Los números no mienten y tampoco dan mucho margen para el optimismo: casi 6 millones de argentinos están en situación de mora con bancos o fintech, y el gobierno nacional decidió que ya es hora de hacer algo más que esperar que la economía se acomode sola.
Según trascendió, el Poder Ejecutivo está ultimando los detalles de un paquete de nuevas herramientas orientadas a mejorar la cobrabilidad de los préstamos otorgados por el sistema financiero formal, tanto la banca tradicional como las empresas de tecnología financiera que en los últimos años ganaron terreno entre los sectores de menores ingresos.
Hay un dato que el gobierno usa como señal de recuperación: en junio de 2026, los incumplimientos dejaron de crecer por primera vez en un año y medio. Es un freno, sí. Pero un freno no es una solución. La morosidad sigue en niveles que los propios técnicos del sector califican como históricamente altos, y eso tiene consecuencias concretas: menos crédito disponible, tasas más caras y un sistema que se cierra justo cuando más gente lo necesita.
¿Cuánto más puede aguantar el sistema financiero con este nivel de incumplimiento sin que eso se traslade en peores condiciones para los que sí pagan? Esa es la pregunta que circula en los pasillos del Banco Central y en las mesas de los principales bancos privados del país.
Las herramientas que se estudian apuntan a facilitar los procesos de recupero de deuda, agilizar los mecanismos judiciales y extrajudiciales, y posiblemente ampliar el acceso a información crediticia para que las entidades puedan evaluar mejor el riesgo antes de prestar. En el sector financiero rosarino, donde las fintech tienen una penetración importante entre trabajadores informales y jóvenes, el tema genera expectativa pero también cierta desconfianza: más herramientas de cobro pueden significar más presión sobre deudores que ya están al límite.
El contexto importa. La Argentina viene de años de caída del salario real, inflación que erosionó el poder de compra y un mercado laboral que no termina de estabilizarse. Muchos de esos 6 millones de morosos no son deudores crónicos ni estafadores: son personas que tomaron un crédito cuando podían pagarlo y dejaron de poder hacerlo cuando la situación se complicó. Eso no los exime de la deuda, pero sí obliga a pensar con más cuidado qué tipo de herramientas se habilitan y con qué límites.
Desde el sector bancario privado ya hay voces que piden mayor agilidad en los procesos de ejecución de garantías y acceso a registros de bienes más actualizados. Las fintech, por su parte, operan en un segmento donde las garantías son casi inexistentes y el riesgo se gestiona con datos alternativos: historial de pagos de servicios, comportamiento digital, referencias laborales. Para ellas, el problema es diferente y las soluciones también deberían serlo.
Lo que está claro es que el gobierno no puede seguir mirando de costado una situación que afecta a millones de familias y que empieza a poner en tensión la solidez del sistema crediticio. Si las herramientas que se habiliten son inteligentes, pueden ayudar a descomprimir. Si son solo un garrote para apurar a los deudores sin atender las causas del problema, el resultado puede ser peor que la enfermedad.
Comentarios (11)
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Seis millones de personas en mora y la solución es darle más herramientas al banco para cobrarte. Genial. ¿Y las herramientas para que la gente pueda pagar? ¿Esas cuándo llegan?
Exacto Marcelo. Primero te prestan cuando saben que no podés pagar, después te mandan al Veraz. El negocio es ese.
Perdón, pero alguien que toma un crédito tiene la obligación de devolverlo. No todo es culpa del sistema. Hay gente que directamente no quiere pagar.
Valeria, claro que sí, pero cuando la inflación te come el sueldo en tres meses y el crédito que sacaste en cuotas fijas se vuelve impagable, ¿qué hacés? No es tan simple.
Trabajo en una fintech y puedo confirmar que el nivel de morosidad es un problema serio. Pero también es verdad que muchos clientes tomaron créditos sabiendo que no iban a poder pagar. Es complejo de los dos lados.
Que el gobierno se ocupe de que la gente tenga trabajo y salario digno y la morosidad baja sola. Pero eso es más difícil que mandarle un abogado al deudor.
Dato importante que no mencionan: en junio los incumplimientos dejaron de crecer. Eso es una señal, aunque sea pequeña. No todo es catastrófico.
Diego, que dejaron de crecer no significa que bajaron. Seguimos con 6 millones de personas en el horno. Tampoco es para festejar.
Lo que me preocupa es que más herramientas de cobro sin regulación clara puede derivar en abusos. Ya hay fintech que te llaman 20 veces por día si te atrasás un día.
Mi marido quedó en mora por un crédito que sacó cuando laburaba en relación de dependencia. Lo echaron, no pudo pagar. Ahora no le dan ni una tarjeta. El sistema no tiene contemplación.
Desde el punto de vista macroeconómico, reducir la morosidad es necesario para que baje el costo del crédito para todos. Si muchos no pagan, los que pagan subsidian ese riesgo con tasas más altas. Hay que entender eso.