La justicia argentina le puso fin a años de recursos y maniobras dilatorias: el ex gobernador de Entre Ríos Sergio Daniel Urribarri, de 67 años, fue detenido durante la madrugada del sábado 6 de septiembre y trasladado a la Unidad Penal N° 1 de Paraná para comenzar a cumplir su condena de ocho años de prisión efectiva por delitos de corrupción. Junto a él ingresaron al penal su cuñado Juan Pablo Aguilera y el ex ministro de Cultura y Comunicación Pedro Ángel Báez, los otros dos condenados en la misma causa.
Los tres habían pasado la noche del viernes en la Alcaidía de Paraná antes de ser trasladados al establecimiento carcelario. El desenlace se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el último recurso pendiente, dejando firme la sentencia dictada originalmente en 2022 por el Tribunal de Juicio y Apelación entrerriano.
La causa que llevó a Urribarri a la cárcel acreditó un sofisticado esquema de desvío de fondos públicos: 143 operaciones irregulares realizadas entre 2010 y 2015, durante su gestión al frente de la provincia, mediante contratos de publicidad oficial simulados que canalizaban dinero hacia empresas vinculadas a su cuñado Aguilera. El perjuicio económico para las arcas entrerrianas superó los 12 millones de pesos. Los delitos por los que fue condenado son negociaciones incompatibles con la función pública y peculado, figuras que en la práctica describen el uso del Estado como caja personal.
Hasta último momento, la defensa intentó evitar el ingreso al penal. El abogado de Urribarri, Leopoldo Cappa, solicitó al Tribunal de Paraná que se le concediera prisión domiciliaria, argumentando que su cliente nunca eludió la acción de la justicia y siempre estuvo a disposición del proceso. Como argumento adicional, la defensa aportó un diagnóstico médico que señala que Urribarri «se encuentra cursando un cuadro de trastorno de estrés postraumático». Los letrados de Báez, Ignacio Díaz y José Velázquez, presentaron un planteo similar.
Sin embargo, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano rechazaron formalmente ese reclamo y requirieron la «inmediata detención y traslado» al penal. El tribunal hizo lugar al pedido fiscal. Ahora, la jueza de Ejecución y Medidas de Seguridad, Cecilia Bértora, deberá resolver los nuevos planteos que inevitablemente presentará la defensa en la etapa de ejecución de la pena, incluyendo eventuales pedidos de arresto domiciliario por razones de salud.
El caso Urribarri es uno de los más resonantes de la política argentina reciente. El ex mandatario gobernó Entre Ríos durante dos períodos consecutivos, entre 2007 y 2015, y fue una figura de peso dentro del peronismo nacional. Tras dejar la gobernación, fue designado embajador en Israel durante la gestión de Alberto Fernández, cargo al que renunció en 2022 cuando se conoció la condena en primera instancia. Su caso ilustra con crudeza cómo el poder político puede convertirse en un escudo que retrasa —aunque no siempre evita— la rendición de cuentas.
Para quienes defienden la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, la imagen de Urribarri ingresando al penal de Paraná tiene un valor simbólico innegable: los fondos que el Estado destina a publicidad oficial no son patrimonio de quien gobierna, y desviarlos hacia el círculo íntimo tiene consecuencias concretas. El desafío pendiente es que esa consecuencia llegue con menos demora.
Con información de: La Capital, El Ciudadano.
Comentarios (15)
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Por fin. Tardó cuatro años desde la condena en primera instancia, pero llegó. Ojalá esto siente precedente para que los políticos entiendan que los fondos públicos no son de ellos.
Cuatro años peleando con recursos para no ir en cana. Si fuera cualquier ciudadano común ya estaba preso desde 2022. La justicia tiene dos velocidades.
Estrés postraumático dice la defensa jaja. El trauma lo tienen los entrerrianos a los que les robaron la plata de la publicidad oficial.
Hay que ser cuidadoso. Una condena firme es una condena firme y hay que respetarla. Pero también hay que garantizar condiciones dignas de detención, independientemente de quién sea el condenado.
Che @Roberto Mansilla, condiciones dignas de detención sí, pero no le pidas demasiado. Este señor tuvo cuatro años de 'condiciones dignas' en su casa mientras apelaba. Ya fue.
No te estoy diciendo que no vaya preso, te estoy diciendo que el Estado de derecho se aplica para todos. Si no, somos iguales a ellos.
¿Y los 12 millones de pesos que se robaron los devuelven? Porque ir preso está bien, pero la plata de los entrerrianos no vuelve sola.
Kirchnerismo puro. Gobernó dos mandatos, se llenó los bolsillos, lo mandaron de embajador a Israel y encima tardaron años en meterlo preso. El sistema los protege.
Esto no es mérito de ningún gobierno en particular, es la justicia funcionando aunque sea tarde. No lo convirtamos en bandera de nadie.
Tarde, mal y nunca. Cuatro años después de la condena. Eso no es justicia funcionando, es justicia cojeando.
143 operaciones irregulares. No fue un error, no fue un descuido. Fue un sistema armado para robar. Ocho años me parece poco, sinceramente.
y el cuñado también preso? no lo vi en ningún lado eso
Sí Braian, el cuñado Aguilera y el ex ministro Báez también entraron al penal. Los tres juntos. Leé la nota completa.
Lo que me llama la atención es que la defensa pidió domiciliaria por 'estrés postraumático'. ¿Qué trauma? ¿El de saber que lo iban a agarrar? Creatividad no les falta a los abogados.
Espero que la jueza Bértora no le dé la domiciliaria. Sería una burla total a la sentencia de la Corte Suprema.