El Juzgado Federal 4 de Rosario procesó a la obstetra Dolly Edith Viale y le embargó bienes por diez millones de pesos. La decisión judicial la acusa de haber falsificado un acta de nacimiento en 1978 para entregar un bebé a un matrimonio y suprimir su identidad de origen.
La causa se inició el 12 de noviembre de 2023 con la denuncia de Roberto Fargioni, quien relató la sustitución de su identidad y una adopción ilegal. Un examen de ADN realizado en 2014 excluyó el vínculo de maternidad y paternidad con Nélida Leporatti y Roberto Nazareno Fargioni, quienes figuran en la partida de nacimiento como sus progenitores.
El acta de nacimiento 898 señala a Roberto como hijo de Leporatti y Fargioni con fecha 9 de septiembre de 1978 y la firma de Dolly Edith Viale. La imputación establece que la obstetra insertó declaraciones sin correspondencia con la realidad en documentos oficiales para suprimir la identidad del niño.
Viale se desempeñó como obstetra en el Hospital Roque Sáenz Peña desde el 26 de agosto de 1964 hasta el 28 de febrero de 1992. Ese acceso a una institución pública, según el fallo, habría permitido utilizar certificados oficiales que certificaban nacimientos para asignar identidades biológicas falsas a recién nacidos.
El expediente incorpora el testimonio de tres testigos, vecinas de la familia, quienes mencionaron la presencia del bebé sin haber visto a la mujer embarazada. Además, una de ellas señaló la amistad entre el apropiador y un médico ginecólogo, quien le comentó que el bebé había nacido en el Hospital Baigorria, que su madre biológica era una joven del norte y que había sido entregado a la familia Fargioni.
En un allanamiento realizado en el domicilio de Viale, en la calle Lamadrid 403, se secuestró un certificado de nacido vivo sin completar y un talonario de recetas con el sello de la Maternidad Roque Sáenz Peña. La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad reportó otras siete actas en duda con la firma de la imputada.
“De estos elementos de prueba analizados en su totalidad es posible inferir que Dolly Edith Viale, en su calidad de obstetra de una institución pública, tenía acceso a documentos oficiales que certificaban nacimientos y, en este caso, los utilizó para asignar identidades biológicas falsas a recién nacidos”, señala el fallo. El fallo agrega que su accionar habría tornado “incierta, alterada y suprimida la identidad del bebé recién nacido”.
El magistrado ordenó el procesamiento de Viale como autora de los delitos previstos en los artículos 139, inciso 2, y 293, en función del artículo 292, del Código Penal. La medida incluye el embargo de sus bienes, mientras se profundiza la investigación sobre la presunta utilización de certificados oficiales en blanco.
El caso expone una pregunta incómoda: ¿cómo se controlaba el acceso a documentos oficiales en una maternidad pública? No se trata solo de un papel falsificado, sino de una identidad construida sobre una historia que no era la del niño. La investigación deberá determinar si la maniobra fue aislada, porque la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad reportó otras siete actas en duda.
Comentarios (10)
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Que una obstetra haya tenido acceso a papeles oficiales y los haya usado para cambiar la identidad de un bebé es de una gravedad enorme. Ojalá se investiguen las otras siete actas.
Coincido, pero también me preocupa que el niño haya crecido con una historia que no era la suya. El daño no se repara con un procesamiento.
El daño es enorme, pero al menos ahora hay una causa. Que no quede en nada.
Me quedo con el detalle de que tres vecinas vieron al bebé sin conocer a la madre. Eso le da peso a la denuncia.
Eso es clave, porque no es solo un papel, hay testigos y un allanamiento con un certificado sin completar.
Diez millones de pesos de embargo? Para muchos es una broma, pero para ella puede ser una presión enorme.
No es broma, es una medida para asegurar la causa. Que se investigue bien.
Me indigna que en una institución pública se haya usado ese acceso para alterar identidades. Hay que revisar cómo se controlaban los certificados.
Exacto, el acceso a documentos oficiales no puede ser un privilegio para alterar identidades.
Esperemos que el ADN y las otras actas en duda permitan esclarecer si hubo más casos.