Policía en Santa Fe: el debate sobre seguridad que sacude a Rosario y a toda la provincia

No sorprende que "policía" sea tendencia en Google Argentina. En un país donde la inseguridad ocupa el primer lugar en las encuestas de preocupación ciudadana, cualquier hecho policial de magnitud dispara las búsquedas en todo el territorio. Pero en Santa Fe, y particularmente en Rosario, este tema tiene una densidad y una historia que pocas provincias pueden igualar.

Veinte años cubriendo la política santafesina me enseñaron algo: cuando se habla de policía en esta provincia, se habla de mucho más que patrulleros y comisarías. Se habla de poder territorial, de vínculos históricos con el crimen organizado que costaron sangre y escándalos institucionales, y de un proceso de reforma que el gobernador Maximiliano Pullaro tomó como bandera desde el primer día de su gestión.

La Policía de Santa Fe viene de una historia compleja. Hubo épocas en que sectores de la fuerza estuvieron más cerca del problema que de la solución. La infiltración narco en las fuerzas de seguridad fue un tema que explotó públicamente durante los años más duros de la violencia rosarina, y que obligó a depuraciones, intervenciones y cambios de conducción que se sucedieron con una velocidad que mareaba. Pullaro conoce ese barro de primera mano: fue ministro de Seguridad antes de ser gobernador, y sabe exactamente qué cajones no hay que abrir sin estar preparado.

La gestión actual apuesta a una reforma estructural de la fuerza: más formación, mejor equipamiento, salarios que compitan con la tentación del delito, y una doctrina de trabajo que separe definitivamente a la policía de los circuitos criminales. No es tarea sencilla. Cambiar una cultura institucional lleva años, y los resultados no siempre son inmediatos ni visibles en los titulares.

El problema de fondo, que en Rosario se siente con más crudeza que en ningún otro lado, es que la Nación debe acompañar. Las fuerzas federales, los recursos para inteligencia criminal, el financiamiento de programas de prevención: todo eso depende de una articulación con el gobierno nacional que históricamente ha sido irregular, condicionada por la política y por la coparticipación que Santa Fe nunca cobró completa. Mientras Buenos Aires mira para otro lado o manda recursos con cuentagotas, Rosario pone los muertos.

El debate sobre la policía no es solo policial: es presupuestario, es político y es social. Una fuerza mal pagada, mal equipada y sin respaldo institucional es una fuerza vulnerable. Y una fuerza vulnerable, en una ciudad con la presión del crimen organizado que tiene Rosario, es un riesgo enorme. Eso lo saben en el Palacio de los Leones, lo saben en la Jefatura de Policía, y lo saben los vecinos que cada noche escuchan sirenas en sus barrios.

Mientras el tema sigue siendo tendencia a nivel nacional, en Santa Fe la discusión ya pasó de los titulares a la gestión concreta. Queda ver si los resultados acompañan la voluntad política.