Piden juicio a obstetra de 87 años en Rosario por falsificar partidas de bebés

En Rosario, la justicia federal pidió que una obstetra de 87 años enfrente un juicio oral por supuestamente falsificar partidas de nacimiento de dos bebés. La resolución del Juzgado Federal N°3 procesó a la médica sin prisión preventiva y abrió una etapa decisiva en un caso que mezcla supresión de identidad, documentos públicos y una búsqueda de madres biológicas que se extiende por décadas.

La imputada es Olga Concepción Artale de Silva, a quien la justicia le atribuye los delitos de supresión y alteración del estado civil de un menor de diez años, en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público. Según la fiscalía, extendió certificaciones médicas con datos falsos para dar apariencia de legalidad a una filiación que, según las denuncias, no existía.

Las damnificadas son Ana Carolina Alzugaray y Romina Elisabet Lobos. Ambas denunciaron por separado que sabían que no eran hijas biológicas de quienes aparecían como madre y padre en sus partidas. Las causas se unieron porque coincidía la identidad de la obstetra y porque compartían la misma presunta falsedad documental.

Alzugaray creció en Maciel, donde la criaron Clorinda Carolina Ceresole y José Manuel Alzugaray. Según relató, siempre le hicieron saber que no era hija biológica, aunque su partida de nacimiento indicaba lo contrario. La investigación señala que la entrega se produjo en una vivienda de Richieri al 2000, en Rosario, y que el contacto se hizo a través de Susana A., hermana de la imputada.

La búsqueda de Alzugaray lleva 30 años. En ese camino, intentó en varias oportunidades hablar con la obstetra para pedir información sobre su progenitora. Según la causa, la médica le respondió que no recordaba esa historia y que dejara de molestarla. Esa negativa, sumada a la partida de nacimiento, convirtió la incertidumbre en una disputa judicial por la identidad.

Lobos, en tanto, supo ya siendo adulta que no era hija biológica de quienes la criaron como madre y padre: Esther Candusso y José Francisco Lobos. Su partida de nacimiento también aparece con la misma presunta falsedad: la obstetra dio fe de un vínculo biológico que, según la investigación, no existía entre ella y la familia que la adoptó.

La fiscalía, a cargo de Soledad García, con intervención del fiscal coadyuvante Andrés Montefeltro, y la querella, representada por la abogada Julia Giordano, formalizaron el requerimiento de elevación a juicio. El juzgado ratificó la validez de los elementos probatorios reunidos por el Área Investigación y Litigio Casos Complejos, oficina Criminalidad Económica y Trata de Personas.

El tribunal subrayó que la conducta “excede una mera irregularidad administrativa, pues importó la utilización consciente de un documento público para dotar de apariencia de legalidad a una filiación falsa, con aptitud para producir consecuencias jurídicas permanentes”. Esa frase fija el eje: no es un error, sino un acto deliberado sobre la identidad.

La fiscalía y la querella también solicitaron la colaboración de la población para dar con datos que permitan ubicar o identificar a las posibles madres biológicas. Ese pedido amplía el alcance de la investigación: más allá del juicio, el objetivo es restituir una verdad biológica que las víctimas intentan reconstruir desde hace décadas.

El expediente no se vincula con otra causa que tomó estado público la última semana. Esa investigación imputa a una partera de 88 años, identificada como D.E.V. y conocida como “Dolly”, la supresión de identidad de una beba registrada como nacida en 1970. En ese expediente se indaga también sobre otras siete personas nacidas entre 1968 y 1980, período en el cual la imputada trabajó en el Hospital Roque Sáenz Peña.

Con información de: El Ciudadano, fuente principal.