Lo que empezó como una investigación sobre juego clandestino en Rosario terminó exponiendo algo mucho más grave: una estructura de corrupción enquistada en el propio Ministerio Público de la Acusación. Este miércoles, la Cámara de Apelaciones en lo Penal cerró otra etapa de ese escándalo institucional al confirmar, por mayoría, las condenas al exfiscal regional Patricio Serjal y al exempleado judicial Nelson Ugolini.
El fallo no fue unánime. Los camaristas Carolina Hernández e Ismael Manfrín sostuvieron la sentencia de primera instancia en todos sus términos, mientras que el juez preopinante Javier Beltramone emitió un extenso voto en disidencia que propuso reducir las penas y absolver a ambos imputados por el delito de asociación ilícita. La mayoría se impuso y las condenas quedaron firmes tal como las había dictado el tribunal de origen.
La historia de fondo es conocida pero no por eso menos escandalosa. El empresario del juego Leonardo Peiti —ya condenado mediante juicio abreviado— pagaba entre 4.000 y 5.000 dólares mensuales a Serjal para que su negocio ilegal operara sin sobresaltos. A cambio, el entonces fiscal regional le garantizaba cobertura desde adentro del sistema. Ugolini, por su parte, filtraba información confidencial: búsquedas de CUIJ, alertas sobre futuros allanamientos, datos sensibles que llegaban a la red antes de que la Justicia pudiera actuar. Su pago no era en efectivo sino en beneficios inmobiliarios vinculados a Peiti.
Con la confirmación del fallo, quedan firmes las siguientes responsabilidades: Serjal fue condenado por cohecho pasivo agravado y peculado de servicios —este último por usar el vehículo oficial y viáticos del MPA para viajes privados a Buenos Aires—, además de asociación ilícita en calidad de organizador. Su pena: nueve años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ugolini recibió cinco años por cohecho pasivo simple y asociación ilícita como miembro.
El voto disidente de Beltramone merece atención porque no fue menor. El magistrado argumentó que la acusación presentó una hipótesis «fragmentada» que dejó deliberadamente afuera a la llamada «pata política» de la red, lo que a su criterio debilitaba la figura de asociación ilícita. Bajo el principio in dubio pro reo, propuso absolver a ambos de ese cargo y reducir la pena de Serjal a cuatro años y seis meses y la de Ugolini a tres años y dos meses. También planteó reemplazar las prisiones preventivas por medidas alternativas como arresto domiciliario, prohibición de salida del país y una fianza de cinco millones de pesos. Sus colegas no lo acompañaron.
Más allá de las penas, el tribunal tomó una decisión que puede tener consecuencias institucionales de largo alcance: dispuso remitir copias de las actuaciones a la Fiscalía General, a la Auditoría General del MPA y a la Fiscalía Regional. El objetivo es que se investiguen posibles irregularidades en el manejo de legajos vinculados, entre ellos el caso «Leo Paga» —extorsiones relacionadas con Los Monos— y la inclusión de personas en acuerdos abreviados sin el respaldo formal correspondiente. Es decir: el fallo no cierra el expediente, lo expande.
La sentencia revisada había sido dictada el 7 de noviembre de 2025 por los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese. Las defensas —el Dr. Ignacio Carbone por Serjal, y los Dres. Marcos Cella y Martín Boland por Ugolini— habían recurrido esa condena. El tribunal rechazó por unanimidad todos los planteos de nulidad y mantuvo las prisiones preventivas de ambos hasta que el fallo quede firme.
¿Cuánto daño hizo esta red al sistema judicial rosarino? Es difícil de cuantificar. Lo que sí quedó probado es que durante años el juego clandestino tuvo un escudo dentro del MPA, que los allanamientos se avisaban antes de ejecutarse y que los sobornos se pagaban en dólares con la puntualidad de un sueldo. Que eso haya llegado a condena firme —con nueve años para quien fue fiscal regional— es un dato que el sistema de justicia santafesino necesitaba para recuperar algo de credibilidad. Ahora falta ver qué pasa con la «pata política» que Beltramone mencionó y que, hasta ahora, sigue sin nombre propio en el expediente.
Con información de: El Ciudadano, Rosario3.
Comentarios (14)
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Nueve años para un fiscal que cobró sobornos en dólares para proteger el juego ilegal. Ojalá se cumpla cada día. Esta gente destruyó la confianza en la Justicia rosarina.
Lo que me preocupa es la 'pata política' que mencionó el juez Beltramone y que nadie investiga. ¿Quiénes son los políticos que también estaban en esta red? Eso es lo que se tiene que saber.
Beltramone quería bajarle la pena a 4 años y medio. O sea, con el 2x1 y la buena conducta el tipo estaba en la calle en dos años. Menos mal que los otros dos jueces no lo acompañaron.
Hay que reconocer que el sistema funcionó en este caso. Un fiscal regional condenado a 9 años no es poca cosa. El problema es que tardó años en llegar hasta acá.
Funcionó? En serio? Mientras este tipo cobraba 5000 dólares por mes, cuántos allanamientos se avisaron, cuántas causas se frenaron, cuántos narcos siguieron operando tranquilos? El daño ya está hecho.
No dije que no hubo daño, dije que el sistema terminó condenándolo. Son dos cosas distintas. Si no condenaban a nadie ahí sí era un desastre total.
Abogado acá. El voto de Beltramone tiene argumentos técnicos válidos sobre la asociación ilícita, más allá de lo que uno piense del resultado. El problema es cuando la fragmentación de la acusación parece estratégica para dejar afuera a ciertos actores.
Ugolini avisaba los allanamientos antes de que se hicieran. O sea, la policía iba a buscar algo que ya no estaba. Y este tipo recibió beneficios inmobiliarios. Cinco años me parece poco igual.
Me alegra que hayan mantenido las prisiones preventivas. Con los antecedentes de fuga y de contactos que tiene esta gente, soltarlos con una fianza de 5 millones de pesos hubiera sido una burla.
y la pata politica??? nadie habla de eso, como siempre los peces gordos zafan
Lo que dice el fallo sobre el caso 'Leo Paga' y Los Monos es gravísimo. Están pidiendo que investiguen si hubo irregularidades en cómo se manejaron esas causas. Eso puede abrir un nuevo frente enorme.
Nueve años de inhabilitación perpetua para cargos públicos. Eso es lo más importante para mí. Que no pueda volver jamás a tener poder sobre ninguna causa judicial.
Igual che, cuántos Serjal más habrá que no los agarraron todavía? Este cayó porque alguien habló. Los que no tienen arrepentidos siguen en sus cargos tranquilos.
Exactamente ese es el punto. La Ley del Arrepentido fue clave acá y el tribunal la ratificó como constitucional. Sin esa figura probablemente no había condena.