El Senado de la Nación tiene previsto sesionar este jueves al mediodía para votar uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno de Javier Milei en materia de derechos reales: la denominada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Entre sus puntos más polémicos figura la eliminación de las restricciones vigentes para que extranjeros adquieran tierras rurales en territorio argentino.
La iniciativa llega al recinto después de dos postergaciones consecutivas. Primero se cayó el 3 de junio por diferencias internas sobre los topes a la compra de tierras; luego, el 25 de junio, la sesión no llegó a realizarse por falta de quórum. Ahora, la bancada de La Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich en la Cámara alta, apunta a cerrarlo junto con la aprobación de una treintena de pliegos judiciales.
El proyecto deroga los límites cuantitativos que hoy impone la Ley de Tierras sancionada en 2011 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que restringía al 15% del territorio nacional la superficie que podía estar en manos extranjeras. En su reemplazo, el nuevo esquema delega en las provincias la potestad de autorizar o rechazar cada operación de venta a no residentes, respetando la jurisdicción constitucional de cada distrito.
Sin embargo, el texto establece una distinción clave para las zonas de frontera: allí, cualquier compra por parte de un extranjero requerirá el doble aval del gobierno provincial y del Poder Ejecutivo Nacional. Además, se prohíbe expresamente la adquisición de tierras rurales por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal foránea, salvo autorización expresa de ambas instancias. Un detalle relevante: si transcurren 180 días sin objeción de ninguna de las dos jurisdicciones, operará el silencio administrativo y el comprador quedará reconocido como propietario de pleno derecho.
El proyecto sufrió modificaciones sustanciales respecto de su versión original. El capítulo referido a la ley de barrios populares fue directamente derogado del texto luego de que el Gobierno advirtiera que su redacción inicial podía desencadenar una ola de desalojos masivos. La Iglesia Católica también expresó críticas públicas al proyecto en su conjunto, lo que generó presión adicional sobre los legisladores dialoguistas.
Más allá de la cuestión de las tierras, la norma introduce cambios profundos en el régimen de desalojos y locaciones. Se crea un mecanismo de desalojo exprés para inmuebles usurpados o en tenencia precaria: el juez podrá intimar la devolución del bien en un plazo de 72 horas si el propietario acredita su titularidad con documentación y presta caución juratoria. Para inquilinos morosos, el procedimiento prevé una notificación fehaciente —por carta documento o correo electrónico— con un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar la deuda; si el incumplimiento persiste, el desalojo puede ejecutarse en 10 días hábiles.
El texto también regula situaciones de vulnerabilidad: cuando haya menores o adultos en situación de desamparo, el juez deberá dar intervención obligatoria a los organismos de protección locales y al Ministerio Público Tutelar, con un plazo máximo de 10 días para garantizar una alternativa habitacional transitoria antes de concretar el desalojo.
Desde una perspectiva pro-mercado, la eliminación de los topes a la compra de tierras apunta a atraer inversión extranjera directa al sector agropecuario, históricamente trabado por una regulación que muchos economistas consideraban un desincentivo sin correlato en la seguridad nacional real. La Argentina posee una de las reservas de tierra cultivable más extensas del mundo, y la restricción vigente era vista como una anomalía frente a países comparables de la región. El desafío político, sin embargo, sigue siendo conseguir los votos necesarios para que la sesión no vuelva a caerse.
Comentarios (15)
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Por fin alguien se anima a tocar la ley de tierras. Esa norma del kirchnerismo espantó inversiones durante años. Si un extranjero quiere poner plata en el campo argentino, bienvenido sea, eso genera trabajo y divisas.
¿Bienvenido? ¿Y cuando nos quedamos sin soberanía territorial? Esto es vender el país a precio de remate. Sturzenegger desregula todo menos el sentido común.
La soberanía no se pierde porque un privado extranjero tenga un campo. Se pierde cuando el Estado no puede pagar la deuda ni garantizar seguridad. Eso sí pasó durante décadas.
Me preocupa más la parte de los desalojos. Tengo una hija que alquila en Rosario y con esta ley en 10 días la pueden poner en la calle. ¿Dónde va a ir con dos chicos?
Graciela, el proyecto dice que si hay menores el juez tiene que garantizar una alternativa habitacional antes del desalojo. No es tan así como lo pintás.
Sí, 10 días para conseguir vivienda con dos nenes. Muy tranquilizador, gracias.
Lo que nadie dice es que la ley de 2011 tampoco funcionó. Los grandes terratenientes extranjeros igual compraban a través de sociedades argentinas. Al menos ahora hay transparencia y control provincial.
Transparencia le llaman a vender la Patagonia. Joya.
El punto del silencio administrativo a los 180 días me parece un riesgo enorme. ¿Y si la provincia no tiene capacidad burocrática para responder a tiempo? Quedás propietario por default. Eso necesita más debate.
Coincido con Valeria. El silencio administrativo puede ser una herramienta útil para agilizar trámites, pero en algo tan sensible como la tierra rural hay que tener más cuidado. No es lo mismo que aprobar una habilitación comercial.
Dos veces se cayó la sesión. Apuesto a que esta semana tampoco llegan al quórum. La política argentina es siempre lo mismo.
Milei prometio desregular todo y aca esta cumpliendo. Guste o no guste esto es lo que voto la gente.
La Iglesia criticó el proyecto y me parece que hay que escucharlos. Cuando los curas dicen que algo puede perjudicar a los más vulnerables, algo de razón tienen.
Que la Iglesia opine de política económica me parece lo menos indicado. Que se ocupen de sus cosas.
Lo del desalojo exprés era necesario. Hay propietarios en Rosario que llevan años sin poder recuperar sus inmuebles por la lentitud judicial. Eso también es una injusticia.