierno, que entre la presión social y la oposición se vio obligado a retirar la derogación de la ley de tierras para permitir que el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada avanzara en las cámaras.
Aquel primer fallo tuvo una interpretación ampliamente extendida: que se trataba de un favor al gobierno para que obtuviera, por vía de una formalidad procesal, lo que no había conseguido en el Congreso. Este segundo fallo, del viernes, va en sentido contrario, pero se hizo con premura y sobre la base de las necesidades coyunturales de la Casa Rosada.
El gobierno necesitaba ese contrafallo para reponer la ley de tierras y así desactivar la movida opositora en la Cámara de Diputados prevista para el jueves próximo. La oposición apuntaba ya no a derogar el decreto 154, el que derogaba la ley, sino todo el decreto 70/23, casi tres años después de que Milei lo firmara.
Para la oposición no iba a ser sencillo conseguir la cantidad de diputados necesaria para tumbar el DNU en bloque. El gobierno prefirió no arriesgarse ni tener que pedirles socorro a los gobernadores y partidos provinciales para salvarlo en momentos en que intenta convencerlos de que lo ayuden a derogar las Paso y aprobar el presupuesto 2027.
La ley de tierras no es prioridad en la Casa Rosada. Otra rareza de este gobierno. Siempre llamó la atención la obsesión con que desde el primer día batalló para que personas y corporaciones extranjeras pudieran comprar sin ninguna restricción tierras productivas, limítrofes y cercanas a riquezas naturales. Ahora le pide a la Corte que reponga la cautelar contra su propio decreto de derogación.
¿La derogación fue el intento de favorecer a intereses con nombre y apellido o es el fruto de una obsesión ideológica del “Coloso” Sturzenegger? ¿Cómo sigue la película? La oposición comprobó que el amparo judicial es una herramienta vulnerable para sostener la ley de tierras. El gobierno se da cuenta de que el remedio de la Corte le baja la fiebre, pero la oposición en Diputados intentará tumbar el decreto 70/23 cada vez que se le abra una ventana.
La ley que regula y limita la propiedad de tierras conserva una aceptación social mayoritaria en un país que votó a un gobierno que piensa que limitar la propiedad privada es inconcebible y pretende derogar la norma. A primera vista hay una tensión, una contradicción sobre la que indagar. Aunque no trabajaron el caso concreto, lo de la ley de tierras bien puede encuadrarse en conclusiones del último estudio de la consultora Escenario, que dirigen los politólogos Federico Zapata y Pablo Touzón.
Comentarios (10)
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Por fin se reponen la ley de tierras. Era inaceptable que se buscara abrir la compra de tierras productivas a corporaciones extranjeras sin restricción.
No me gusta que la Corte cambie de opinión en diez días. Si el fallo del 29 de septiembre era un favor, el del viernes también parece hecho a medida.
Al menos ahora la ley sigue vigente. La oposición puede intentar tumbar el decreto 70/23, pero necesita mayoría y no la tiene fácil.
No tan fácil. Si el gobierno necesita a los gobernadores para el presupuesto 2027 y las Paso, la oposición puede presionar desde el decreto 70/23.
Milei y Sturzenegger primero quieren tumbar la ley de tierras y ahora piden que se reponga. La obsesión ideológica no tiene freno.
No es solo ideología, también hay presión social y una ley con aceptación mayoritaria. El gobierno se movió para evitar un problema en Diputados.
Lo raro es que el mismo gobierno que derogó la ley ahora pide a la Corte que reponga la cautelar. ¿Quién se cree que engaña?
Me parece bien que se reponga la ley de tierras. Proteger tierras productivas y recursos naturales no es un capricho, es sentido común.
El dato importante es que la oposición comprobó que el amparo judicial es vulnerable. Ahora va a intentar tumbar el decreto 70/23 cada vez que tenga oportunidad.
Exacto. El remedio de la Corte le baja la fiebre, pero no resuelve la pelea en Diputados.