A casi dos años del crimen de Andrés “Pillín” Bracamonte, la Justicia federal volvió a poner la lupa sobre el patrimonio que dejó el exjefe de la barra brava.
El crimen ocurrió el 9 de noviembre de 2024, a la salida de un partido de Rosario Central, y dejó también muerto a Daniel “Rana” Attardo.
El Juzgado Federal N° 3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, ordenó seis allanamientos el 28 de septiembre en Rosario, Granadero Baigorria, Ibarlucea y San Lorenzo.
Los operativos fueron impulsados por Procelac, Procunar y la Unidad Fiscal Rosario, y buscaban rastrear activos que, según la hipótesis, siguieron circulando después del asesinato.
Gendarmería Nacional secuestró 11 vehículos, una motocicleta de 1.200 cc, ocho Rolex, casi 4,8 millones de pesos, una pistola calibre .22 y documentación contable.
Entre los nombres que reaparecen figura Carlos Vergara, exsecretario general de la Uocra en San Lorenzo, detenido junto a Bracamonte en noviembre de 2023 por asociación ilícita y extorsiones.
En aquella causa provincial se describieron exigencias a constructoras del cordón industrial: viandas, baños químicos y otras contrataciones obligatorias para no paralizar obras. En 2023 se secuestraron 39,1 millones de pesos, 18.300 dólares e inhibidores en la casa de Vergara, y unos 6 millones de pesos en la de Bracamonte.
Los allanamientos alcanzaron la vivienda de la última pareja de Bracamonte en Los Álamos, el inmueble de su exesposa e hijo, propiedades de Fernando Rigiracciolo y Eduardo Langhi, un domicilio vinculado a Vergara y la sede de ATE Servicios Integrales SRL.
La firma, antes conocida como Vanefra, fue señalada como cáscara para contrataciones forzadas. Los fiscales también siguen a Ser-Eco SRL, Ruffino SAS y otras sociedades.
También están bajo la lupa Kabrasi SRL, B+D Logística y Welding & Company, estructuras que, según la acusación, habrían dado apariencia legal a capitales ilícitos.
La investigación sostiene que la muerte del exjefe de la barra no cortó la circulación de activos ni la explotación económica de la red. Ese es el eje que ahora vuelve a mover la causa federal.
Los peritos fiscales trabajan sobre una reconstrucción patrimonial que incluye bienes registrables y estructuras societarias. El objetivo es determinar si esos activos provienen de capitales opacos generados por las extorsiones.
La causa provincial de 2023 había documentado un esquema de presión sobre empresas constructoras: servicios de viandas, alquiler de baños químicos y otras exigencias comerciales. La Justicia federal ahora busca explicar cómo esos fondos habrían pasado a sociedades pantalla y bienes registrables.
El despliegue de Gendarmería incluyó computadoras, teléfonos celulares, soportes digitales y documentación contable. Esos elementos pueden ser clave para rastrear cuentas, contratos y operaciones vinculadas a la red.
La lista de domicilios muestra el radio de acción del caso: Ibarlucea, Granadero Baigorria, San Lorenzo y Rosario. Ahí aparecen parejas, exesposa, hijo, allegados y empresas.
Con información de: El Ciudadano y fuente principal.
Comentarios (10)
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Dos años y todavía siguen apareciendo relojes y autos. En Rosario la barra siempre tuvo plata y nadie la tocaba de verdad.
Con 11 autos y Rolex no se lava plata, se exhibe. Ojalá no quede en un archivo.
Ocho Rolex y casi 4,8 millones en efectivo. Eso no es casualidad. Hay que seguir la plata.
Lo que preocupa es que la causa provincial de 2023 ya mostraba extorsiones. Ahora hay que ver si la federal llega a las sociedades.
¿Alguien sabe si Vergara sigue preso o si tiene medidas? La nota no lo dice y eso importa.
La Uocra tiene que explicar cómo un exsecretario general termina en esto. No es un caso aislado.
Bien que la Justicia federal lo reactivó. La barra no puede seguir manejando negocios como si fuera una empresa familiar.
Siempre es bien cuando hay allanamiento, pero después hay que ver si hay condena. Ya vi causas que se diluyen.
Que apunten a Vanefra y a otras sociedades es lo importante. Si no, solo se lleva los autos y nada más.
El detalle de los allanamientos en Ibarlucea y San Lorenzo muestra que la red no era solo de Rosario. Eso complica.