La investigación judicial que apunta a una presunta red de venta de bebés en Rosario y la región sumó más de 40 denuncias de personas que buscan su identidad biológica y de madres engañadas.
La causa, que indaga el funcionamiento de una red clandestina de venta de recién nacidos entre 1968 y 1980, avanza en los Tribunales federales con pedidos de exhumación para muestras de ADN y la citación a declaración indagatoria de una de las parteras acusadas.
La principal hipótesis de la querella y la Fiscalía apunta a una red que operaba en Rosario, pero también en Casilda y Cañada de Gómez. Además, estiman que habría más personas involucradas, como parteros y médicos.
«El tema de la prueba documental es dificultoso dado que los registros del Sáenz Peña han sido destruidos por la Municipalidad en su momento», señaló Juan Singer, abogado querellante de dos de las víctimas.
Según la investigación, las parteras operaban en domicilios particulares y en algunas instituciones públicas. La modalidad se repetía: les decían a las madres que sus bebés habían nacido muertos para luego entregarlos a familias apropiadoras a cambio de una suma de dinero.
«Tenemos conocimiento de que participaron socias de Dolly y que siempre tenía parteros asociados. Tenía una clínica clandestina donde no solamente atendía ella o la hermana, sino también otras personas que fueron variando a lo largo del tiempo», aseguró Singer.
En el caso de Roberto, por ejemplo, la persona que lo entregó era un médico ginecólogo. El abogado advirtió que no existen registros en las instituciones públicas del personal a cargo para esas fechas.
«Estamos investigando en localidades vecinas donde hay enfermeras vivas que han participado y las han visto trabajar tanto a Dolly como a Silvia. El mismo accionar que han tenido en Rosario lo han llevado a todos lados».
«Por los tipos de respuestas que han tenido las víctimas, era algo ensayado y reproducido hasta el cansancio. Es como una factoría; se han manejado como una empresa», describió Singer.
«Para ella los bebés eran un número y un signo pesos», dijo la hija apropiada de la obstetra acusada.
En la mayoría de los casos, los padres de crianza de las víctimas fallecieron. Antes de morir, les informaban a los hijos que eran adoptados, lo cual desencadenó las dudas junto con las firmas de Dolly o su hermana en la partida de nacimiento.
Con respecto a los padres biológicos, Singer señaló que hay varias hipótesis. En raras excepciones había familias que entregaban los bebés para la venta por una pequeña suma de dinero.
«Lo que siempre se les decía era que habían nacido fallecidos o con muchas deformaciones, entonces los aislaban y no se los permitían ver a la madre. No les entregaban certificado de defunción ni el cuerpo del bebé», explicó el abogado.
En un caso sí le entregaron un cuerpo, pero no coincidía con la edad biológica de un bebé recién nacido. En las últimas semanas se sumaron consultas de madres en busca de sus hijos.
«Se han quedado con la pregunta de qué pasó verdaderamente. Generó incertidumbre en el apropiado y en la madre biológica. Son los indicios que nos habilitan a la investigación penal», sostuvo Singer.
Según explicó el abogado querellante, tanto a Dolly como a Silvia Viale les corresponden los delitos de alteración de los datos filiatorios y biológicos de una persona, y de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años.
En ambas causas, se pidieron prórrogas dada la complejidad y la cantidad de recursos que demanda la pesquisa. Como parte de la investigación, solicitaron exhumar los cuerpos de los apropiadores para obtener muestras de ADN.

Comentarios (10)
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Esto es una vergüenza que se siga investigando a 50 años. Las madres merecen respuestas, no más prórrogas.
No sé si es culpa de la investigación, pero 40 denuncias muestran que el daño fue enorme. Hay que bancar a las víctimas.
Me da bronca que los registros del Sáenz Peña hayan sido destruidos. ¿Quién responde por eso?
Una factoría de bebés es una palabra que debería escandalizar a todos. No puede quedar impune.
Concuerdo, pero también hay que ver si hubo cómplices en instituciones públicas. Eso es lo que más me preocupa.
Sí, porque si operaban en instituciones públicas, la red era más grande. No solo parteras.
Lo del cuerpo que no coincidía con la edad biológica es escalofriante. Espero que el ADN dé respuestas.
¿Y las madres que se enteraron recién ahora? Eso es una herida que no se cierra.
Que se investigue a médicos y enfermeras vivas es clave. No puede ser solo la partera.