El timing no es casual. Mientras en el Congreso Nacional se debate si se prorroga la emergencia nacional en discapacidad hasta finales de 2027, el Gobierno publicó este viernes en el Boletín Oficial una actualización de los aranceles que cobran las prestadoras del sistema. Sube 1,70%, igual que el IPC de agosto. Ni un punto más, ni uno menos.
La medida, instrumentada a través de la Resolución 3487/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, alcanza sin distinción a todas las categorías del nomenclador: prestaciones educativas, de rehabilitación, transporte y alimentación. La lógica es la misma de siempre: el índice de precios manda, y el sistema acompaña. O intenta acompañar.
Entre los valores concretos que fija la resolución para septiembre de 2026, se destacan el módulo de rehabilitación con internación, que quedó en $5.982.158,61, y el módulo integral intensivo, que pasó a $183.890,72. Para el transporte, el valor fijado es de $915,31 por kilómetro, mientras que el módulo de alimentación quedó en $5.015,63. Además, se mantiene un adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias patagónicas.
El mes anterior, agosto, la actualización había sido del 2,10%, también calculada sobre el IPC. La tendencia a la baja en el porcentaje de ajuste refleja la desaceleración inflacionaria que viene registrando el país, aunque para las familias que dependen de estas prestaciones cada décima de diferencia se siente en el bolsillo.
¿Alcanza con atarle el aumento al IPC? Esa es la pregunta que nadie termina de responder con honestidad. La propia Ley 27.793, sancionada en 2025, prevé que se realice un estudio anual de costos de cada prestación, precisamente porque el índice de precios al consumidor no siempre captura todos los componentes del costo real de un servicio de salud o educación especializada. Ese estudio existe en la letra de la ley; en la práctica, su implementación efectiva sigue siendo una deuda pendiente.
En paralelo, la Cámara de Diputados comenzó esta semana el tratamiento de un proyecto para prorrogar la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. La discusión no es menor: define el marco legal bajo el cual funcionará todo el sistema de prestaciones el año que viene, incluyendo el esquema de aranceles y las obligaciones de las obras sociales, prepagas y el Estado.
La legislación vigente establece que los valores deben ser iguales para todas las personas jurídicas obligadas por la Ley 24.901, lo que en teoría elimina las diferencias entre lo que paga una obra social y lo que paga otra. En la práctica, las prestadoras de todo el país, incluyendo las de la región de Rosario y Santa Fe, siguen reportando demoras en los pagos y valores que no cubren los costos operativos reales.
El sistema de discapacidad en Argentina es uno de los más complejos y sensibles del entramado social. Involucra a cientos de miles de familias, a prestadoras que van desde grandes instituciones hasta profesionales independientes, y a un Estado que debe garantizar derechos mientras administra una economía que todavía no termina de estabilizarse. Actualizar por IPC es lo mínimo. El debate de fondo, el que se está dando en el Congreso, es si ese mínimo alcanza para sostener un sistema que no puede darse el lujo de colapsar.
Comentarios (14)
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1,70% cuando los insumos de rehabilitación aumentaron más del 5% en agosto. Mi hijo necesita fonoaudiología tres veces por semana y cada mes la prestadora amenaza con suspender el servicio porque no les alcanza. Esto es una burla.
Al menos actualizan, en el gobierno anterior había meses que no salía la resolución y las prestadoras trabajaban sin saber cuánto iban a cobrar. Esto es un avance, aunque insuficiente.
Martín, 'al menos actualizan' no es un logro, es la obligación mínima que marca la ley. Con ese criterio aplaudimos que el semáforo funcione.
No dije que es un logro, dije que es un avance respecto a lo que había. Podés estar en desacuerdo sin distorsionar lo que escribí.
El estudio anual de costos que dice la ley NUNCA se hizo. Eso es lo que nadie dice. Actualizan por IPC pero nadie sabe si el IPC refleja lo que cuesta realmente atender a una persona con discapacidad severa.
Trabajo en una institución de educación especial en Rosario y puedo confirmar lo que dice el comentario anterior. Los costos de personal, alquiler y materiales no siguen el IPC general. Necesitamos el estudio de costos, no solo el índice.
Y mientras tanto en Diputados debaten si prorrogan la emergencia o no, como si hubiera alguna duda de que el sistema necesita ese marco legal. La política jugando con los más vulnerables.
Mi mamá tiene 68 años y discapacidad motriz. Cada vez que hay una actualización tengo que llamar a la obra social para que la apliquen, porque no lo hacen solos. El sistema funciona para los que tienen tiempo y energía de pelear. Los demás quedan afuera.
Habría que ver cuántas prestadoras de Santa Fe están en condiciones de seguir operando con estos valores. Conozco varias que están al límite. Si cierran, ¿quién absorbe a los pacientes?
Igual hay que reconocer que el adicional del 20% para la Patagonia existe hace años y nunca se discutió algo similar para el norte del país, donde los costos de traslado también son altísimos. Doble vara.
La nota dice que el mes anterior fue 2,10% y este mes 1,70%. Si la inflación baja, el ajuste baja. Eso es lo que acordaron cuando hicieron la ley. El problema es si el IPC es el índice correcto para este sector, que es otra discusión.
Ojalá en el Congreso aprueben la prórroga rápido y no lo conviertan en moneda de cambio político. Las familias no pueden esperar a que los diputados terminen de negociar.
Che, alguien sabe si el módulo de transporte de $915 por km aplica también para traslados dentro de Rosario o solo para larga distancia? Pregunto porque tengo un familiar que va a rehabilitación tres veces por semana.
El módulo de transporte aplica para todos los traslados habilitados en el nomenclador, incluyendo los urbanos. Pero ojo, no todas las obras sociales lo reconocen sin pelear. Documentá todo.