El 5 de septiembre entrará en vigencia en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil, aprobado por el Congreso el 27 de febrero de 2026, que habilita a juzgar penalmente a adolescentes desde los 14 años. Pero para el juez penal juvenil rosarino Alejandro Cardinale, la reforma llega sin las condiciones mínimas para funcionar, y su efecto sobre la seguridad-para-los-partidos-de-copa-libertadores-y-la-c.html" class="auto-link">seguridad ciudadana será prácticamente nulo.
En una entrevista con el periodista Pablo Motto en el programa El Contestador de Radio 2, Cardinale fue contundente: "La baja de punibilidad no tiene ninguna incidencia en la seguridad ciudadana, en la criminalidad". El magistrado, con más de 25 años de experiencia en el fuero penal juvenil, utilizó la expresión "terraplanismo punitivista" para describir a quienes sostienen que reducir la edad de imputabilidad puede resolver los problemas de inseguridad, equiparando esa creencia con una negación de la evidencia.
El argumento central de Cardinale apunta a los datos: la conducta delictiva en la franja de 14 a 16 años tiene una incidencia menor en el total del crimen, y el propio juez vinculó su posición con la realidad de Rosario, donde la tasa de homicidios dolosos disminuyó en los últimos tiempos sin que mediara ninguna modificación legislativa en materia penal juvenil. Para Cardinale, ese dato desmonta la lógica que asocia automáticamente más punición con más seguridad.
Pero el cuestionamiento del magistrado no se limita a la efectividad de la medida, sino también a su implementación. Según explicó, el período entre la aprobación de la ley y su entrada en vigencia existía precisamente para que el Estado —nacional y provincial— generara las instituciones, recursos y equipos profesionales necesarios para acompañar a los adolescentes alcanzados por el nuevo régimen. "La baja de la edad de punibilidad era lo más fácil para hacer y se hubiese implementado de un día para el otro", señaló, y aclaró que justamente por eso el Congreso fijó fondos que la Nación debía transferir a las provincias para financiar esa infraestructura.
El problema, según Cardinale, es que esa ventana de tiempo no fue aprovechada. "Esa ventana implicaba plata, generar instituciones, poner profesionales que no son abogados o abogadas ahí al lado de la situación del pibe", explicó. Sin psicólogos, trabajadores sociales y otros especialistas integrados al sistema, el nuevo régimen quedará reducido a "un derecho penal chiquitito", advirtió. Ante la consulta sobre si la baja de punibilidad podría aplicarse mientras esos instrumentos se incorporan de forma progresiva, el juez fue categórico: "Lo único que va a operar entonces plenamente es la baja de la punibilidad. Todo lo demás, veremos".
El magistrado también rechazó la idea de aplicar una respuesta estatal idéntica a adolescentes y adultos. Aclaró que el régimen anterior no implicaba que un joven de 14 años "no entiende" lo que hace, sino que fijaba un límite a la respuesta punitiva del Estado, reconociendo que los adolescentes requieren un abordaje diferenciado que también forma parte de las políticas de protección de niñas, niños y adolescentes.
En ese marco, Cardinale subrayó que proteger las garantías de los adolescentes en un proceso penal no se contrapone con los derechos de las víctimas. Desde su experiencia, muchas víctimas buscan respuestas que van más allá de la prisión: quieren saber los motivos del hecho o recibir otro tipo de intervención del Estado. Una perspectiva que el sistema puramente punitivo difícilmente puede ofrecer.
El juez reconoció que la reforma del régimen penal juvenil era "una de las deudas de la democracia" y que el sistema vigente debía ser modificado. Sin embargo, cuestionó la forma en que el Congreso encaró esa modificación este año, priorizando la baja de la edad por sobre la construcción del andamiaje institucional que el nuevo sistema requiere. Una crítica que, en el fondo, apunta a algo que debería ser elemental en cualquier política pública: cambiar la ley sin los recursos para aplicarla no es reforma, es escenografía.
Comentarios (13)
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El juez tiene razón en algo: si no hay recursos ni instituciones, la ley queda en el papel. Pero eso no significa que la reforma sea mala, significa que el Estado tiene que ponerse a trabajar de una vez.
Terraplanismo punitivista jajaja, qué buena la frase. Exactamente eso es lo que venden los políticos cada vez que hay un crimen: más cárcel, más cárcel, y el problema sigue igual.
Muy fácil hablar así desde un despacho. A ver si este juez va a vivir a los barrios donde los pibes de 14 años salen a robar con armas. Ahí cambia la perspectiva.
Coincido con Marcela. El juez habla de estadísticas pero las víctimas son personas reales. Que un pibe de 14 años no tenga consecuencias penales es un disparate.
Nadie dice que no haya consecuencias, el propio juez aclara eso. El punto es que meter a un chico de 14 en el sistema penal adulto no lo rehabilita, lo destruye. Eso también tiene un costo para la sociedad.
Lo que más me preocupa es lo que dice sobre la plata. El Congreso aprobó fondos para las provincias y nadie habla de si esa plata llegó o no. Eso es lo que habría que investigar.
25 años de juez penal juvenil y recién ahora sale a decir que falta infraestructura. ¿Y en todo ese tiempo no lo planteó antes? Conveniente el timing.
Estuvo planteándolo hace años, el problema es que los medios solo lo llaman cuando hay una ley nueva. No es culpa del juez que no lo escucharan antes.
La tasa de homicidios bajó en Rosario sin cambiar la ley penal juvenil. Ese dato solo ya debería cerrar el debate para los que creen que esto va a solucionar algo.
Ojalá que al menos sirva para los casos más graves. Que un menor de 15 años que comete un homicidio no tenga ninguna respuesta penal también es una injusticia para la familia de la víctima.
El problema de fondo es que nadie invierte en prevención. Ni Nación ni Provincia. Es más fácil bajar la edad de punibilidad y decir que se hizo algo que construir centros de contención, escuelas, trabajo para los pibes.
Justo ahora que en Rosario la cosa estaba mejorando un poco, vienen con una ley a medias que puede generar más caos en el sistema judicial. Esperemos que no.