Hay un agujero en la ley que las bandas narco conocen mejor que cualquier abogado. Y Santa Fe quiere taparlo.
Este miércoles, el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, se presenta ante la Comisión de Asuntos Penales de la Cámara de Diputados de la Nación para impulsar una reforma concreta a la ley marco de microtráfico. El objetivo es claro: que las provincias tengan más herramientas legales para perseguir el narcomenudeo sin depender de una interpretación federal que hoy, en la práctica, les ata las manos.
El problema que denuncia Cococcioni no es menor. La legislación nacional vigente condiciona la intervención de las jurisdicciones locales a que la droga esté fraccionada directamente para el consumo. Suena técnico, pero las consecuencias son muy concretas: si la droga está en un estado intermedio —ni para consumo inmediato ni para tráfico internacional—, nadie tiene competencia clara para actuar. Ese limbo jurídico es el que aprovechan las bandas que operan en los barrios de Rosario y otras ciudades santafesinas.
"Detrás de la política contra el microtráfico está la posibilidad de perseguir a las bandas que dinamizan la violencia en el territorio y en los barrios de las principales ciudades de la provincia", afirmó el ministro en diálogo con LT10. Y fue más preciso todavía: "Estamos hablando de venta en el territorio ligada a bandas criminales que después se disputan a los tiros una esquina para vender, un búnker, una familia contra otra".
¿Cuántas veces escuchamos esa descripción en Rosario? Demasiadas. Y sin embargo, la ley nacional sigue sin dar respuesta a esa realidad cotidiana.
La propuesta de Santa Fe tiene dos ejes centrales. Primero, reemplazar el criterio del fraccionamiento por un concepto más amplio: el del mercado local de estupefacientes. Segundo, invertir la regla de competencia: que el narcomenudeo sea jurisdicción provincial por defecto, y que solo pase a la órbita federal cuando haya un interés estratégico explícito, como tráfico interjurisdiccional, fronteras internacionales, vías navegables o aplicación de la ley antimafia. En esos casos, se prevé una prórroga de competencia mediante acuerdo entre fiscalías provinciales y federales.
El ministro también destacó que Santa Fe está en condiciones de asumir ese rol. "Tenemos un sistema acusatorio consolidado desde 2014 y una estructura de más de 200 fiscales provinciales en condiciones de actuar con eficiencia", señaló. La adhesión al nuevo régimen, además, sería optativa para cada provincia, lo que le da margen político a la iniciativa para sumar apoyos en el Congreso.
Cococcioni fue honesto sobre el camino que viene: "Va a ser un debate complejo porque cada provincia puede tener su mirada". Y tiene razón. No todas las provincias tienen el mismo sistema procesal, ni la misma capacidad institucional, ni la misma urgencia. Pero para Santa Fe, que lleva años conviviendo con una guerra narco que dejó cientos de muertos en Rosario, la urgencia es real y documentada.
La pregunta que queda flotando es si el Congreso nacional va a estar a la altura de lo que los territorios más golpeados por el narcomenudeo necesitan. O si, una vez más, la política va a llegar tarde mientras las bandas siguen disputando esquinas a los tiros.
Con información de: El Ciudadano / LT10
Comentarios (13)
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Ya era hora. Hace años que los fiscales provinciales tienen las manos atadas por una ley que no entiende lo que pasa en los barrios. Si la Justicia federal no puede o no quiere actuar, que actúen los nuestros.
¿Y cuántos años más vamos a esperar? Esto lo vienen prometiendo desde el gobierno de Bonfatti. Mientras debaten en Buenos Aires, acá la gente se muere.
Entiendo la bronca pero algo es algo. Si no cambian la ley, los fiscales no pueden hacer nada aunque quieran. El problema es estructural, no solo de voluntad.
Mientras tanto en el barrio siguen vendiendo en la misma esquina de siempre. Que se pongan de acuerdo de una vez.
Me parece bien la iniciativa pero me preocupa que cada provincia haga lo que quiera. Necesitamos una política nacional coordinada, no 24 sistemas distintos.
Cococcioni tiene razón en el diagnóstico pero hay que ver si después tienen la voluntad política real de meter presos a los que hay que meter. Porque fiscales hay, lo que falta es decisión.
Desde el punto de vista jurídico, la propuesta tiene lógica. El criterio del fraccionamiento es anacrónico y genera problemas reales de competencia. Lo que hay que ver es cómo se instrumenta el acuerdo entre fiscalías provinciales y federales para evitar conflictos.
Ojalá funcione. En mi barrio hay un búnker a dos cuadras y todos saben quién vende. La policía pasa y no hace nada. A ver si con más competencia provincial algo cambia.
igual los narcos grandes no los van a tocar nunca, esto es para los peces chicos de siempre
No es menor que Santa Fe tenga 200 fiscales y un sistema acusatorio funcionando desde 2014. Eso es una ventaja real frente a otras provincias. Si la ley les da el marco, pueden actuar.
sí claro, 200 fiscales y Rosario es la ciudad más violenta del país. Muy bien que les va
Que el debate sea complejo no es excusa para no darlo. Cococcioni al menos está yendo al Congreso a plantear el tema. Eso ya es más de lo que hacen muchos.