La planta verificadora de automotores de Esperanza está en el centro de un escándalo de corrupción policial que ya tiene cuatro efectivos detenidos y una gestora imputada. El fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ezequiel Hernández, reveló este viernes los detalles de una investigación que expone cómo el Estado perdió el control sobre la transferencia de bienes registrables durante al menos dos años.
El mecanismo era simple pero sistemático: los policías a cargo de la verificación cobraban 50.000 pesos por cada automóvil y 30.000 pesos por cada motocicleta a cambio de confeccionar y firmar los formularios oficiales del Registro de la Propiedad Automotor sin realizar ninguna inspección física de los rodados. El dinero llegaba tanto en efectivo como mediante transferencias bancarias, y el engranaje funcionaba a través de una gestora que presentaba la documentación y abonaba la tarifa sin que los vehículos pisaran jamás la sede policial.
Los números son contundentes. Solo durante agosto de 2026, los investigadores constataron al menos 64 maniobras irregulares —48 correspondientes a autos y 16 a motos—, lo que representó una recaudación ilegal de 2.880.000 pesos en un único mes. La metodología, sin embargo, viene ejecutándose desde 2024 y 2025, lo que sugiere que el volumen total de dinero apropiado podría ser significativamente mayor.
El fiscal Hernández no dejó lugar a dudas sobre la calificación jurídica del caso. En declaraciones a radio LT10, fue categórico: «Es un cohecho de manual. En lo que vulgarmente se dice coima, se cobra un dinero, es un funcionario público que cobra una dádiva a cambio de hacer o dejar de hacer algo propio de su función». Para los policías, la figura aplicable es el cohecho pasivo; para la gestora, el cohecho activo.
De los cuatro imputados, uno ya tiene prisión preventiva dictada por 30 días tras un acuerdo entre Fiscalía y Defensa. Los otros tres efectivos permanecen detenidos y serán formalmente imputados entre el martes y el miércoles de la semana próxima. La investigación continúa abierta para determinar si hay otros funcionarios o particulares involucrados en la red.
Un dato que el fiscal destacó especialmente es que los clientes que recurrían a la gestora probablemente no sabían que el trámite era ilícito. Lo que para ellos parecía un «servicio de verificación simplificada» era, en realidad, una estafa al sistema registral del Estado. Hernández advirtió sobre las consecuencias futuras para los compradores: si en una verificación posterior los números de chasis o motor no coinciden, podrían enfrentar serios problemas legales sin haber tenido intención de cometer ningún delito.
Por ahora, las autoridades descartaron que la maniobra estuviera vinculada al encubrimiento de robo de automóviles o al accionar de bandas criminales organizadas. Pero el caso deja expuesta una grieta profunda en el sistema de control vehicular de la provincia: cuando quienes deben garantizar la transparencia de las transferencias son los mismos que las falsifican, el daño no es solo económico, sino institucional.
Esperanza, ciudad ubicada a unos 50 kilómetros al norte de Santa Fe capital, es cabecera del departamento Las Colonias y una de las localidades más importantes del interior provincial. Este caso se suma a una serie de investigaciones por corrupción en organismos de control vehicular que en los últimos años sacudieron a distintas provincias del país, poniendo en cuestión la efectividad de los sistemas de verificación como herramienta de seguridad vial y registral.
Comentarios (13)
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Hice la transferencia de mi auto en Esperanza el año pasado a través de una gestora. Ahora estoy muerta de miedo. ¿Cómo sé si mi trámite fue uno de los truchos? Nadie da información clara.
Lo mismo me pregunto yo. Hay que ver si el Registro del Automotor puede verificar cuáles trámites fueron firmados por estos policías. El Estado tiene que dar una respuesta a los compradores de buena fe.
Dos años haciendo esto y recién ahora los agarran. ¿Dónde estaban los controles internos de la fuerza? Esto no lo hace uno solo, alguien más sabía.
Exacto. Cuatro policías coordinados, una gestora que los alimentaba de clientes... esto tiene pinta de organización, no de cuatro vivos sueltos. El fiscal dice que no hay vínculo con bandas pero la investigación recién empieza.
Casi 3 millones en un solo mes. Multipliquen eso por 24 meses que llevan operando. Estamos hablando de una cifra enorme. Y encima con transferencias bancarias, o sea ni siquiera se escondían tanto.
Con transferencias bancarias jajaja. Eso es lo que los hundió, supongo. Dejaron rastro digital de todo.
Bien que los agarraron. Pero me preocupa la gente que pagó creyendo que era un trámite normal. Son víctimas también y nadie habla de ellos.
El fiscal al menos fue claro en que los compradores probablemente no sabían. Eso es importante para que no los persigan a ellos también. La responsabilidad es de los policías y la gestora.
Esto pasa en todo el país. Las verificadoras son un nido de corrupción hace décadas. ¿Cuándo van a digitalizar todo el proceso para que no dependa de un tipo con un sello?
Bien por el fiscal Hernández por avanzar con la causa. Ojalá no quede en estos cuatro y se investigue si hay más arriba que miraba para otro lado.
30 días de preventiva para uno solo y los otros todavía sin imputar formalmente. Muy poca cosa para semejante maniobra.
No me sorprende nada. En Esperanza todo el mundo sabe que las gestoras tienen sus 'arreglos'. Lo que sorprende es que hayan tardado tanto en investigarlo.
¿Y los jefes de esos policías? ¿Nadie supervisaba lo que pasaba en la planta verificadora? Alguien tenía que ver que los autos no llegaban y los papeles sí.