Lo que se destapó en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario no es un caso aislado ni un error administrativo. Es, según la acusación, una operación sistemática que duró al menos siete años y que ocurrió, paradójicamente, en las narices de quienes tienen como misión perseguir exactamente ese tipo de delitos.
El exfiscal Mariano Ríos Artacho fue detenido acusado de liderar una asociación ilícita dedicada a vaciar fondos de fianzas, cauciones y dinero secuestrado en expedientes del MPA. La maniobra, según la investigación, no fue un golpe de mano sino un esquema sostenido en el tiempo, con acceso privilegiado a los recursos del organismo y, al parecer, con una llamativa ausencia de controles internos.
¿Cómo es posible que durante siete años nadie haya advertido lo que estaba pasando? Esa es la pregunta que hoy recorre los pasillos del MPA y que ningún funcionario parece querer responder en voz alta. Porque la respuesta, cualquiera sea, es incómoda: o hubo complicidad, o hubo una negligencia institucional de proporciones difíciles de justificar.
Lo que trascendió es que la detención de Ríos Artacho no cayó bien puertas adentro del organismo. Los pedidos de investigación que se dispararon a partir del caso generaron cortocircuitos internos de consideración. Hay fiscales que se sienten señalados, hay sectores que temen que la causa se expanda, y hay una interna que, según fuentes del propio MPA, estaba latente desde antes y ahora encontró la excusa perfecta para estallar.
El dato que más incomoda es el contexto institucional: Ríos Artacho se desempeñaba en el área de delitos económicos, la misma unidad que debería ser el escudo del sistema contra este tipo de maniobras. Que el presunto esquema haya funcionado durante tanto tiempo en ese ámbito específico no es un detalle menor: es una señal de alarma sobre la solidez real de los mecanismos de control del MPA.
En Rosario, donde la relación entre el sistema judicial y la desconfianza ciudadana ya viene tensionada desde hace años, este tipo de escándalos tienen un costo institucional que va mucho más allá del expediente penal. Cada vez que un funcionario del propio aparato de justicia termina en el banquillo, la pregunta que se instala en la calle es siempre la misma: ¿quién controla a los que controlan?
La causa está en pleno desarrollo y los alcances todavía no están del todo definidos. Pero lo que ya quedó claro es que el MPA tiene una herida abierta que no se va a cerrar solo con la detención de un exfiscal. Hace falta una revisión profunda de los mecanismos de auditoría interna, de los circuitos por donde circula el dinero secuestrado en causas judiciales, y de quiénes tienen acceso a esos fondos. Si eso no ocurre, el caso Ríos Artacho será apenas el primero de una serie.
Comentarios (14)
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Siete años. SIETE. Y nadie vio nada. O todos miraban para otro lado. En este país la justicia es una joda.
Lo más grave no es el tipo que robó, sino que estaba en la unidad de delitos económicos. Es como poner al zorro a cuidar el gallinero. ¿Cómo no había ningún control externo?
Y encima los cortocircuitos internos... o sea, en vez de hacer autocrítica se pelean entre ellos. Típico.
Hay que ser cuidadoso. Todavía es una acusación, no una condena. El tipo tiene derecho a defenderse. Esperemos que la Justicia funcione.
Gustavo, entiendo lo que decís, pero siete años de maniobras no es algo que se arma de un día para el otro. Algo había.
No te digo que no, Roberto. Digo que hay que esperar el proceso. Si es culpable que le caiga todo el peso. Pero el linchamiento mediático previo tampoco ayuda.
¿Y el fiscal general qué dice? ¿Nadie le pregunta a él cómo es posible que esto haya pasado bajo su gestión?
En el MPA se pelean entre ellos porque tienen miedo de que la causa se expanda. Eso dice todo.
Trabajo en el ámbito judicial y te digo que los controles sobre esos fondos son un desastre desde hace años. Esto no sorprende a nadie que esté adentro del sistema.
Lorena, ¿y por qué nadie lo denunció antes si era tan obvio?
Marce, porque el que denuncia en estos ámbitos queda marcado. No es tan fácil como parece desde afuera.
¿Cuántos más habrá haciendo lo mismo y todavía no los agarraron?
La nota está bien pero le falta preguntar quién lo cubrió todos estos años. Eso es lo que nadie quiere investigar.
Ojalá esto sirva para que de una vez se haga una auditoría seria de todos los fondos judiciales. No solo en Rosario, en toda la provincia.