El martes, los Tribunales provinciales de Rosario volvieron a poner en la calle una pregunta que la comunidad de Carcarañá no quiere escuchar: ¿quién responde por la muerte del policía Eduardo Damián López? La respuesta judicial fue clara: Agustín Amarilla quedó detenido de nuevo.
El camarista Miguel Moreno revocó la libertad que le habían otorgado en septiembre, después de que el fiscal Juan Pablo Baños apelara la decisión. Amarilla era uno de los dos imputados por el asesinato del uniformado, ocurrido el 28 de junio al término de la final de la Liga Cañadense.
La excarcelación había llegado con reglas de conducta: prohibición de salir de Carcarañá, salvo para firmar ante la Oficina de Gestión Judicial, y el pago de una fianza de 2 millones de pesos. La apelación del fiscal terminó con ese régimen y dejó a Amarilla de nuevo detenido, en una causa que sigue con la mirada de la comunidad.
El otro coimputado, Julio César Zalazar, sigue preso. Según la acusación fiscal, ambos habrían actuado en Cremería de Carcarañá, donde se jugó la final entre el local y Sportivo Las Parejas. El partido terminó con el equipo visitante campeón, pero la noche se volvió una escena de violencia que nadie en la ciudad puede borrar de la memoria.
Tras el final del partido, un grupo de entre 15 y 20 simpatizantes del equipo local comenzó a atacar con piedras, gomeras y elementos contundentes al personal policial apostado en el predio. La situación escaló cuando decenas de hinchas saltaron el tejido perimetral y rodearon a los uniformados, que quedaron superados en número y desprotegidos.
En medio de esa escena, López fue atacado por la espalda y recibió un puntazo con una barra de hierro de construcción. La versión de la Fiscalía sostiene que Zalazar tomó el fierro y lo clavó en la parte inferior izquierda del cráneo del policía. Después, otro hombre, que para la Fiscalía sería Amarilla, empujó la barra para profundizar la lesión.
El policía cayó al suelo y comenzó a convulsionar. Fue trasladado primero al Samco de Carcarañá y luego al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde murió al día siguiente. La muerte de López dejó una herida abierta en la comunidad: no solo por la pérdida de un uniformado, sino por la sensación de que la violencia en el fútbol puede llegar a matar.
La hipótesis fiscal no se agota en dos nombres. La investigación apunta a que la agresión fue ejecutada por un grupo y que hubo más personas involucradas. Por eso, el Ministerio Público de la Acusación elevó a 25 millones de pesos la recompensa para quienes aporten información que permita identificar a otros integrantes de la horda que atacó a López.
Hasta ahora, no trascendieron avances significativos en la identificación de otros atacantes. El pedido de colaboración apunta especialmente a quienes estuvieron en el lugar y puedan aportar datos sobre la secuencia del ataque. La redetención de Amarilla no cierra la causa: la deja en un punto más tenso, con la prisión recuperada y la pregunta todavía abierta.
Comentarios (10)
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Que vuelvan a detener a Amarilla es un alivio, pero la pregunta sigue: ¿dónde estaban los otros hinchas que empujaron la barra?
En Carcarañá todavía se habla de esa noche. No se puede seguir permitiendo que un partido termine con un policía muerto.
La recompensa de 25 millones es necesaria, pero también hay que investigar si hubo encubrimiento en el predio.
No todo el mundo que estaba ahí es culpable, pero si alguien vio algo y no dijo nada, también tiene una responsabilidad moral.
Con todo respeto, no se puede hablar de encubrimiento sin pruebas. Lo que sí está claro es que la violencia en el fútbol tiene que terminar.
Justo, Diego. La causa tiene que seguir, pero no podemos convertir a todos los que estaban en el predio en sospechosos.
Lo que más me indigna es que el policía quedó desprotegido. Si la seguridad no alcanza, la culpa no es solo de los hinchas.
Que Zalazar siga preso y Amarilla vuelva a la cárcel muestra que la justicia corrigió un error, pero todavía falta identificar al grupo completo.
25 millones no alcanzan si la gente tiene miedo de hablar. Hay que garantizar protección a los testigos.
Coincido con El Pipa. En pueblos chicos, denunciar puede ser más difícil de lo que se cree.