El gobierno de Santa Fe volvió a la carga con un reclamo que se arrastra hace meses: que la Nación extienda el sistema SUBE a todo el transporte interurbano provincial. El motivo es concreto y tiene nombre y número: uno de cada cuatro usuarios que debería acceder a la tarifa social no puede hacerlo, simplemente porque la empresa de colectivos que toma no está integrada al sistema.
El planteo provincial apunta a una inequidad estructural: el beneficio de la tarifa social —que subsidia el costo del pasaje para jubilados, personas con discapacidad, desempleados y beneficiarios de planes sociales— queda supeditado a qué línea sube el pasajero, no a quién es ese pasajero. Una lógica absurda que castiga a los más vulnerables por una falla de coordinación entre el Estado nacional y las provincias.
La tarifa social SUBE fue creada en 2012 durante la gestión kirchnerista y permite descuentos de hasta el 55% en los primeros viajes del mes. Sin embargo, su cobertura siempre estuvo concentrada en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con una expansión lenta y despareja hacia el interior del país. Santa Fe, con una red de transporte interurbano que conecta decenas de localidades, quedó con una integración parcial que hoy genera esta brecha.
Desde la perspectiva fiscal, el reclamo tiene una doble lectura. Por un lado, extender la SUBE implica mayor transparencia en el uso de los subsidios al transporte: el sistema permite rastrear cada viaje, cada beneficiario, cada peso gastado. Eso es exactamente lo contrario al esquema opaco de subsidios discrecionales que caracterizó a la era kirchnerista, donde el dinero fluía sin auditoría real. Por otro lado, la extensión del sistema requiere inversión en infraestructura tecnológica y acuerdos con empresas privadas que hoy operan fuera del esquema.
El transporte interurbano en Santa Fe moviliza a cientos de miles de personas por semana, muchas de ellas trabajadores que se desplazan entre localidades del interior para llegar a sus empleos, centros de salud o instituciones educativas. Para ese universo, la diferencia entre pagar tarifa plena o tarifa social puede representar una porción significativa del ingreso mensual, especialmente en un contexto donde la inflación acumulada de los últimos años destruyó el poder adquisitivo de los sectores más bajos.
El gobierno de Maximiliano Pullaro viene sosteniendo una postura de diálogo con la administración Milei, pero sin resignar reclamos concretos en materia de recursos y servicios para la provincia. Este pedido sobre la SUBE se inscribe en esa lógica: no es una confrontación ideológica, sino una demanda técnica y operativa que tiene impacto directo en la calidad de vida de los santafesinos.
La pelota queda en la cancha del gobierno nacional, que tiene en sus manos tanto la decisión política como la infraestructura del sistema. La pregunta es si la extensión de la SUBE al interior profundo del país entra en la agenda de un gobierno que, con razón, prioriza el equilibrio fiscal pero que también tiene la oportunidad de demostrar que la eficiencia del gasto no es incompatible con la equidad en el acceso a los servicios básicos.
Comentarios (13)
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Yo soy jubilada y viajo seguido a Esperanza a ver a mi hija. Nunca pude usar la tarifa social porque el colectivo que tomo no está en el sistema. Hace años que pido esto y nadie hace nada.
Che, pero esto es un reclamo de Pullaro a Milei, ¿no? ¿O sea que el gobierno libertario no resuelve ni esto?
No es tan simple. Extender la SUBE requiere acuerdos con empresas privadas y plata para infraestructura. No se hace de un día para el otro. Igual el reclamo es válido.
Válido o no, llevamos años con esto y siempre hay una excusa. Primero era Macri, después la pandemia, después Cristina, ahora Milei. El jubilado sigue pagando tarifa llena.
Al menos con la SUBE hay transparencia, se sabe adónde va cada peso. Eso es mejor que los subsidios en negro que manejaba el kirchnerismo sin que nadie supiera nada.
La tarifa social existe desde 2012 y en 14 años no la pudieron extender a todo el país. Eso dice todo sobre la gestión del Estado en Argentina.
Exacto Néstor, y ahora el mismo peronismo que no lo hizo en su momento sale a criticar que no se hace. La hipocresía no tiene límites.
Más allá de la política, el dato concreto es que 1 de cada 4 usuarios no accede al beneficio. Eso es un fracaso del sistema, sin importar quién gobierne.
Mi marido trabaja en Rafaela y viaja desde acá. Paga el pasaje completo todos los días porque la empresa no está en la SUBE. Son miles de pesos al mes que no tendría que gastar.
Pullaro hace bien en reclamar. El interior siempre fue el patio trasero de las políticas nacionales. La SUBE nació para el AMBA y al resto nos tiraron las migajas.
Ojalá se resuelva pronto. Pero me preocupa que si se extiende el sistema sin control, los subsidios vuelvan a dispararse. Tiene que haber auditoría real de quién accede.
¿Y las empresas de colectivos por qué no se suman al sistema? Algo habrá ahí también, no toda la culpa es de la Nación.
Diego, las empresas no se suman porque implica inversión en tecnología y mayor control del Estado sobre sus ingresos. Prefieren el efectivo sin registro. Ahí está la clave del asunto.