En Rosario se cruzaron dos temas que pueden mover el tablero económico y judicial de la ciudad: impuestos a los loteos y el caso Damfield. De un lado, la posibilidad de equiparar el tratamiento tributario entre la venta de un lote y la de un primer departamento. Del otro, una sentencia que no cierra la pelea, pero obliga a discutir el impacto hídrico con peritajes más amplios.
La diferencia actual es clara: cuando un urbanizador entrega la posesión de un lote, debe pagar 4,5% de Ingresos Brutos. En cambio, cuando un constructor vende por primera vez un departamento, está exento del pago. Esa excepción nació para aliviar el costo del acceso a la primera vivienda, pero hoy genera una asimetría que la Cámara de Urbanizadores planteó ante Puccini.
El ejemplo que circula en el sector es contundente: una familia de clase media que compra un lote de 20 mil dólares en San Jerónimo para construir su primera vivienda paga el impuesto. Un inversor que compra un departamento 0km en una torre premium de Puerto Norte, no. Ahí está el reclamo: que la misma instrumentación que se aplica al primer departamento se extienda a los lotes destinados a primera vivienda.
La novedad es que el Ministerio de Desarrollo ya está trabajando para incorporar esa equiparación en la Ley Tributaria 2027. La idea no es crear un nuevo beneficio aislado, sino aplicar a los lotes la misma lógica que hoy existe para la venta del primer departamento. Si se concreta, el cambio puede tener efecto sobre el costo de acceso a la vivienda.
En paralelo, la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial confirmó el rechazo del amparo presentado por el Fideicomiso Damfield Funes. El tribunal validó las decisiones del gobierno provincial que paralizaron el emprendimiento y revocaron autorizaciones hídricas otorgadas a los desarrolladores. Pero el fallo no es una puerta cerrada: el propio tribunal advirtió que el conflicto técnico excede las posibilidades de un amparo.
La clave está en el detalle: la Cámara señaló que la discusión sobre el balance hídrico, las cotas de drenaje y la incidencia del proyecto sobre el sistema de la presa del arroyo Ludueña requiere un proceso de conocimiento más amplio, con prueba pericial específica. También señaló que el relevamiento topográfico presentado por los desarrolladores requiere un análisis técnico que no puede realizarse dentro de las limitaciones del amparo, porque sus resultados son controvertidos por la Provincia.
Por eso, la controversia no termina. Continuará por la vía contencioso-administrativa, donde se pueden revisar los antecedentes administrativos, los estudios técnicos y la legalidad de las medidas provinciales. Mientras tanto, la Provincia sigue impulsando actuaciones administrativas, entre ellas una intimación de Fiscalía de Estado que exige restituir las condiciones originales de los terrenos intervenidos.
Los desarrolladores, en tanto, cuestionan esa última medida. Sostienen que fue impulsada por un funcionario sin competencia ambiental ni hidráulica y que carece de una fundamentación concreta para identificar los daños y los trabajos necesarios. Además, señalan una contradicción en la actuación del gobierno provincial durante la actual gestión. El punto no es menor: la disputa judicial no se cierra con este fallo.
Con información de Rosario3 y el Ministerio de Desarrollo.
Comentarios (10)
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Que por fin se toque el 4,5% de Ingresos Brutos a los loteos. Si un inversor no paga por un departamento 0km en Puerto Norte, no tiene sentido que una familia pague por un lote en San Jerónimo.
No es tan simple. El amparo no es el camino para discutir peritajes hídricos. La Cámara dijo que hace falta un proceso más amplio, no que el proyecto esté cerrado.
Justo, pero tampoco podemos dejar que se discutan en un amparo temas que necesitan peritaje. El agua no se juega a las apuradas.
Ojalá que en la Ley Tributaria 2027 no quede solo en promesa. Ya se habló mucho y después no se instrumenta.
Con la Justicia así, el caso Damfield va a durar años. Primero amparo, ahora contencioso-administrativo, y la Provincia sigue intimando.
Acá lo que me preocupa es la intimación de Fiscalía de Estado para restaurar los terrenos. Si no se demuestra qué daño hay, es un palo en la rueda.
Que equiparen impuestos suena bien, pero si no baja el costo real de la vivienda, es maquillaje. La clase media sigue pagando de más.
No es maquillaje si se aplica la misma instrumentación que al primer departamento. Lo que falta es que se concrete en la ley.
Lo del relevamiento topográfico controvertido es clave. Si la Provincia y los desarrolladores no se ponen de acuerdo en los números, el litigio no termina.
El punto de la competencia del funcionario que intimó también pesa. Si no está claro quién puede exigir la restauración, la medida se debilita.