Lo que parecía una simple estafa digital terminó en una de las investigaciones más complejas de la fiscalía rosarina. Cristian Martínez, de 34 años, quedó preso preventivamente por intentar hackear el sistema judicial usando su mayor arma: la credulidad de los funcionarios y la falsificación de identidad.
El modus operandi era sofisticado. Entre fines de 2024 y mediados de 2025, Martínez creó casillas de correo con dominios que simulaban ser del Poder Judicial y de la Corte Suprema. Su objetivo no era menor: obtener las claves de Sifcop, la base de datos que registra medidas judiciales y restricciones sobre personas y vehículos. Si lo hubiera logrado, habría tenido en sus manos el mapa de las restricciones vigentes del país.
La primera jugada fue el 5 de noviembre de 2024. Desde una cuenta trucha, envió un mail al Ministerio de Seguridad Nacional pidiendo acceso al sistema. Lo firmó como si fuera el secretario de un juzgado porteño, pero cometió un error fatal: usó el nombre de Julio Herrera, un empleado judicial, no un magistrado. El organismo le indicó que se dirigiera a la Comisión de Gestión de la Corte. Ahí vino el segundo golpe: el 20 de noviembre, volvió a escribir haciéndose pasar por la responsable del área, invocando incluso a la jueza María Servini para darle peso a su pedido.
La Duof de la Policía Federal lo rastreó hasta su domicilio en Callao al 1100, en el macrocentro, y luego a su nueva vivienda en los Condominios Los Pasos Fisherton 1, donde fue detenido a fines de septiembre. Allí, los detectives encontraron un detalle que heló la sangre: una placa falsa de la Policía Federal. ¿Quién es este tipo? ¿Un simple estafador o un eslabón de una red más grande?
Los números no cierran. Según la imputación de los fiscales Federico Reynares Solari e Ignacio Falconi, Martínez no tiene ingresos declarados ni paga monotributo. Sin embargo, en 2024 sus cuentas recibieron 41 millones de pesos; en seis meses de 2025, otros 34 millones; y en lo que va de 2026, 49 millones. La hipótesis fiscal es que vendía información sensible o integraba una organización criminal. La tela para cortar es mucha.
Además, no es un desconocido para la justicia. Tenía una suspensión de juicio a prueba vigente por falsificación de documentos, donde le decía a la Dcaep que trabajaba en un "estudio jurídico". También tiene causas abiertas por presentar documentación falsa ante el Colegio de Médicos y por intentar ingresar al sistema Sicap de salud provincial con un usuario trucho. El juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz dictó la prisión preventiva por 90 días, valorando el riesgo de fuga y la reiteración delictiva.
Esta no es solo una nota policial. Es una advertencia sobre la fragilidad de nuestras instituciones digitales. Si un rosarino sin ingresos puede simular ser juez federal y mover millones, ¿qué tan seguros estamos realmente? La investigación sigue abierta, pero la pregunta que queda en el aire es: ¿quién más estaba del otro lado de esos correos?
Comentarios (9)
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Que horror, 49 millones en 2026 y no paga monotributo. Este tipo es un fantasma financiero. La AFIP debería estar mirando para otro lado o directamente no puede.
41+34+49 = 124 millones. Eso es una fortuna. No es un estafador de barrio, es un tipo que tiene una red. Me da la sensación de que esto es la punta del iceberg.
Lo que me da miedo es la placa falsa de la Policía Federal. Si se la creía un policía, ¿cuántas veces pudo haberse metido en lugares donde no debía? Es un peligro público.
Ya se sabe, otro rosarino que se cree más listo que todos. Pero ojo, la Duof lo atrapó rápido. Al menos en esto la Federal funciona.
@Rosarino indignado No me jodas, que la Duof funcione es la excepción, no la regla. Pero bueno, en este caso lo rastrearon por los mails. Si no hubiera dejado cabos sueltos, hoy estaría libre.
Me quedo con la parte de que le decía a la Dcaep que trabajaba en un 'estudio jurídico'. La cara que debe tener cuando le dicen que es un impostor. Qué cinismo.
Vivo cerca de los condominios donde lo agarraron. Nunca lo vi, pero da una tranquilidad saber que lo tienen preso. Espero que le caiga todo el peso de la ley.
¿Y la jueza Servini? ¿Ella sabía que su nombre estaba siendo usado para estafar? Ojalá la fiscalía aclare si hubo complicidad o fue solo un uso indebido de su figura.
Lo que más me preocupa es el acceso a Sifcop. Si hubiera logrado las claves, podría haber sabido quién tenía medidas judiciales. Eso es información de estado, no un secreto de WhatsApp.