La causa por juego clandestino dio un paso procesal importante en Rosario: la Justicia formalizó la imputación contra cinco personas señaladas de integrar una presunta asociación ilícita. El expediente, que ya provocó la caída del jefe de los fiscales de Rosario, mantiene en el centro de la escena a un senador provincial acusado de conducir la estructura.
En la audiencia del miércoles, los jueces Eleonora Verón, Paula Álvarez y Alejandro Negroni rechazaron de manera unánime las medidas cautelares alternativas solicitadas por el Ministerio Público de la Acusación. Consideraron que los elementos presentados no bastaban para fundamentar restricciones preventivas.
La resolución no cierra la causa ni define la culpabilidad de los imputados. La investigación sigue, con una hipótesis fiscal que ubica al senador Armando Traferri como presunto conductor de la organización y al empresario Leonardo Peiti, ya condenado a tres años de cárcel, como principal beneficiario del esquema clandestino.
Entre los formalizados figuran el ex diputado provincial Darío Marcelo Scataglini, el abogado y ex funcionario villagalvense José Francisco Fernández Chemes, y el ex concejal Oscar Rubén Larrauri. La acusación les atribuye intervenciones para facilitar el negocio, encubrir dividendos y sostener mecanismos de protección.
También quedaron imputados los letrados Fernando Daniel Moschini y Aníbal Diego Porri. Según la teoría del caso, cada uno habría tenido un rol distinto dentro de la estructura que funcionó entre abril de 2017 y septiembre de 2021.
La Fiscalía sostiene que Scataglini operó como enlace político central entre Traferri y Peiti, con gestiones para que la firma Wildar Gaming obtuviera contrataciones ligadas a terminales de lotería virtual. Destaca una supuesta reunión del 11 de marzo de 2020 en una oficina senatorial de San Lorenzo, junto a Fernández Chemes, para coordinar acciones ante el Ministerio de Economía y presentaciones formales ante la Lotería un mes más tarde.
La investigación cuestiona además la transferencia de acciones de Wildar efectuada en septiembre de 2020 a favor de Fernández Chemes y Larrauri, maniobra que interpreta como un intento de ocultar a los verdaderos beneficiarios. A ambos se les atribuye una visita al Centro de Justicia Penal tras la detención del ex comisario Alejandro Torrisi, en junio de 2020.
Esa visita derivó, según la acusación, en contactos con el entonces fiscal Gustavo Ponce Asahad, también condenado en el caso, para alertar a Peiti sobre los avances judiciales. Porri, ex asesor de la Guardia Urbana Municipal, sumó una imputación por presunto cohecho activo por haber entregado dinero a Ponce Asahad en julio de 2020, además de instar a la destrucción de telefonía celular.
Moschini es señalado como intermediario entre Peiti y Traferri, con participación en maniobras para frenar la declaración del empresario como arrepentido y la filtración de un borrador de acuerdo. También quedó imputado por su presunta participación en el desvío de un subsidio de la Asociación Civil, según el texto de la acusación.
El fallo deja la causa en etapa de investigación y pone a prueba la capacidad del MPA para sostener la hipótesis con pruebas suficientes. En Rosario, el caso sigue siendo un termómetro de la confianza institucional.
Comentarios (8)
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Que no haya cautelares preocupa, pero la causa sigue. Ojalá no se enfríe.
Totalmente de acuerdo. Con imputaciones no alcanza si no hay medidas que eviten nuevas maniobras.
Cada vez que aparece un nombre conocido, la bronca es la misma. ¿Hasta cuándo?
La bronca no sirve, pero sí la presión para que la Justicia siga investigando.
Al menos formalizaron imputaciones. Eso ya es un avance, aunque duela.
Avance relativo. Si no hay cautelares, puede seguir habiendo contactos y filtraciones.
Me llama la atención el rol de los abogados en la estructura. Habrá que ver cómo se prueba cada intervención.
Exacto, la prueba es clave. No hay que confundir imputación con condena.