Lo que construyó Mariana Ortigala durante años —vínculos, influencias, propiedades— se derrumbó este viernes en el Centro de Justicia Penal de Rosario. La corredora inmobiliaria, conocida por su cercanía con el jefe narco Ariel 'Guille' Cantero y por haber sido testigo clave en el juicio que terminó con Esteban Alvarado condenado a perpetua, cerró un acuerdo con la Fiscalía: cinco años y cuatro meses de prisión efectiva.
El juez penal Lisandro Artacho convalidó este viernes el acuerdo presentado por los fiscales Juliana González y César Pierantoni, con la defensa del abogado Jesús Romero. A la pena se suma una multa simbólica de 10.000 pesos, cifra que en el contexto del caso resulta casi una ironía: los montos que se manejaron en la causa se cuentan en otra moneda, literalmente.
El primer capítulo de la condena tiene nombre y apellido: Cristian Quinteros, dueño de la cadena de agencias de loterías El Califa. Según la investigación, entre 2021 y 2022 Ortigala y su entonces pareja, Sebastián Felipe, participaron de una serie de aprietes contra el empresario que tenían un objetivo concreto: arrancarle un millón y medio de dólares en concepto de "protección", al más puro estilo de la mafia italiana. Las directivas, según la acusación, llegaban desde adentro: Cantero las impartía desde el pabellón 7 de la cárcel federal de Marcos Paz, usando un teléfono fijo asignado a su nombre y manteniendo comunicaciones frecuentes con Ortigala, quien además lo visitaba en el penal.
Uno de los episodios más concretos ocurrió en el gimnasio La Estación de Fisherton. En marzo de 2021, Felipe se presentó allí y le comunicó el pedido de dinero a Quinteros. Ante la negativa del empresario, la respuesta fue la que suele esperarse en estos casos: disparos y bombas molotov contra los locales de El Califa. Los aprietes quedaron finalmente en grado de tentativa en lo que respecta al reproche penal de Ortigala, pero el daño —material y psicológico— ya estaba hecho. Vale recordar que Cantero ya había acordado siete años de pena por esta misma carpeta judicial.
El segundo capítulo es, si cabe, más oscuro. Ortigala se apropió de un chalet ubicado en calle Alberdi al 1400 de Funes mediante una maniobra de defraudación contra Marcelo 'Tati' Rodríguez, un hombre mayor con graves problemas de salud que murió en noviembre de 2021. La corredora lo había conocido a través de vínculos familiares y comenzó a frecuentarlo, primero en su domicilio y luego en el geriátrico Edad Dorada de Roldán, donde estaba internado. Para la Fiscalía, ese vínculo fue deliberadamente cultivado para ganarse su confianza.
El resultado: Rodríguez firmó documentación vinculada con la supuesta venta del inmueble. En los papeles legales quedó asentado el pago de 2,2 millones de pesos en efectivo por la propiedad. Dinero que, según la investigación, nunca se abonó. La acusación también señala el uso de documentación falsa para lograr que el inmueble quedara inscripto a nombre de Ortigala, quien llegó a vivir en esa casa tras sobrevivir a un ataque a tiros en Roldán en 2020.
¿Cuánto vale la confianza de un anciano enfermo? Para Ortigala, aparentemente, lo que saliera. La maniobra sobre el chalet de Funes es quizás el hecho más revelador de su perfil: no solo operaba en las sombras del narcotráfico, sino que también depredaba a los más vulnerables de su entorno cercano.
Ortigala permanece detenida desde el 11 de septiembre de 2023, cuando fue arrestada en Funes por la entonces Agencia de Control Policial (ACP) a pedido del fiscal Pablo Socca. Con la pena acordada este viernes, el sistema judicial rosarino cierra otro expediente de una trama que sigue siendo mucho más grande que cualquiera de sus partes. Los Monos siguen siendo un árbol con muchas ramas, y Ortigala era una de ellas.
Comentarios (15)
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Cinco años y cuatro meses por extorsión, apropiación de propiedades y vínculos con Los Monos. En cualquier país serio eso serían 15 años mínimo. Acá acordamos todo como si fuera un negocio.
Acordó la pena, o sea que ni siquiera fue a juicio oral. El sistema judicial rosarino es una fábrica de acuerdos. Nadie va preso de verdad.
Lo más triste es lo del anciano de Funes. Ese hombre estaba internado en un geriátrico, enfermo, y ella lo fue a visitar para sacarle la casa. Eso no tiene nombre.
Lo que describe la nota sobre el anciano del geriátrico es un delito de guante blanco clásico. Ganarse la confianza de alguien vulnerable para sacarle lo poco que tiene. Eso merece mucho más que 5 años.
Exactamente Diego. Y lo peor es que el hombre murió en noviembre de 2021 sin recuperar su casa. La familia tampoco vio justicia rápida. Años esperando.
Che, pero hay que reconocer que algo se está haciendo. Hace diez años estos personajes ni llegaban a juicio. Algo avanzó la justicia rosarina, aunque sea lento.
Avanzó? Cantero sigue mandando desde Marcos Paz con teléfono fijo en el pabellón. Eso no es avance, es circo.
No dije que es perfecto, dije que algo avanzó. Antes ni llegaban a estar presos. Ahora al menos hay condenas. Podés ver el vaso medio vacío toda la vida si querés.
Fue testigo estrella contra Alvarado y después resultó ser parte de la misma mugre. Eso dice todo sobre cómo funciona la justicia acá. Usaron a una delincuente para condenar a otro.
El Califa tiene locales en todo Rosario. Imaginate el miedo que vivió ese empresario con disparos y molotov en sus negocios. Y encima la condena es de 5 años. Algo no cierra.
El gimnasio La Estación queda a dos cuadras de mi casa. Cuando me enteré que ahí fue uno de los aprietes me cayó la ficha de todo lo que pasa en el barrio sin que nos demos cuenta.
Ortigala era testigo protegido o algo así? Porque si declaró contra Alvarado y después la condenan a ella, quiero entender cómo funciona eso legalmente.
No era testigo protegida en sentido estricto, era testigo de la acusación. Distinto. Igual el punto es válido: declaró contra uno y resultó ser parte del mismo sistema. La justicia a veces usa herramientas cuestionables.
Un millón y medio de dólares de 'protección'. Eso es lo que pedían. Y nosotros pagando el IOSPER en cuotas. Dos países en uno.
Al menos está presa y condenada. Que cumpla la pena completa y que no salga antes por buena conducta. Eso es lo mínimo que se puede pedir.