El ministro de Economía Luis Caputo volvió a mover el arco. Lo que en abril era una meta de US$2.000 millones en privatizaciones, hoy ya tiene otro número: US$2.300 millones. El recálculo no es menor, y el combo de activos que el Gobierno pone sobre la mesa tampoco.
Según trascendió desde el equipo económico, los activos en danza incluyen centrales eléctricas, concesiones hidroeléctricas, el sistema de trenes y, el que más ruido genera en el sector público, la privatización de AySA, la empresa que provee agua potable y saneamiento a Buenos Aires y el conurbano. Un paquete que, si se concreta, marcaría uno de los procesos de transferencia al sector privado más ambiciosos desde los años noventa.
¿Por qué sube el número? La respuesta oficial apunta a una revaluación de los activos y a una mayor demanda de inversores privados que, según el Gobierno, están mirando con atención el proceso argentino. Pero hay otra lectura posible: la necesidad de mostrar resultados concretos en un año donde el equilibrio fiscal sigue siendo la carta más fuerte del relato libertario.
El dato no es menor para Santa Fe y para Rosario en particular. Las concesiones hidroeléctricas que están en el paquete incluyen infraestructura crítica sobre el río Paraná, una zona de influencia directa para la región. Cualquier cambio en la gestión de esos activos tiene impacto directo en la generación eléctrica, en las tendencia-na.html" class="auto-link">tarifas y en la logística fluvial que sostiene buena parte de la economía exportadora del centro del país.
El proceso de privatizaciones del gobierno de Javier Milei arrancó con más anuncios que ejecuciones. La ley Bases, aprobada en 2024, habilitó el marco legal para avanzar, pero los tiempos reales fueron más lentos que los prometidos. Ahora, con el recálculo de Caputo, el Gobierno intenta demostrar que el proceso está vivo y que los números crecen, no se achican.
Lo que no queda claro todavía es el cronograma. Privatizar AySA no es lo mismo que vender una central eléctrica: implica negociaciones sindicales, marcos regulatorios complejos y una sensibilidad política enorme, dado que el servicio de agua potable toca directamente la vida cotidiana de millones de personas. Los gremios ya pusieron el grito en el cielo y la resistencia interna dentro del propio Estado no es despreciable.
Caputo juega a mostrar músculo con los números. US$2.300 millones es una cifra que suena bien en los mercados y que refuerza el discurso de achicamiento del Estado. Pero entre el anuncio y la firma del contrato hay un trecho largo, y la historia argentina en materia de privatizaciones —con sus luces y sus sombras— enseña que los diarios de hoy no siempre son los contratos de mañana.
Lo que viene en los próximos meses va a ser determinante. Si el Gobierno logra cerrar aunque sea una parte significativa de este combo antes de fin de año, habrá dado un golpe político y económico de peso. Si los plazos se estiran y los activos quedan en el limbo, el recálculo de hoy se va a convertir en otro número que el tiempo se encargó de desmentir.
Comentarios (13)
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Si privatizan AySA me parece que no entienden nada. El agua no puede ser un negocio. Ya lo vivimos en los 90 y terminó mal. ¿Cuántas veces vamos a cometer el mismo error?
El Estado gestionando el agua tampoco es ninguna garantia. AySA tiene problemas de infraestructura hace años y nadie invierte. A veces el privado hace lo que el Estado no puede o no quiere hacer.
Mariana, el privado invierte donde hay ganancia. En los barrios del conurbano que no son rentables, ¿quién pone la plata? Eso es lo que no te cuentan.
Caputo recalcula todo menos cuándo le va a llegar la plata al bolsillo de la gente. Eso sigue igual.
Lo de las hidroeléctricas sobre el Paraná me preocupa especialmente para la región. Eso no es solo energía, es logística, es exportaciones, es la economía de toda la zona litoral. Ojalá alguien en Santa Fe esté siguiendo esto de cerca.
Exacto Roberto, acá en Rosario nadie habla de esto y es un tema enorme. Los puertos, las barcazas, todo depende de cómo se gestione el río.
Che, 2300 millones de dólares suena impresionante pero hay que ver cuánto de eso se concreta realmente. Con este gobierno los anuncios son una cosa y la realidad otra. Esperemos los contratos firmados.
Privatizar los trenes jajaja. Los trenes que ya no funcionan los van a privatizar para que tampoco funcionen pero con ganancia privada. Genial.
Desde el punto de vista técnico, las concesiones hidroeléctricas tienen sentido si se hacen bien. El Estado argentino históricamente no mantuvo la infraestructura energética. El problema es el marco regulatorio: si no hay un ente de control serio, el privado hace lo que quiere.
Y los gremios? Porque acá hay miles de trabajadores que dependen de estas empresas. Nadie habla de ellos en ningún lado.
Los gremios ya dijeron que van a resistir, lo vi en otro portal. Pero con este gobierno la resistencia gremial no frenó nada hasta ahora. Ojalá me equivoque.
igual si el estado no tiene plata para mantener nada, mejor que lo agarre alguien que sí tenga. no me gusta pero es la realidad
La nota está bien pero le falta el dato de cuándo empiezan los procesos licitatorios. Eso es lo que define si esto es real o solo un número para los mercados.