La familia Shanahan tuvo este viernes un desenlace judicial dispar: el juez federal Carlos Vera Barros dispuso la prisión preventiva para Esteban Shanahan, hijo del ex presidente de Terminal Puerto Rosario (TPR), mientras que su madre, Graciela, quedó bajo arresto domiciliario y su hermana, Lucila, fue directamente excarcelada.
La resolución llegó al final de una jornada maratónica en la que los fiscales federales Juan Argibay, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari sostuvieron la indagatoria contra los tres imputados, acusados de presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas a la compra y venta de acciones de TPR, la concesionaria de los históricos muelles I y II del puerto rosarino.
Pero la causa tiene una dimensión que va mucho más allá de Rosario. En paralelo, el juzgado libró una orden de detención internacional contra el empresario catalán Jordi Pujol —señalado por presuntos sobornos y lavado de activos vinculados a la concesión portuaria— y contra el financista rosarino radicado en España Iván Ferrarons, apuntado como socio de Shanahan en las maniobras.
Para la fiscalía, el esquema funcionó así: Pujol, miembro de una de las familias con mayor peso político y económico de Cataluña, habría lavado millones de euros y dólares provenientes del narcotráfico internacional mediante la compra y venta de acciones de TPR, con Gustavo Shanahan —el padre, ex presidente de la terminal— como administrador local de las operaciones.
El escándalo tiene raíces profundas. Terminal Puerto Rosario S.A. fue constituida el 7 de agosto de 2002, durante el gobierno de Carlos Reutemann, con un capital social de $5.000.000. Desde su origen, la empresa mostró una opacidad accionaria que hoy los fiscales señalan como el caldo de cultivo ideal para las maniobras investigadas. Tres firmas concentraron prácticamente la totalidad del capital: Pro Puerto S.A. (48%), Inter Rosario Port Services S.A. (30%) e Interlogística Portuaria S.A. (21%). Las dos últimas fueron constituidas en Tarragona, España, aunque declararon domicilio argentino en la calle Peña 2083 de Buenos Aires, coincidiendo con la sede de la firma Loster Company S.A.
Mientras Pro Puerto nucleaba a los inversores locales —un conglomerado del establishment rosarino con negocios en construcción, finanzas y servicios jurídicos que creció fuerte en los noventa—, las firmas españolas agrupaban a empresas catalanas como Fruport SA, Silos de Tarragona SA, TPS Tarragona Port Services SA y la constructora Obrascon Huarte Laín, entre otras. La cabeza visible del grupo era Guillermo Salazar Boero, titular de acciones que el contrato de concesión declaraba intransferibles por diez años.
Un dato que desmonta un mito instalado durante años: el puerto de Tarragona nunca tuvo participación accionaria real en TPR. Su rol fue el de puente institucional para atraer empresas españolas interesadas en rutas comerciales entre Rosario y el Mediterráneo. La confusión, sin embargo, sirvió para dar una pátina de legitimidad internacional a una estructura que, según la fiscalía, era considerablemente más oscura de lo que parecía.
En 2004, una polémica asamblea de accionistas marcó otro punto de inflexión en la historia de TPR, cuando la empresa necesitaba capitalización urgente para cumplir con sus obligaciones concesionarias. Ese momento, según la investigación, habría sido clave en la reconfiguración del mapa accionario que hoy está en el centro de la causa penal.
Lo que emerge de esta investigación es el retrato de una empresa portuaria que operó durante más de dos décadas en una zona gris institucional, con cambios permanentes en la titularidad de sus acciones que, según los fiscales, siempre estuvieron en el límite de la legalidad. El puerto de Rosario, uno de los complejos fluviales más importantes de América del Sur y columna vertebral del comercio agroexportador argentino, habría sido usado como escenario para lavar dinero del narcotráfico internacional. La pregunta que queda flotando es cuántos años más tardó el Estado en ver lo que aparentemente estaba a la vista.
Comentarios (15)
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Esto no me sorprende para nada. El puerto de Rosario siempre fue una caja negra. Décadas de concesiones opacas, cambios de accionistas que nadie explicaba, y el Estado mirando para otro lado. Ahora se sorprenden.
¿Y cuántos años estuvo esto a la vista y nadie hizo nada? Pregunta retórica.
Bien por la fiscalía federal. Que sigan tirando del hilo porque esto debe llegar mucho más arriba. Narcotráfico lavando plata en el puerto más importante del país... esto es gravísimo.
Che, pero la hija la excarcelaron. ¿Eso no es raro? Si están todos en la misma causa, ¿por qué a ella la sueltan y al hijo lo meten preso?
El juez habrá evaluado el riesgo de fuga y la participación de cada uno en las maniobras. No todos tienen el mismo grado de responsabilidad dentro de una causa, aunque estén imputados juntos.
Sí, puede ser. Pero con estos apellidos y esta plata, uno desconfía de todo.
Lo de Jordi Pujol no me extraña. La familia Pujol en España ya tenía causas por corrupción. ¿Y encima venían a lavar acá? Argentina como paraíso del lavado, gracias a décadas de Estado que no controló nada.
Pujol, Shanahan, Ferrarons... todos nombres que suenan a mucha guita y cero consecuencias durante años. A ver si esta vez la justicia llega hasta el fondo o se queda en los mandaderos.
Hay que ver qué pasa con la concesión del puerto ahora. Si los accionistas están procesados por lavado, ¿el Estado puede rescindir el contrato? Eso es lo que habría que preguntarse.
Exactamente. El puerto es estratégico para toda la región. No puede seguir en manos de gente investigada por narcotráfico. El gobierno nacional tiene que actuar YA.
Me parece bien que haya prisión preventiva para el hijo. Con la plata que tienen, el riesgo de fuga es altísimo. Tienen conexiones en España, en Cataluña... se van y chau.
Ojo, que prisión preventiva no es condena. Hay que esperar el juicio. Pero sí, los indicios son muy serios y la investigación parece sólida.
y la esposa en domiciliaria jaja qué privilegio. cualquier pibe del barrio por mucho menos está en Piñero.
La domiciliaria para la madre puede tener que ver con la edad o el estado de salud, no necesariamente con privilegios. Igual entiendo la bronca, la desigualdad ante la ley en Argentina es real.
Dos décadas operando así y recién ahora cae. Algo mejoró en la justicia federal o simplemente se les acabó la suerte. Ojalá sea lo primero.