Una red de 150 empresas fantasma, casi 40.000 facturas electrónicas truchas y un fraude al fisco que superó los 1.800 millones de pesos en crédito fiscal de IVA. Así operó durante seis años la organización criminal que la Justicia federal de Rosario acaba de condenar y que el expediente judicial bautizó como "la banda de los contadores", por la profesión de uno de sus integrantes.
El Tribunal Oral Federal N°3 de Rosario, integrado de manera unipersonal por el juez Osvaldo Facciano, homologó esta semana el acuerdo de juicio abreviado al que llegaron las defensas de los tres imputados con los fiscales federales Federico Reynares Solari, Ignacio Falconi y María Virginia Sosa. La sentencia marca uno de los casos de asociación ilícita tributaria más significativos registrados en la región en los últimos años.
Los condenados son Marcelo Frontini y Gabriel Acosta, ambos oriundos de Casilda, quienes recibieron cuatro años de prisión como autores del delito de asociación ilícita tributaria. El tercer integrante, el contador público Guillermo Pigozzi, fue considerado partícipe secundario y condenado a tres años de prisión de ejecución condicional, más una inhabilitación especial de seis años para ejercer la contaduría pública.
La maniobra se extendió entre el 1° de enero de 2018 y el 7 de mayo de 2024, período durante el cual la organización emitió 39.195 comprobantes electrónicos apócrifos a través de 150 usinas creadas con ese fin, por un monto neto de $10.948.592.132. Esas operaciones generaron un crédito fiscal de IVA de $1.652.546.622, según registros de ARCA —el organismo que reemplazó a la ex AFIP.
Pero la maquinaria no se detuvo ahí. En los últimos meses de actividad, entre enero y mayo de 2024, la banda también emitió 1.579 comprobantes manuales y tickets electrónicos por casi $997 millones adicionales mediante otras 9 usinas apócrifas, lo que sumó un crédito fiscal de IVA extra de $166.341.748. En total, el perjuicio al erario público superó los 1.818 millones de pesos solo en IVA evadido.
La organización operaba principalmente en Casilda y Sanford, dos localidades del sur santafesino ubicadas en el departamento Caseros. El esquema consistía en crear empresas ficticias —las llamadas "usinas"— que emitían facturas electrónicas por servicios o mercaderías que nunca existieron. Las empresas receptoras de esas facturas las usaban para inflar su crédito fiscal y así reducir o anular su obligación tributaria frente al IVA, un mecanismo clásico de evasión que el fisco lleva años intentando combatir con tecnología y cruce de datos.
La investigación se desencadenó a partir de una detección técnica clave: la ex AFIP Rosario advirtió que diversas personas jurídicas realizaban operaciones desde una misma dirección IP, lo que resultaba incompatible con la actividad comercial legítima que declaraban. A partir de ese hilo, la Unidad Fiscal Rosario ordenó una serie de medidas que incluyeron escuchas telefónicas, tareas de campo e identificación de los equipos informáticos vinculados a los comprobantes. Los allanamientos se concretaron en junio de 2024 y permitieron recolectar prueba suficiente para sostener la acusación.
Al momento de dictar sentencia, el juez Facciano también ordenó el decomiso de bienes de los condenados: un Audi A4, una Ford Ranger Limited, $1.318.000 en efectivo y múltiples dispositivos electrónicos de almacenamiento y comunicación. Los activos decomisados reflejan apenas una fracción del beneficio económico que habría generado la organización durante sus seis años de actividad.
El caso pone en evidencia la sofisticación creciente de los esquemas de evasión tributaria y la importancia del cruce de datos digitales para detectarlos. En un contexto donde el gobierno nacional avanza en la consolidación fiscal y el ajuste del gasto, casos como este recuerdan que el otro lado de la ecuación —el ingreso genuino al fisco— también requiere vigilancia activa. La evasión no es una víctima sin rostro: es un costo que pagan todos los contribuyentes que sí cumplen.
Comentarios (15)
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Seis años operando y recién ahora los agarran. Mientras tanto los que laburamos en blanco pagamos cada vez más impuestos para sostener un sistema que estos tipos se cagaban de risa vaciando. Una vergüenza.
Al contador le dieron la pena en suspenso. O sea, no va a pisar la cárcel. Eso sí, seis años sin ejercer. Igual me parece poco para alguien que armó todo el andamiaje técnico de la estafa.
Lo que me llama la atención es que una sola IP los delató. Imaginate cuántas bandas más deben estar operando con más cuidado y todavía no las detectaron.
Esto es lo que pasa cuando el Estado tiene organismos de control que funcionan. La detección fue técnica, cruzando datos digitales. Ahí está la clave: más tecnología, menos burocracia.
150 empresas fantasma y casi 40 mil facturas truchas. Esto no lo armó uno solo en el garage de su casa. Había estructura, había clientes, había cómplices que recibían esas facturas sabiendo que eran falsas. ¿A esos no los investigan?
Exacto, esa es la pregunta que nadie hace. Las empresas que USABAN esas facturas para bajar su IVA también son parte del delito. Si no hay demanda de facturas truchas, no hay negocio para las usinas.
Che, pero tampoco seamos ingenuos. Muchas pymes reciben facturas sin saber que son apócrifas. No todos los receptores son cómplices conscientes.
Vivo en Casilda y esto fue un escándalo acá. Todo el mundo los conocía, tenían camionetas caras, vivían bien. Nadie preguntaba de dónde venía la plata.
La Ford Ranger y el Audi A4 decomisados. Al menos algo recuperó el Estado. Aunque sea una gota en el océano comparado con los 11 mil millones que facturaron.
Cuatro años de prisión por casi 11 mil millones en facturas truchas. Si robás una cartera te caen con todo el peso de la ley, pero si estafás al fisco con una organización criminal de seis años te dan cuatro añitos. La justicia argentina es un chiste.
No comparto del todo esa visión. El juicio abreviado implica que reconocieron los hechos, colaboraron con la investigación y eso tiene un valor procesal. No es impunidad, es el sistema funcionando.
¿El sistema funcionando? Tardaron seis años en detectarlos y después les dan un descuento por confesar. Muy bien el sistema, sí.
Lo del IP es increíble. Toda esa estructura, 150 empresas, miles de facturas, y al final los cagó una dirección de internet. Deberían enseñar este caso en las facultades de contabilidad como ejemplo de lo que NO hay que hacer.
Bien por la Unidad Fiscal Rosario y por ARCA. Este tipo de investigaciones requieren paciencia, tecnología y coordinación. Ojalá haya más casos así. La evasión la pagamos todos los que cumplimos.