La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación recibió este miércoles al ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, quien expuso en favor de un proyecto de ley que busca ampliar las competencias provinciales en la persecución del narcomenudeo y el microtráfico. La iniciativa fue impulsada por la diputada nacional santafesina Gisela Scaglia y contó con la presencia del también diputado provincial Pablo Farías.
El proyecto apunta a dotar a las provincias que decidan adherir de nuevas herramientas legales para intervenir en casos vinculados al microtráfico que hoy pueden quedar bajo la órbita de la Justicia Federal, generando una zona gris jurisdiccional que, según los impulsores de la norma, debilita las investigaciones y fragmenta la respuesta del Estado.
Cococcioni fue contundente al presentar el diagnóstico: "La venta barrial de estupefacientes está ligada en muchos casos a los homicidios, a la circulación de armas de fuego y al desempeño de bandas criminales que se disputan territorio". El ministro, quien forma parte del equipo de seguridad del gobernador Maximiliano Pullaro, subrayó que el microtráfico fue incorporado como herramienta central dentro del plan de seguridad provincial.
El argumento técnico central del proyecto gira en torno a la pérdida de integralidad investigativa cuando una causa migra de la Justicia provincial a la Federal. "Cuando por alguna cuestión técnica una causa pasa a la Justicia Federal, se pierde la integralidad de esa investigación y perdemos la oportunidad de tener una herramienta para pacificar", explicó Cococcioni ante los legisladores. En la práctica, esto significa que una investigación que venía construyendo un mapa criminal completo puede quedar trunca o desconectada de su contexto local.
El funcionario también aportó datos concretos sobre el impacto de la política de seguridad en Rosario: "Haber podido reducir dos tercios de la violencia y los homicidios en la ciudad tiene que ver directamente con la posibilidad de perseguir el microtráfico a nivel local". La ciudad, que entre 2022 y 2023 registró tasas de homicidio que la ubicaban entre las más violentas del país, viene mostrando una tendencia a la baja sostenida desde la implementación del plan Pullaro.
Por su parte, Scaglia fue clara sobre el alcance y el espíritu del proyecto: "Tiene como objetivo aumentar las competencias de una provincia en materia de estupefacientes, sobre todo en la ley de microtráfico". La diputada subrayó que la adhesión no será obligatoria para ninguna provincia, sino una herramienta optativa que cada jurisdicción podrá adoptar según su realidad y capacidad institucional.
"Necesitamos esta ley para poder hacernos cargo", sintetizó Scaglia, quien también remarcó que la iniciativa permitiría avanzar sobre casos que hoy terminan en un vacío jurisdiccional. La diputada, con trayectoria en el radicalismo santafesino y vinculada al espacio político de Pullaro, viene impulsando esta agenda desde la Cámara baja con el respaldo explícito del Ejecutivo provincial.
La propuesta llega en un contexto en que el debate sobre la descentralización de competencias penales gana terreno en el Congreso. Varias provincias con alta conflictividad vinculada al narcotráfico —entre ellas Córdoba y Buenos Aires— han manifestado interés en ampliar su margen de acción sin depender de la Justicia Federal, históricamente más lenta y con recursos más concentrados en el área metropolitana. "Esperamos que sea ley", cerró Scaglia, dejando en claro que la pelea legislativa recién comienza.
Comentarios (13)
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Era hora de que Santa Fe deje de depender de la Justicia Federal para esto. Cuántas veces vimos cómo una causa se caía porque pasaba de una jurisdicción a otra y nadie se hacía cargo. Si la baja de homicidios en Rosario es real, hay que darles las herramientas para que sigan.
¿Dos tercios menos de homicidios? ¿Alguien le cree eso? Vivo en Rosario y sigo escuchando tiros. Los números del gobierno siempre son mágicos.
Los datos de reducción de homicidios están publicados por el Observatorio de Seguridad de la provincia y también los verificó La Nación. No son inventados. Podés no estar de acuerdo con la política pero los números son los números.
Sí, claro, el observatorio del gobierno certifica los datos del gobierno. Muy independiente todo.
Más allá de la discusión política, lo que dice Cococcioni tiene lógica: si una investigación pasa a Federal se pierde todo el contexto barrial que construyó la policía provincial. Eso lo sabe cualquiera que haya seguido un caso judicial.
Me preocupa que le den más poder a la policía provincial sin los controles adecuados. Santa Fe tiene antecedentes de complicidad policial con el narcotráfico. ¿Quién controla a los que controlan?
Totalmente de acuerdo con Roberto. Más competencias sin más transparencia es una receta para el desastre. Que primero limpien la fuerza y después pidan más poder.
Scaglia viene laburando este tema hace rato, hay que reconocerlo. No es una ley que inventaron de un día para el otro. Ojalá salga porque en los barrios la venta de droga sigue siendo el motor de todo lo demás.
Lo que me parece clave es que sea optativo para las provincias. Así cada una evalúa si tiene la capacidad institucional para hacerse cargo. No todas tienen el mismo nivel de desarrollo judicial.
Ojalá esto llegue a ser ley antes de que cambien tres gobiernos. En el Congreso argentino las cosas buenas tardan años y las malas salen en 48 horas.
Apoyo la iniciativa pero me gustaría ver también inversión en prevención, en educación en los barrios. La persecución penal sola no alcanza. Hay que atacar las causas.
En mi barrio el transa sigue laburando tranquilo. Federal o provincial, da lo mismo si no hay voluntad política real de meterle mano.
Negro, el punto es justamente ese: con esta ley la provincia PUEDE actuar sin esperar que Federal le dé el visto bueno. Hoy si Federal no quiere moverse, la provincia tiene las manos atadas.