Una moto que pasó despacio, sin detenerse, fue la única señal antes de que los disparos atravesaran una ventana y mataran a Sergio Leguizamón, de 46 años, en Villa Gobernador Gálvez. El crimen, ocurrido en julio de 2023, tuvo su primer desenlace judicial: uno de los autores materiales aceptó una condena a 18 años de prisión por el asesinato.
Leguizamón no era un actor central en el mundo narco. Según se estableció en el juicio, había sido condenado anteriormente por su participación como actor secundario en la venta de drogas a baja escala en la zona. En sus últimos días, intentaba reencauzar su vida con changas de albañilería. Sin embargo, alguien desde adentro del sistema penitenciario decidió que debía morir.
La orden llegó desde la cárcel de Coronda, donde un jefe de banda criminal, privado de su libertad, mantuvo intacto su poder territorial. Desde allí, coordinó el asesinato y pagó a dos soldados para ejecutarlo. El mecanismo es tristemente conocido en el conurbano rosarino: líderes encarcelados que siguen manejando los hilos del negocio ilegal y eliminan a quienes consideran una amenaza o un mensaje necesario para mantener el control de las esquinas.
El ataque fue ejecutado de manera clásica: una moto de baja velocidad, un tirador que disparó a través de la ventana del domicilio de la víctima, y una huida rápida. Leguizamón murió en el lugar. El crimen buscaba, según la investigación, dejar un mensaje territorial claro en el barrio.
Uno de los dos ejecutores llegó a un acuerdo con la Justicia y aceptó la condena de 18 años. Este tipo de juicios abreviados son frecuentes en causas donde la evidencia es contundente y permiten al sistema judicial avanzar con mayor celeridad, aunque para muchos vecinos y familiares de las víctimas la sensación de impunidad persiste mientras el verdadero responsable —quien dio la orden desde la cárcel— sigue siendo juzgado por separado o aún no tiene condena firme.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una problemática estructural que afecta a los barrios populares del Gran Rosario: la violencia narco como herramienta de disciplinamiento territorial. Villa Gobernador Gálvez, municipio del Gran Rosario ubicado al sur de la ciudad, ha sido escenario recurrente de este tipo de hechos, donde la disputa por el control de la venta minorista de drogas cobra vidas de personas que, en muchos casos, tienen vínculos periféricos con el negocio o simplemente viven en el territorio en disputa.
La condena a 18 años representa un avance en la causa, pero la pregunta que queda abierta es qué pasará con quien impartió la orden desde Coronda. La capacidad de los líderes criminales de operar desde las cárceles es uno de los desafíos más urgentes que enfrenta el sistema de seguridad provincial, y una de las deudas pendientes del Estado con los vecinos que conviven a diario con esta violencia.
Comentarios (13)
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18 años para el que apretó el gatillo y el que dio la orden sigue cómodo en Coronda. Eso es lo que hay que explicar. La cabeza de la banda sigue mandando desde adentro como si nada.
Y el tipo que ordenó el crimen desde la cárcel cuándo cae? Porque si no cae él, esto no sirve de nada. Mañana manda a otro soldado y listo.
Al menos algo de justicia para la familia de Leguizamón. 18 años no es poco. Ojalá también caiga quien dio la orden.
Che, el tipo estaba haciendo changas de albañilería, tratando de salir del mundo narco, y lo mataron igual. Eso es lo más triste de todo esto.
Exacto. Había salido del negocio y lo mataron igual. Para los que mandan, una vez que entraste en ese mundo no salís más. Eso es lo que hay que entender.
Yo vivo en Villa Gobernador Gálvez y le puedo decir que esto pasa todo el tiempo. Los jefes están presos pero siguen mandando en el barrio. La policía lo sabe, todos lo saben, y nadie hace nada.
Qué tiene que ver la gestión de Monteverde con esto? El problema es provincial y nacional. Las cárceles las maneja la provincia.
El juicio abreviado está bien para avanzar rápido, pero a veces da la sensación de que el Estado negocia con asesinos. Entiendo la lógica procesal pero es difícil de digerir.
18 años en Argentina son cuánto, 9 con buena conducta? Pregunto en serio.
En Argentina las penas de prisión perpetua y las largas como esta no tienen reducción automática a la mitad. Hay libertad condicional a los dos tercios, o sea a los 12 años aproximadamente, si hay buena conducta. No es lo mismo que la mitad.
Gracias por aclarar, aunque igual 12 años para un asesinato por encargo me parece poco.
Lo que más me preocupa es que el preso que ordenó el crimen desde Coronda sigue teniendo poder. Eso habla de un fracaso total del sistema penitenciario. ¿Para qué sirve meterlos presos si siguen delinquiendo desde adentro?
Pobre familia de Leguizamón. Un hombre que intentaba rehacer su vida y lo usaron de mensaje. Eso es lo más cruel.