La Seccional 27 de Arroyo Seco quedó finalmente sin detenidos alojados tras el traslado de la totalidad de los 21 presos que permanecían en sus instalaciones. La medida, concretada luego de gestiones de las autoridades locales ante el gobierno de la provincia de Santa Fe, pone fin a una situación de sobrepoblación que se había convertido en un problema estructural para la dependencia policial.
La seccional, que no está diseñada para alojar detenidos de manera prolongada, acumuló con el tiempo una cantidad de personas privadas de su libertad que excedía ampliamente su capacidad operativa. Este tipo de situaciones es habitual en comisarías del interior provincial, donde la falta de plazas en el sistema penitenciario formal termina recargando a las fuerzas policiales con una función que no les corresponde: la custodia de presos en condiciones edilicias inadecuadas.
Desde el municipio de Arroyo Seco —ciudad ubicada a unos 30 kilómetros al sur de Rosario, sobre la Ruta Nacional 11— venían insistiendo ante la provincia para que se diera una solución definitiva al problema. La respuesta llegó con el traslado de los 21 detenidos hacia otras dependencias del sistema penal santafesino, aunque las autoridades locales no precisaron a qué establecimientos fueron derivados.
La sobrepoblación carcelaria y en comisarías es uno de los problemas crónicos del sistema penal argentino. Según datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), la provincia de Santa Fe registra históricamente índices de hacinamiento que superan la capacidad instalada del servicio penitenciario, lo que obliga al Estado a recurrir a las seccionales policiales como válvula de escape. Lejos de ser una solución, esa práctica genera condiciones inhumanas de detención y expone a las fuerzas de seguridad a responsabilidades que no deberían asumir.
La situación en Arroyo Seco no era un caso aislado: comisarías de toda la región metropolitana de Rosario y del interior santafesino conviven con detenidos en celdas pensadas para estancias breves, sin infraestructura adecuada para alimentación, higiene ni atención médica. Que haya hecho falta una gestión política específica para resolver algo tan básico como descomprimir una seccional con el doble o triple de su capacidad habla, una vez más, de la ineficiencia estructural del Estado provincial para administrar sus recursos penitenciarios.
Por ahora, el traslado representa un alivio para el personal policial de la Seccional 27 y para los propios detenidos. Si la solución es permanente o si en pocas semanas la dependencia vuelve a llenarse dependerá de la capacidad del gobierno de Maximiliano Pullaro para sostener una política penitenciaria que no descargue sus déficits sobre las comisarías del interior.
Comentarios (12)
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Menos mal que lo resolvieron, pero que haya tardado tanto en solucionarse dice todo del Estado provincial. ¿Cuánto tiempo estuvieron así? ¿Meses? Eso no es gestión, es abandono.
Y los trasladaron... ¿a dónde? ¿A otra comisaría igual de saturada? El problema no se resuelve moviendo el hacinamiento de lugar.
Vivo en Arroyo Seco y esto era un escándalo hace rato. Los policías de la seccional estaban desbordados, no daban abasto. Por lo menos ahora pueden trabajar como corresponde.
Che, pero esto es lo mínimo que debería hacer el Estado. ¿Festejamos que cumplieron con lo básico? Qué bajo el listón.
Entiendo tu punto, pero cuando vivís el problema de cerca valorás que se resuelva aunque sea tarde. No es festejar, es alivio.
El sistema penitenciario santafesino está colapsado hace años y ningún gobierno lo resolvió. Ni el kirchnerismo, ni Bonfatti, ni Lifschitz, ni Perotti. Ahora le toca a Pullaro y tampoco parece tener la solución estructural.
Siempre lo mismo: el municipio pide, la provincia demora, y mientras tanto los que laburan en la seccional se las arreglan como pueden. Un papelón.
Hay que ver si en seis meses no vuelven a estar igual. Esto es un parche, no una política penitenciaria seria.
Al menos el municipio gestionó y consiguió algo. Eso hay que reconocerlo.
¿Y los derechos de los detenidos? Estar hacinados en una comisaría que no tiene condiciones mínimas es una violación flagrante. Esto debería haber llegado a la justicia mucho antes.
Con todo respeto, Daniela, los derechos de los detenidos importan, pero también los del personal policial que tenía que custodiar el doble de gente con los mismos recursos. El Estado los abandonó a todos.
Ojalá sea definitivo y no vuelvan a cargar la seccional en dos meses. Lo dudo, pero ojalá.