La ley de Discapacidad volvió a tensionar la relación entre oficialismo y aliados. Un grupo de diputados reclamó al Gobierno que se elimine del Presupuesto 2027 el artículo que deroga la emergencia y se reemplace por una versión que precise el financiamiento, según el dictamen firmado esta semana.
La polémica se instaló ante la ausencia de una aprobación pública del Ministerio de Economía, lo que generó dudas entre las fuerzas dialoguistas. Eso llevó a que los diputados Oscar Herrera Ahuad, Oscar Zago, Eduardo Falcone y Álvaro González solicitaran formalmente al presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, que informe con «urgencia» el importe de las partidas presupuestarias necesarias.
En el oficialismo hay malhumor por el tema presupuestario y reclamaron al Palacio de Hacienda que responda sobre el financiamiento o si está dispuesto a rechazar la propuesta dejando abierto el recinto para que el kirchnerismo y la oposición más dura repliquen lo ocurrido el año pasado con la emergencia en discapacidad.
Los testigos hablan de un capítulo más de la interna del Gobierno. Al parecer, el ministro Luis «Toto» Caputo no avaló la jugada de Martín Menem para bloquear la movida de los K y la oposición díscola, que presionan por prorrogar la emergencia que vencerá el 31 de diciembre y creen que la derrota en comisión se revertirá en el recinto.
Sin embargo, el riojano cuenta con el apoyo de los diputados oficialistas, el PRO, la UCR y los aliados para avanzar con el dictamen firmado esta semana. Hay coincidencia de que el Capítulo VI del Presupuesto, que promueve la derogación de los principales puntos de la emergencia en discapacidad, es «invotable».
Incluso confían que Patricia Bullrich no pondrá trabas en el Senado para que avance la propuesta y se convierta en ley, luego de no haber sido alertada sobre el ajuste planeado por «Toto» Caputo en discapacidad.
«Lo que está pasando es que un grupo del Gobierno que quiere más ajuste no entiende que viene el Papa, que va a ir al Cottolengo Don Orione, y nosotros no vamos a estar votando un recorte de las partidas en discapacidad. Desde Diputados planteamos una salida alternativa con el menor costo posible», sintetizaron desde el campamento libertario.
Mientras los aliados piden un informe a la Oficina de Presupuesto del Congreso para definir el costo fiscal de la nueva ley, el oficialismo ajusta los últimos detalles del financiamiento porque quiere garantizar que la norma no será vetada por Javier Milei.
En principio, admitieron que para sacar el dictamen hubo números genéricos, ya que el Presupuesto 2027 aún no comenzó a ser tratado en la Cámara baja, pero aseguran que las partidas están en el proyecto.
Para definir el dictamen hubo reuniones entre los diputados de La Libertad Avanza y aliados con el Ministerio de Economía, representado por un enviado del secretario de Hacienda, Carlos Guberman; la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal Murphy; y el Ministerio de Salud, que encabeza Mario Lugones.
Según las planillas a las que tuvo acceso Clarín, la nueva Ley de Discapacidad tendrá un presupuesto de casi $ 7,26 billones. La principal variación se da en las pensiones no contributivas por invalidez, con un aumento nominal del 33 % y un costo total de $ 6,09 billones. A eso se agrega la cobertura médica, en $ 1,16 billones, que incluye a pensionados y grupo familiar.
Mientras que para los programas de inclusión social de los discapacitados se proyecta un presupuesto de $ 7.414 millones, con una variación real del 193,4 %.

Comentarios (10)
Deja tu comentario
Al menos se está discutiendo el financiamiento antes de votar. Con la emergencia venciendo el 31 de diciembre, no puede haber improvisación.
Siempre igual, primero prometen y después recortan. Con $7,26 billones no alcanza para nada.
No es que no alcance, es que no quieren poner números claros. Por eso piden informe a la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Exacto, mejor que se aclare antes de votar. Menos improvisación y más transparencia.
Lo que me preocupa es que el Presupuesto 2027 todavía no comenzó a tratarse en la Cámara baja y ya hay tensiones por la ley de Discapacidad.
Lo del Papa y el Cottolengo Don Orione muestra que hay sensibilidad, pero también presión política.
No es sensibilidad, es marketing. Lo importante es que no se recorten partidas en discapacidad.
Que el Capítulo VI sea invotable para muchos es una señal de que no quieren dejar a los discapacitados en la calle.
Me parece bien que se mencione el aumento nominal del 33% en pensiones, pero falta ver cómo se financia en la práctica.
Ojalá se mantenga ese aumento y la cobertura médica de $1,16 billones no quede en el papel.