Lo que hizo esta mujer durante más de una década en un hospital público de Rosario no tiene nombre fácil. O sí lo tiene, y es uno de los más pesados que puede cargar una persona: le arrancó la identidad a bebés recién nacidos, los separó de sus madres biológicas y los entregó a cambio de dinero. Hoy tiene 88 años, y la violencia-vicaria-en-rosario-burla-a-la-justicia-y-desde-hace-mas-de-un-ano-impi.html" class="auto-link">Justicia federal la alcanzó igual.
La fiscal federal Soledad García, titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, formalizó esta semana la imputación contra la ex partera del Hospital Roque Sáenz Peña por los delitos de supresión y alteración del estado civil e identidad de un menor de diez años y falsedad ideológica de instrumento público. La audiencia se celebró el miércoles ante el juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz.
El caso concreto que motivó la imputación ocurrió en 1970: la acusada habría confeccionado un certificado de nacimiento con datos falsos sobre la filiación de una beba, consignando como padres biológicos a E.A.Q. y A.T.B. —ambos ya fallecidos—, cuando en realidad no lo eran. La niña fue inscripta en el Registro Civil como C.E.M.Q. y vivió décadas sin saber la verdad sobre su origen.
Pero ese no es el único caso. Según la fiscal García, la conducta de la imputada fue sistemática entre 1968 y 1980: "De manera sistemática separaba bebés de sus madres biológicas y los entregaba por dinero. Hay al menos cinco víctimas, todas denunciaron tener suprimida su identidad", afirmó durante la audiencia. La investigación analiza en total seis situaciones, incluyendo el caso que motivó la imputación formal.
Uno de los detalles más estremecedores del expediente es que una de las presuntas víctimas habría sido criada como hija de la propia imputada. Se trata de la mujer identificada por sus iniciales como D.E.V., conocida con el apodo de "Dolly", sobre quien el juez ordenó la extracción compulsiva de ADN para determinar si existe vínculo biológico con la acusada. También se autorizó la extracción de ADN de la imputada, medida que la defensa intentó resistir sin éxito.
La fiscal fue contundente al evaluar la gravedad de lo investigado: "Es un caso gravísimo. Afectó derechos a la identidad y dignidad de esas personas", sostuvo. Y fue más lejos al señalar que la conducta "excede una mera irregularidad administrativa" y que la filiación falsa asentada en documentos públicos "produjo consecuencias jurídicas permanentes que hasta el día de hoy se mantienen inalteradas".
¿Cuántas vidas se torcieron por la codicia de una persona con acceso a un sello y una planilla en blanco? Esa es la pregunta que sobrevuela este expediente y que, con cada nueva víctima que aparece, se vuelve más difícil de responder.
La defensa intentó el camino más previsible: planteó la prescripción de la acción penal. El juez Rodrigues Da Cruz la rechazó de plano. El fundamento es sólido y tiene respaldo en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: se trata de un delito continuado, cuyos efectos persisten mientras las víctimas no recuperen su identidad. En otras palabras, el delito no terminó en 1970 ni en 1980. Sigue ocurriendo hoy, cada vez que alguna de esas personas no sabe quién es.
En las entrevistas y el acompañamiento a las víctimas intervino el Área de Atención a las Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo del fiscal Andrés Montefeltro. Un detalle que no es menor: estas mujeres llegaron a la Justicia después de años, probablemente décadas, de sospechas, preguntas sin respuesta y búsquedas en silencio. Que hoy tengan un espacio de contención institucional es lo mínimo que el Estado puede ofrecerles.
El Hospital Roque Sáenz Peña, donde la imputada trabajó en el área de maternidad, es uno de los efectores públicos históricos de Rosario. Que durante más de una década haya sido el escenario de esta trama —con una partera que usaba su posición de confianza para separar familias a cambio de plata— es una herida que la institución también tendrá que procesar.
La investigación continúa abierta. Hay al menos cinco víctimas más cuyas historias todavía esperan ser esclarecidas. Y una mujer de 88 años que, tarde o temprano, deberá responder por cada una de ellas.
Con información de: El Ciudadano, La Capital.
Comentarios (15)
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Me quedé sin palabras. Una partera, alguien en quien las madres depositan toda su confianza en el momento más vulnerable de su vida, y usaba eso para robarles a sus hijos. Es una traición que no tiene nombre.
88 años y recién ahora la imputan. Ojalá haya justicia, pero me pregunto cuántas víctimas más hay que nunca van a saber la verdad sobre su origen.
Che, la defensa intentando prescripción... ¿en serio? ¿Cómo se te ocurre plantear eso cuando la víctima TODAVÍA no sabe quién es? El juez hizo bien en mandarlo al tacho.
Hay que ser cuidadoso. Es una imputación, no una condena. Que la Justicia haga su trabajo y se pruebe todo en juicio. No me gusta linchar a nadie antes de tiempo, aunque el caso parezca claro.
Con todo respeto Marcelo, hay un certificado de nacimiento con datos falsos firmado por ella. No es que la acusan de algo que dijo alguien. Hay papel.
Sí, entiendo. Pero entre imputación y condena hay un proceso. No digo que sea inocente, digo que hay que respetar las formas. Si no, somos iguales a ella.
Lo de 'Dolly', que puede ser hija de la propia partera... eso es lo que más me perturbó de toda la nota. Imaginate vivir toda tu vida al lado de la persona que te arrancó de tu familia real.
Bien por la fiscal García. Este tipo de causas son larguísimas, difíciles, y nadie te aplaude. Que haya llegado hasta acá con pruebas sólidas dice mucho del trabajo de la Unidad Fiscal.
Y el Hospital Roque Sáenz Peña? Nadie habla de la responsabilidad institucional. Esto pasó durante DOCE AÑOS en el área de maternidad. ¿Nadie vio nada? ¿Nadie sospechó?
Exactamente lo que decís. En esa época los hospitales eran muy jerárquicos, la partera tenía mucho poder en la sala de partos. Pero doce años es demasiado tiempo para que nadie haya notado nada.
Mi vieja parió en el Sáenz Peña en el 74. Me cayó la ficha leyendo esto y la llamé para preguntarle. Me dijo que estaba bien, que ella me crió. Pero qué cosa rara que te genera esta nota...
Ojalá que las víctimas puedan encontrar a sus familias biológicas. Después de décadas buscando respuestas, se merecen saber la verdad. Fuerza para todas ellas.
Lo que me parece clave es el argumento del delito continuado. Si la identidad sigue suprimida hoy, el delito sigue ocurriendo hoy. Jurídicamente impecable el razonamiento del juez.
88 años y todavía tiene que responder ante la justicia. Bien. La edad no te da impunidad.
Soy trabajadora social y casos como este muestran por qué el derecho a la identidad es un derecho humano fundamental. No es un trámite administrativo. Es quién sos. Que esto llegue a juicio oral es fundamental para las víctimas.