Una nueva forma de dependencia financiera se instala entre los trabajadores del delivery en Argentina: las mismas plataformas para las que pedalean o manejan se convirtieron en sus principales acreedoras, con tasas de interés que pueden trepar hasta el 700% anual. El fenómeno crece a ritmo acelerado y ya encendió las alarmas del Banco Central y del sindicato del sector.
Así lo advirtió Belén D'Ambrosio, secretaria general del Sitrarepa (Sindicato de Trabajadores de Plataformas), quien señaló que estos créditos son selectivos: apuntan a quienes acumulan más horas de trabajo en las apps. "Tenemos situaciones de compañeros que extienden su jornada laboral" para poder devolver los préstamos, graficó la dirigente gremial. Y fue más contundente: "Trabajamos entre 10 y 12 horas solo para gastos fijos. La situación es la de una dependencia muy grande hacia las empresas".
El destino más frecuente de esos préstamos es la compra o reparación de bicicletas y motos, los vehículos indispensables para cumplir con los pedidos. La lógica es circular: sin vehículo no hay trabajo, sin trabajo no hay ingresos para devolver el crédito, y sin scoring bancario no hay acceso al sistema financiero tradicional. Ese vacío es el que ocuparon las plataformas.
El propio Banco Central analizó el fenómeno en un informe reciente sobre entidades no bancarias. Bajo el concepto de "economía gig", la autoridad monetaria describió este ecosistema como servicios de corto plazo —cadetería, transporte de pasajeros— caracterizados por flexibilidad horaria, vínculos laborales alejados del contrato tradicional y digitalización de los flujos de dinero. La clave del modelo crediticio está en que los pagos virtuales generan un historial financiero propio: la plataforma evalúa "antigüedad, tasa de aceptación de viajes y calificación de usuarios" para determinar si un repartidor es elegible para un préstamo.
Los números del BCRA son elocuentes: la cantidad de deudores de este tipo creció un 122% en 2025, después de haber registrado una expansión del 177% entre 2023 y 2024. La deuda promedio de los monotributistas que trabajan para estas plataformas se estimó en 900 mil pesos per cápita a fines del año pasado. Para los comercios adheridos, el monto promedio es siete veces superior. Una de las conclusiones del Central fue directa: "Las plataformas están financiando a su propia base de trabajadores".
Pedidos Ya informó que habilitó préstamos a comercios en 2022 y a repartidores en 2024, y que hasta ahora otorgó 57 mil créditos por 84 millones de dólares en total, el 54% de ellos a comercios. Para los repartidores, las líneas son a seis meses y no pueden superar el 30% de sus ingresos. La empresa encuadra la iniciativa como una política de "inclusión financiera". Por su parte, Banco Galicia firmó la semana pasada un convenio con Rappi para ofrecer a repartidores y comercios "soluciones de pago, financiamiento y bancarización", lo que muestra que el sector bancario tradicional también empieza a mirar este nicho.
El argumento de las plataformas es que abren el acceso al crédito a un sector históricamente excluido del sistema bancario. Hay algo de cierto en eso: sin recibo de sueldo en relación de dependencia y sin scoring crediticio convencional, estos trabajadores difícilmente consigan un préstamo en cualquier banco. El problema, según el Sitrarepa, es el costo de ese acceso: tasas que en el peor de los casos equivalen a multiplicar por ocho la deuda original en un año.
D'Ambrosio fue clara en su diagnóstico: "Estos préstamos deberían estar regulados por el Estado". La demanda apunta a que el Banco Central o algún organismo de control establezca topes a las tasas y condiciones mínimas de transparencia para estos productos financieros. El debate de fondo es si la regulación protege al trabajador o si, al encarecer el crédito para las plataformas, termina cerrando una puerta que hoy —con todos sus defectos— está abierta para quienes no tienen otra opción.
Lo que los datos muestran con claridad es que la economía de plataformas ya no es solo un modelo de trabajo: es también un modelo financiero. Y que la relación entre el repartidor y la app se volvió más compleja, y más difícil de romper, de lo que cualquiera imaginaba cuando llegaron las mochilas térmicas.
Comentarios (13)
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700% anual es una locura. Eso no es inclusión financiera, es usura disfrazada de tecnología. Si un banco cobrara eso lo cierran al otro día.
Y sí, pero el banco no les da plata. Entonces qué hacen? Al menos tienen acceso a algo. El problema no es la tasa, es que no tienen otra opción.
Tener acceso a algo que te destruye financieramente no es una solución, es una trampa. No todo acceso es bueno.
Trabajo en fintech y esto es un problema real. Las plataformas tienen toda la información del trabajador y la usan para prestarle plata a tasas que ningún regulador controla. El BCRA tiene que meterse ya.
Regulen las tasas y van a ver cómo dejan de dar créditos. Después los mismos que piden regulación van a llorar porque no consiguen financiamiento. Así funciona el mercado.
Regular no significa prohibir. Significa que no te puedan cobrar 700% anual. En Brasil tienen topes y el crédito fintech sigue existiendo.
Mi cuñado reparte para Pedidos Ya y me contó que pidió un préstamo para arreglar la moto. Tardó cuatro meses en pagarlo y terminó debiendo casi el doble. Eso no es inclusión, es esclavitud moderna.
Igual algo de culpa tienen ellos por firmar sin leer las condiciones. Nadie los obliga.
Claro, cuando necesitás comer y la moto no arranca no te ponés a analizar la TNA. Fácil decirlo desde afuera.
Lo que me parece grave es que la plataforma te mide por cuántos viajes aceptás para darte el crédito. O sea, te presionan a trabajar más para ser elegible y después te endeudás para seguir trabajando. Es un círculo vicioso perfecto.
El convenio de Galicia con Rappi me parece interesante. Si entra la banca tradicional con tasas más razonables, algo de competencia puede bajar el costo del crédito para los repartidores.
yo reparto hace 2 años y nunca pedi prestamo a la app, siempre desconfie. los que conozco que lo hicieron estan todos en el horno
El BCRA ya tiene el informe, ya sabe lo que pasa. Ahora falta que alguien tome una decisión. Pero claro, regular a las plataformas es complicado políticamente.