La licitación vial más grande del año está en marcha y ya tiene nombres que no pasan desapercibidos. La Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones recibió 13 oferentes con un total de 31 propuestas, y entre los que se anotaron para quedarse con los tramos aparece Cristóbal López, el empresario mediático y energético que supo ser uno de los hombres más cercanos al kirchnerismo y que hoy arrastra causas judiciales de peso.
Los tramos en juego no son menores: Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte. Rutas que concentran tráfico pesado, comercio interjurisdiccional y millones de pesos en recaudación de peajes por año. Quien se quede con estas concesiones no solo gana un negocio rentable: gana influencia sobre corredores estratégicos del país.
Lo que llama la atención —y lo que no puede pasarse por alto— es que varios de los oferentes tienen imputaciones en la causa de los Cuadernos, el expediente que sacudió al establishment empresarial argentino y que reveló el esquema de coimas entre contratistas del Estado y funcionarios kirchneristas. Que esas mismas figuras vuelvan a presentarse en licitaciones públicas de esta magnitud es, cuanto menos, una pregunta que el Gobierno debería responder con claridad.
¿Qué controles existen para que empresas o empresarios con causas penales abiertas participen de concesiones del Estado? La respuesta, según el marco normativo vigente, es que una imputación no equivale a una condena, y que hasta que no haya sentencia firme, la participación en licitaciones públicas no está vedada automáticamente. Pero la legalidad de algo no siempre equivale a su conveniencia política o institucional.
El caso de Cristóbal López es paradigmático. El empresario, dueño del Grupo Indalo y ex concesionario de tragamonedas y medios de comunicación, fue procesado en causas vinculadas a deuda con AFIP y otros delitos económicos durante el gobierno de Mauricio Macri. Luego de años de batallas judiciales, su figura volvió a ganar visibilidad pública. Ahora, con el gobierno de Javier Milei en el poder y una agenda de privatizaciones y concesiones en pleno desarrollo, López aparece entre los que quieren volver al ruedo de los negocios con el Estado.
La Red Federal de Concesiones es uno de los ejes centrales de la política de infraestructura del actual gobierno. La idea es transferir al sector privado la gestión y el mantenimiento de pullaro-abre-la-era-santilli-con-un-compromiso-de-nacion-sobre-la-ruta-a012.html" class="auto-link">pullaro-se-reunio-con-santilli-en-casa-rosada-deuda-previsional-y-rutas-ejes-del.html" class="auto-link">rutas nacionales a cambio de la recaudación de peajes, reduciendo así el gasto público en obra vial. En teoría, un modelo razonable. En la práctica, todo depende de a quiénes se les entrega ese negocio y bajo qué condiciones.
Con 31 propuestas sobre la mesa, la competencia es real. Pero la presencia de actores con historial judicial complejo en un proceso de esta envergadura obliga a que los organismos de control —la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General, el propio Congreso— estén atentos. No alcanza con que el proceso sea formalmente correcto: tiene que serlo también en sus resultados.
El desenlace de esta licitación dirá mucho sobre cómo el gobierno de Milei entiende la transparencia en los negocios públicos. Si el criterio es solo el precio más bajo o la mejor oferta técnica, sin mirar quién está detrás, el riesgo de repetir viejos vicios con nueva retórica es alto. Argentina ya pagó muy caro ese error.
Comentarios (13)
Deja tu comentario
Que Cristóbal López vuelva a presentarse en licitaciones del Estado es una vergüenza. Este señor le debía miles de millones a AFIP y ahora quiere quedarse con los peajes. ¿En serio nadie ve el problema?
Nunca tuvo condena, Marcelo. Inocente hasta que se demuestre lo contrario, eso dice la Constitución. O eso aplica solo cuando conviene?
La Constitución también dice que el Estado debe proteger el interés público. Darle una concesión millonaria a alguien con causas abiertas no parece exactamente eso.
Lo que me preocupa no es solo López. El artículo dice que hay VARIOS imputados en Cuadernos entre los oferentes. ¿Cuántos son? ¿Quiénes? Eso habría que publicarlo con nombre y apellido.
El modelo de concesiones en sí no está mal, es lo que usan en Chile, Brasil, España. El problema es la transparencia en la adjudicación. Si gana el mejor proyecto técnico y económico, bien. Si gana el amigo de turno, mal. Eso aplica para cualquier gobierno.
Kirchnerismo o Milei, siempre los mismos empresarios en la vuelta. Cambia el relato, no cambia el negocio.
Totalmente de acuerdo con LaFlaca. La casta empresarial es tan casta como la política. Milei habla de la casta pero les abre la puerta del Estado a los mismos de siempre.
Che, ¿alguien sabe qué tramos son exactamente el Portuario Sur y Portuario Norte? ¿Tienen que ver con el puerto de Rosario? Porque si es así esto nos afecta directamente.
Sí, los corredores portuarios incluyen accesos al Gran Rosario. Si López o cualquier otro con causas se queda con eso, los camioneros y productores del interior van a pagar peajes a un tipo que le choreó plata al fisco. Genial.
Hay que ver qué dice la oferta técnica antes de rasgarse las vestiduras. Si presenta el mejor proyecto, ¿lo descartamos por una causa sin condena? Eso también es un problema institucional.
Gustavo, el problema no es solo jurídico. Es político y moral. El Estado tiene la potestad de elegir con quién hace negocios. No está obligado a darle una concesión a nadie. Puede y debe ser más exigente.
Yo no entiendo mucho de esto pero si el tipo le debía plata a todos los argentinos y ahora va a cobrar peajes... algo no cierra.
31 propuestas para 4 tramos. Hay competencia real. Ojalá gane el mejor y no el más conectado. Aunque en Argentina pedir eso es casi un chiste.