Lo que pasó este martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario no tiene demasiados antecedentes: un juicio que llevaba siete jornadas de debate se cayó por una recusación que llegó tarde, muy tarde. El imputado es Jonatan Ezequiel "Peco" Almada, de 34 años, sindicado como uno de los cabecillas de la célula de Los Monos que dominó a sangre y fuego los barrios Industrial, Ludueña y Empalme Graneros. Y la pregunta que flota en el ambiente del fuero penal rosarino es incómoda: ¿cómo llegaron hasta acá sin que nadie se diera cuenta?
La situación es la siguiente: la defensa pública de Almada anunció el lunes que iba a recusar a la jueza Lorena Aronne, integrante del tribunal pluripersonal junto con Paola Aguirre y Lisandro Artacho. El argumento fue que Aronne había tomado conocimiento del legajo al haber participado en uno de los juicios abreviados previos por los que ya fueron condenados miembros de la misma célula. Este martes, al inicio de la audiencia, la magistrada se inhibió de continuar. Resultado: todo el proceso se cae y deberá reprogramarse desde cero.
El problema no es solo burocrático. La suspensión implica volver a gestionar sala, personal judicial y, lo más delicado, volver a citar a testigos, policías y peritos que ya declararon. Algunos de esos testigos, en causas vinculadas a Los Monos, no son precisamente personas que disfruten de exponer su identidad en una sala de audiencias. Que tengan que repetir el trámite no es un dato menor.
Pero el verdadero escándalo está en el timing. ¿Cómo es posible que la Oficina de Gestión Judicial, encargada de seleccionar los jueces para cada debate, no advirtiera que Aronne ya había intervenido en el legajo? Y si el error fue de esa oficina, ¿por qué la defensa recién tomó conocimiento de esto en la séptima jornada de un juicio que arrancó con ese tribunal? Son preguntas que el sistema judicial rosarino va a tener que responder, porque el costo —en tiempo, en recursos y en credibilidad— no es menor.
El fiscal Pablo Socca, a cargo de la acusación, había construido un caso sólido. En el legajo ya fueron condenadas 36 personas que integraron la banda, entre ellas cinco expolicías, un dato que habla del nivel de penetración institucional que alcanzó esta organización. Almada, además, ya tiene una condena encima: en septiembre de 2025 aceptó un juicio abreviado en el fuero federal por venta de droga y hoy cumple 6 años de prisión efectiva. Ahora enfrenta un pedido de 40 años de prisión por el juicio que acaba de suspenderse.
La teoría del caso de Socca ubica a "Peco" en una posición jerárquica dentro de una subestructura fundada en julio de 2021 por el recluso de Los Monos Matías César, en coordinación con otros dos internos de la cárcel de Piñero, Andy Benítez y Julián Aguirre. Desde ese rol, según la acusación, Almada participó de "casi todas" las actividades ilícitas investigadas y disputó el territorio a tiros contra la organización rival que respondía a Esteban Lindor Alvarado bajo las órdenes del preso Francisco Riquelme, ya condenado a perpetua este año.
Los hechos que se iban a juzgar son de una brutalidad que no admite eufemismos. Un vecino que se animó a denunciar un búnker en Solís al 300 vio su casa baleada tres veces en diez días en julio de 2021, y en una de esas balaceras resultó gravemente herido. Otro vecino fue extorsionado en mayo de 2022 hasta que firmó el 08 —la cesión del auto— bajo amenaza de muerte: le sacaron un Fiesta One Max gris y 100 mil pesos, y el vehículo apareció en el domicilio familiar de Almada en French al 1300. También se le imputa haber organizado un ataque a tiros el 1° de agosto de 2022 contra una vivienda de San Lorenzo y Felipe Moré, proveyendo el auto al gatillero y supervisando la operación.
Todo ese expediente, construido durante años, con 36 condenados y cinco expolicías presos, ahora espera en un cajón mientras el sistema judicial resuelve cómo rearmar un juicio que no debería haberse caído. El barrio lo sabe. Los testigos lo saben. Y la pregunta que queda en el aire es si alguien va a hacerse cargo del papelón.
Comentarios (13)
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Siete días de juicio, testigos que se expusieron, recursos del Estado gastados... y todo por una recusación que cualquiera con el expediente en la mano podría haber visto venir. Esto no es un error, es una vergüenza institucional.
Y los testigos que tuvieron que ir a declarar contra Los Monos ahora tienen que volver a hacerlo? Eso es ponerles la vida en riesgo dos veces. Increíble.
Yo vivo en Ludueña y sé lo que fue ese tiempo con esta gente. Ver que el juicio se cae por una pavada burocrática da una bronca que no te puedo explicar. Los vecinos somos los que pagamos el costo de todo esto.
Hay que ser justos: si la jueza tenía un impedimento real, es correcto que se aparte. El problema es el timing. Eso habla de una falla grave en la Oficina de Gestión Judicial, no en el sistema en sí.
Che Mansilla, 'falla grave' le decís. Con 36 condenados en el mismo legajo, ¿nadie chequeó si la jueza ya había intervenido? Eso no es una falla, es desidia o algo peor.
No te digo que no, pero tampoco hay que saltar a conclusiones de corrupción sin pruebas. Puede ser pura incompetencia administrativa, que en el Poder Judicial sobra.
La defensa pública se enteró en el séptimo día... ¿o lo sabía antes y esperó el momento justo para tirar la bomba? Eso también habría que investigarlo.
Exactamente lo que decís Tere. Demasiada casualidad que lo anuncien el lunes y lo ejecuten el martes, cuando ya tenían siete jornadas encima. Eso se llama estrategia.
Abogado penalista acá. La recusación tardía es una maniobra defensiva válida si el conocimiento del impedimento fue genuinamente tardío. El problema real es que la OGJ debería tener un sistema que cruce automáticamente los antecedentes de cada juez con cada legajo. Que eso no exista en 2026 es inaceptable.
40 años pedían y ya tiene 6 encima. Este tipo va a estar preso un buen tiempo igual. Pero igual es una vergüenza lo que pasó.
Pienso en el vecino al que le balearon la casa tres veces en diez días y que tuvo que ir a declarar. Que ahora tenga que volver a hacerlo... eso es revictimizarlo. El sistema le falla a la gente de a pie siempre.
Igual che, cinco expolicías ya condenados en el mismo legajo. Eso sí que es la noticia de fondo que nadie habla. La banda tenía cobertura policial y eso quedó probado.
Bien dicho El Tano. 36 condenados, cinco canas entre ellos, y el juicio se cae por un papelón administrativo. Mientras tanto el barrio sigue igual.