La historia de un bebé que creció sin saber quiénes eran sus padres volvió a judicializarse en Rosario, donde la partera Dolly Viale fue indagada por supresión de identidad.
El Juzgado Federal N°4 formalizó este martes la audiencia y el fiscal Andrés Montefeltro expuso la maniobra: en 1978, la obstetra habría asentado datos falsos para inscribir a Roberto Fargioni como hijo biológico de otra pareja.
Según la acusación, Viale certificó a N.L. y R.N.F. como madre y padre biológicos del niño. Con ese instrumento, los involucrados tramitaron después el Documento Nacional de Identidad del menor, un paso que quedó en el centro de la investigación.
El golpe de la causa no está en la firma de un papel, sino en la consecuencia: Fargioni desconoce hasta hoy su filiación materna y paterna. Cuatro décadas después, la pregunta sigue abierta: ¿cuánto tiempo más tiene que esperar un hijo para saber de dónde viene?
La fecha señalada por la acusación es el 9 de septiembre de 1978. Ese día, según el relato judicial, se asentó la información falsa que permitió inscribir al niño con una filiación que no era la real. La distancia entre esa fecha y la audiencia de este martes marca la magnitud del tiempo que tardó la causa en llegar a una imputación formal.
La calificación no se limita a un error administrativo. El expediente habla de alteración y supresión de identidad, dos figuras que pesan porque afectan el derecho de una persona a conocer su origen. En este caso, el daño no se mide solo en papeles: se mide en una vida que creció con un nombre y una historia que no le pertenecen.
La audiencia fue virtual y estuvo presidida por el juez Carlos Vera Barros. Participaron por Zoom la imputada, su defensor Diego Sosa y el fiscal Andrés Montefeltro.
Montefeltro integra la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo de la fiscal Soledad García.
El silencio de Viale en la audiencia también tiene peso procesal. La imputada se abstuvo de declarar tras escuchar los cargos. En la práctica, eso deja la palabra en manos de la fiscalía y de la acusación que ya sostiene el expediente. La defensa, representada por Diego Sosa, tendrá que trabajar sobre ese escenario.
La caución de $5.000.000 no es un trámite menor. El juez le dio un plazo de cinco días para pagarla y así continuar en libertad durante el proceso. Para una causa de estas características, la medida habla de una decisión judicial que busca garantizar el comparecimiento mientras avanza el proceso.
Fuentes oficiales citadas por La Capital señalaron que esta es una de las primeras denuncias que se le hicieron a la partera por apropiación de bebés. El dato importa: no aparece como un hecho aislado, sino como una señal de que la investigación puede seguir creciendo.
La acusación describe un mecanismo antiguo y eficaz: una certificación falsa de obstetra, una inscripción civil con datos erróneos y un DNI que se usó para identificar al menor. En causas de identidad, cada documento falso es una puerta cerrada para el hijo que busca su origen.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una herida vieja: los bebés apropiados, las familias separadas y la dificultad de reconstruir una vida cuando falta una respuesta clara. En Rosario, la causa avanza con una imputada que calló y una fianza que no borra la historia.
Con información de: El Ciudadano, La Capital.
Comentarios (12)
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Cuatro décadas para llegar a una indagatoria es demasiado. Ojalá la causa avance y Fargioni pueda saber de dónde viene.
No es que la causa sea lenta, es que los casos de identidad son complejos. Hay que distinguir entre demora y abandono.
Complejos sí, pero cuatro décadas no se justifican con burocracia. Alguien tiene que rendir cuentas.
Me indigna que una partera haya podido certificar algo falso. La identidad no es un papel, es una vida.
5 millones de fianza y sigue en libertad. Mientras tanto, el hijo sigue sin saber quiénes son sus padres.
Me parece bien que haya fianza, pero también que se investigue a fondo. No puede quedar en un trámite.
La frase de la nota me quedó: cada documento falso es una puerta cerrada. Bien dicho.
¿Y si la partera calla? Que la prueba documental hable. En estos casos, el silencio también dice mucho.
El silencio es un derecho, pero también deja la pelota en la cancha de la fiscalía. Que la investigación no se quede ahí.
Espero que la fiscalía no se quede en la partera y siga investigando quiénes usaron el DNI falso.
5 millones de pesos hoy no son lo que eran antes, pero al menos hay una medida que obliga a comparecer.
Pensar que un niño creció con una historia que no era la suya. Que se haga justicia.