A casi dos semanas de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil en Argentina, el debate llegó con fuerza al Concejo Municipal de Rosario. Este jueves, el cuerpo legislativo local expresó su respaldo a la respuesta que diseñó la provincia de Santa Fe para aplicar de manera inmediata la reforma, aunque la votación dejó en evidencia que no hay consenso total entre los ediles.
La discusión no es menor. Rosario es, desde hace años, una de las ciudades más golpeadas por la violencia protagonizada por menores vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. Cualquier modificación en el régimen penal que regula la responsabilidad de los jóvenes en conflicto con la ley tiene impacto directo en la realidad cotidiana de los barrios de la ciudad.
El nuevo sistema reemplaza al viejo régimen instaurado por la ley 22.278, sancionada en plena dictadura militar y que rigió durante décadas con escasas modificaciones. La reforma, impulsada a nivel nacional, baja la edad de imputabilidad y establece un esquema de responsabilidad penal juvenil con penas diferenciadas según la gravedad del delito y la edad del infractor.
En Santa Fe, la respuesta del gobierno de Maximiliano Pullaro fue la de avanzar rápido. La provincia ya venía trabajando en la adecuación del sistema penal juvenil antes de que la norma nacional entrara en vigencia, y eso le dio cierta ventaja operativa respecto de otros distritos que quedaron a contramano. El Concejo rosarino, al respaldar esa postura provincial, manda una señal política clara: la institucionalidad santafesina va a la vanguardia en la materia.
Sin embargo, la falta de unanimidad en el recinto refleja tensiones que van más allá de lo técnico-jurídico. Sectores del progresismo y de la izquierda cuestionan que bajar la edad de imputabilidad sea una solución real al problema de la violencia juvenil, y advierten sobre los riesgos de criminalizar la pobreza. Del otro lado, concejales del oficialismo y de espacios de centro-derecha sostienen que la reforma era urgente y necesaria, y que Santa Fe no podía darse el lujo de esperar.
El debate en el Concejo también tuvo una dimensión simbólica importante: Rosario es la ciudad que más ha sufrido las consecuencias de tener menores de edad como ejecutores de crímenes vinculados al narco. Los casos de chicos de 14 o 15 años usados como sicarios no son una abstracción en esta ciudad; son una realidad documentada por fiscales, jueces y periodistas. Eso le da a la discusión local una urgencia que no tiene en otros municipios del país.
Desde la Legislatura provincial, en tanto, el tema también está en la agenda. La adecuación del sistema penal juvenil santafesino requiere no solo voluntad política sino también recursos: más jueces especializados, más centros de detención diferenciados para menores, más programas de reinserción. Ahí es donde la pelea con la Nación por fondos y coparticipación vuelve a aparecer como telón de fondo.
El respaldo del Concejo de Rosario, con sus matices y sus votos en contra, cierra una semana en la que el nuevo régimen penal juvenil dominó la agenda política santafesina. Lo que viene ahora es la prueba de fuego: cómo se aplica en la práctica, con qué recursos y con qué resultados concretos en las calles de una ciudad que lleva demasiados años esperando respuestas.
Comentarios (13)
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Ya era hora. En Rosario tenemos pibes de 14 años matando gente por encargo y el viejo sistema no les pasaba nada. Que se hagan cargo de sus actos.
Criminalizar a los pibes pobres no es la solución. ¿Cuántos centros de detención para menores hay en Santa Fe? ¿Cuántos programas de reinserción? Primero construyan eso y después hablen de imputabilidad.
Valeria, con todo respeto, decile eso a las familias de las víctimas. El garantismo fracasó en Rosario, los números están a la vista.
No soy garantista, soy realista. Meter pibes de 14 años en cárceles de adultos los convierte en delincuentes profesionales. ¿Eso querés?
Bien por Pullaro que no esperó. Otras provincias todavía están discutiendo cómo implementarlo y Santa Fe ya está en marcha. Eso se llama gestión.
Roberto, Pullaro viene bien en seguridad, hay que reconocerlo. Ojalá esto también funcione.
Me alegra que el Concejo lo haya respaldado, aunque me preocupa que no fue unánime. ¿Quiénes votaron en contra y por qué? Eso la nota no lo aclara.
La ley 22.278 era de la dictadura, eso ya dice todo. Reformarla era una deuda histórica con la democracia, más allá de que uno acuerde o no con todos los puntos de la nueva norma.
¿Y la plata para implementarlo? Porque si la Nación no manda fondos y la provincia no tiene presupuesto, esto queda en una declaración de buenas intenciones nomás.
Exacto. Necesitamos jueces especializados, centros de detención diferenciados, programas reales. Sin recursos es puro verso electoral.
Vivo en el norte de Rosario y sé lo que es ver chicos de 13, 14 años con armas. Algo había que hacer. Si esta ley ayuda aunque sea un poco, bienvenida sea.
igual los narcos van a seguir usando menores porque saben que la justicia tarda años. esto no cambia nada de fondo
El problema no es solo legal sino estructural. Sin políticas de inclusión en los barrios vulnerables, cualquier reforma penal es un parche. Dicho esto, el parche a veces es necesario mientras se trabaja en lo profundo.